Prof. Dr. Giorgio Solimano.

En salud no hay igualdad. Tenemos una salud para ricos y otra para pobres. Mientras en comunas acomodadas se alcanzan expectativas de vida de más de 80 años, otros sectores del país tienen grandes dificultades para acceder a la atención y presentan indicadores similares a los de países pobres del tercer mundo. Éticamente no es aceptable que muchos chilenos deban vivir 20 años menos, sólo por su condición modesta y bajo nivel educativo”, expresó el Presidente Ricardo Lagos en un discurso del año 1999 en el Hospital Barros Luco. Dichas cifras no hacen más que aumentar la percepción de salud como un negocio y la insatisfacción de buena parte de los chilenos que se sienten indefensos, frente a un sistema que no los beneficia. Para superar este problema de fondo, se creó el “Plan de acceso universal con garantías explícitas”, AUGE; que a fines de enero presentó el Ministro de Salud, Dr. Osvaldo Artaza, al Presidente de la República. La iniciativa en el papel y a modo preliminar, busca hacer realidad el derecho a la salud que tienen todos los habitantes del país y convertirse en la materialización de los objetivos sanitarios que el Gobierno elaboró para esta década.

Una voz autorizada para referirse al tema es el Prof. Dr. Giorgio Solimano, Presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud Pública y director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile quien opina que “se trata de una propuesta inicial y como tal necesita ser trabajada en sus aspectos específicos y en ese contexto estamos dispuestos en colaborar con el Gobierno. Lo fundamental es que en la medida que establece derechos explícitos para todas las personas, asegura un nivel de equidad en la atención. Puede llegar a constituir una poderosa herramienta de regulación, al establecer un conjunto de medidas que son válidas para todos y así facilitar el desarrollo armónico del aparato prestador tanto público como privado”. Junto con eso valora que se de prioridad al diseño sanitario, a los derechos de las personas, por sobre el tema financiero, que pese a ser vital para el cumplimiento de los objetivos, no debiera convertirse en el centro del debate, sino que ponerse al servicio de las necesidades de la población.

El Plan supone la inclusión de todas las prestaciones de salud que actualmente existen por lo que será obligatorio para Fonasa y las Isapres, instituciones que deberán dar cuenta de él en lapsos determinados previamente por ley. Se cambiaría entonces la costumbre de que tanto el sector privado y público impongan a los pacientes los lugares donde atenderse, el primero por una política de contención de costos y el segundo por mantener un orden en los centros de atención y principalmente por la carencia de recursos humanos y tecnológicos.

Así como se contempla dar mayor énfasis a la medicina preventiva por sobre la curativa también se establecen una serie de prioridades sanitarias, entre las que destacan distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y traumatismos. Sin embargo, para el Prof. Dr. Solimano hay áreas que se han descuidado: “ Como Universidad debemos plantear que falta enfatizar en el plano de la salud emergente, las nuevas enfermedades, desde la formación de profesionales especialistas hasta la cobertura de los programas. También en el plano de la atención al adulto mayor y en el campo de la salud mental, especialmente las patologías que surgen del estilo de vida actual”.



La larga trayectoria como médico y salubrista le dan al Prof. Dr. Giorgio Solimano la visión necesaria para hacer un análisis de la salud en Chile hoy. Destaca en primer lugar que están prácticamente solucionados los problemas de cobertura, principalmente por la eficiencia del sistema público y el complemento del privado. Cerca de un 90% de la población está adscrito a algún régimen previsional, cifra que se comprueba si se observa que del total de partos ocurridos en todo el país, se cubre un 99% de ellos. Similar situación ocurre con las últimas campañas de vacunación obligatoria, que ha impulsado el Ministerio de Salud y que le han reportado éxito. Estos índices son comparables a lo que ocurre en países de igual o mejor nivel de desarrollo que el nuestro.

Sin embargo, señala: “precisamente porque tenemos una buena base podríamos estar mejor. La tarea ahora es fortalecer la oportunidad, la calidad y la eficiencia de los servicios que se ofrecen. Por eso un tema importante a considerar es la baja satisfacción que expresan los usuarios, tanto del sector público como del privado”. Al respecto señala que como las personas son el eje en cualquier proyecto, es prioritario que el personal que trabaje en salud respete principios y valores básicos de este quehacer, cuyo norte es su respeto.

No es extraño que las personas que concurren a los servicios públicos manifiesten no sentirse bien atendidas y se quejen porque tienen que esperar mucho. Hoy es más frecuente que los usuarios ya no actúen como meros “pacientes”, sino que exijan un trato amable y cortés. Como contraparte, en el sector privado el problema ya no es la rapidez de la atención, sino los precios, la protección y la cobertura. Se produce un desnivel entre la oportunidad y el costo.

Otra situación en el que nuestro sistema de salud estatal falla, es que “otorga bajas remuneraciones a sus trabajadores. Un aumento de ellas, podría ir aparejado a un mejor cumplimiento de las responsabilidades que le corresponden a cada actor involucrado. En este campo, muchas veces se asocian los resultados a otorgar un mayor número de atenciones, cuando debieran medirse en términos de mejoría. Creo que hay un montón de atenciones inútiles que resuelven a medias problemas que en dos podrían solucionarse. El desafío entonces es redistribuir mejor los recursos de los que se dispone”, puntualiza.

En el mismo sentido destaca que el Plan Auge presente la idea de la rendición de cuenta pública por parte de los hospitales, ya que implica presentar resultados y permitir a distintos agentes sociales, como a los académicos universitarios, supervisar y criticar la gestión llevada a cabo en los distintos recintos de atención, junto con dar propuestas de mejoramiento.

En el plano financiero se estima preliminarmente que se necesitan 400 mil millones, por sobre el presupuesto de salud actual, para echar a andar el Plan Auge. Aunque aún no se ha definido la forma en qué se conseguirá tal cifra, las posibilidades van desde impuestos generales, gravámenes específicos al diesel, alcohol, cigarrillos; cotización obligatoria para los cerca de 500 mil trabajadores independientes que no están afiliados a ningún sistema; o bien la utilización de la infraestructura hospitalaria de las Fuerzas Armadas y las Asociaciones de Seguridad. El profesor cree que “finalmente serán múltiples las fuentes de ingreso. Con respecto al tema del traspaso del 43% de la cotización de los afiliados a Isapres, sin querer liberarlos de su responsabilidad, me parece que pensar solamente en un fondo construido por ese porcentaje no corresponde y es políticamente muy difícil de implementar”.

El Gobierno ha diseñado que el plan de salud entre a operar una vez que el Parlamento apruebe los proyectos de ley de autoridad sanitaria, que tienen un tiempo estimado de tramitación de dos años. Probablemente, entonces, no antes del 2004, de sortear los escollos, el sistema comience a operar. Por tanto, la discusión sobre las garantías y mecanismos de operación con que operaría el Plan Auge recién comienza.