Editorial
Positivos resultados en lo económico obtuvo la Universidad de Chile durante el año 2002. Más de $159 mil millones de ingresos operacionales obtenidos en el año 2002 representan un 16,4% de aumento real respecto del año 2001. Un antecedente relevante en este aspecto es que este aumento se explica por una importante venta de bienes y servicios, la cual creció en más de 40% entre los años 2001 y 2002. Este hecho pone de manifiesto que el presupuesto ha tenido una expansión progresiva por el lado de los ingresos propios de la Corporación, es decir recursos obtenidos vía venta de servicios, convenios, proyectos de investigación y aranceles. Los aportes directos del Estado entre los años 2001 y 2002 crecieron en un modesto 2%. Es decir, mientras los ingresos propios han subido en modo significativo, el aporte del Estado cada año va experimentando una sistemática reducción en la participación. De hecho, el aporte directo del Estado al presupuesto durante el año 2002 alcanzó sólo un 23% del mismo.
Lo que para una empresa privada sería un gran logro de gestión se transforma para la Universidad en un debilitamiento de su misión principal, cual es atender problemas nacionales para buscar soluciones de país por medio del vital aporte del Estado. En lugar de enfatizar esto último, la institución debe buscar recursos vía venta de servicios. La subsistencia de corto plazo lleva, aparejada el debilitamiento del trabajo institucional en su esencia. Todo ello conlleva, además, un sistema de control de gestión que responde a un pasado en que casi la totalidad de los recursos provenían de fuentes fiscales, así enfrentado a nuestros organismos a controles que responden a lógicas distintas de financiamiento. Por otro lado, muchos errores de procedimiento tienen su origen en procesos que requieren tiempos de respuesta distintos, y una dinámica distinta al tenerse que tratarse con “clientes” y no meramente con ciudadanos que requieren de la Universidad y sus servicios. Entre otras distorsiones está el hecho de que académicos y funcionarios tengan derecho a desarrollar sus capacidades profesionales, distintas a las de investigación, docencia y extensión, a través de convenios de honorarios legítimos y pertinentes a las tareas encomendadas por entes externos, incluyendo proyectos concursables en muchos casos. Pero esto también puede ser cuestionado sobre la base de los criterios tradicionales de financiamiento de la institución, que ya no es más dependiente de la sola remuneración fiscal. Por ello, se hace urgente no sólo pensar en readecuar la normativa que se aplica, sino que volver a un financiamiento sustancial por parte del Estado, para que esta Universidad cumpla adecuadamente su rol, y no tenga nunca más que envolverse en disputas relativas a las formas de financiamiento que se le han impuesto.
Las recientes situaciones que afectan a algunas Facultades de la Universidad se derivan en lo fundamental del quehacer generador de ingresos que la institución ha debido asumir para su subsistencia. No cabe duda que todas las denuncias deben ser investigadas, y que las lecciones deben ser aprendidas en torno a la correcta implementación de las normas vigentes. Pero es indispensable que se revisen las mismas y, por sobre todo, que se determine de una vez si la Universidad de Chile debe ser autofinanciada o si, mas bien, en el cumplimiento de su misión institucional, debe contar con un respaldo efectivo del Estado para facilitar el desempeño de su trabajo para el país.
