A Propósito de la Ley
de Universidades Estatales

Miguel Vicuña N. (Relator)

Documento elaborado por la Comisión Especial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile para el Estudio del Proyecto de Ley de Universidades Estatales de 1995.

Uno de los pensamientos más difundidos entre quienes deciden sobre políticas sociales y culturales en Chile, parece ser la idea de que el Estado debe ir gradualmente disminuyendo su intervención en un conjunto de dominios, entre los que se cuenta el de la educación. Estas ideas concuerdan, en general, con  las recomendaciones para políticas educacionales que proceden de una serie de organismos internacionales como el Banco Mundial, en donde, desde los años 1980, el enfoque neo-liberal es particularmente acentuado. A menudo, estas recomendaciones, que complementan las políticas de ajuste estructural, se basan en la idea de que los recursos destinados por el Estado a la educación podrían encontrar una utilización más eficiente en el mercado. En lo que respecta a la Educación Superior, estos análisis subrayan que la relación costo-efectividad del sector es relativamente baja, por lo que no se justificaría elevar la inversión en este nivel.

Aún aceptando este argumento como prevaleciente, no puede desconocerse que en la Educación Superior, hay un segmento de necesidades social y culturalmente irrenunciables que históricamente han sido enfrentadas por el Estado y que es muy difícil, por no decir imposible, que puedan ser asumidas en forma sostenida y permanente por el mercado:

·  La necesidad de darle oportunidad de acceder a la educación superior a personas capacitadas para ello independientemente de su situación social, económica, geográfica, étnica, etc.. Para responder a esta necesidad de equidad se requeriría perfeccionar sistemas de selección, becas y crédito justos y transparentes que estimulen el esfuerzo y los buenos rendimientos; como asimismo, sistemas de cobro de aranceles que obliguen a solventar su educación a todos los que puedan hacerlo.

·  La necesidad de hacerse cargo de la formación de especialistas en aquellas áreas del conocimiento de baja rentabilidad o deficitarias y que, por lo tanto, nunca serán de gran interés para los particulares o el mercado. Piénsese, por ejemplo, en campos como la astronomía, que tendrá siempre pocos alumnos y requerirá gran infraestructura; u odontología y ciencias básicas, que demandan un altísimo costo de instalación; o áreas como filosofía, artes y humanidades, que no se transan en el mercado; o, incluso, la misma formación pedagógica, cuyos alumnos en general, en el sistema estatal, provienen de sectores de escasos recursos, con poca capacidad de asumir los costos de una Educación Superior de calidad.

·  La necesidad del país de contar con profesionales y graduados que, además de su consistente formación en los campos de su competencia, de la imprescindible capacidad de desempeñarse con eficiencia y de adaptarse a los cambios, tengan clara conciencia de la realidad de la nación, de los temas y problemas que la afectan y de que su quehacer profesional se inserta dentro de ese contexto y debe proyectarse en él con voluntad de actuar en beneficio de la sociedad y no sólo en la mera búsqueda del beneficio personal. Son las Universidades Estatales y, en especial la Universidad de Chile, las que deben cumplir predominantemente esta tarea.

·  La necesidad de investigación, creación artística y producción de conocimiento en áreas que no son de interés para el mercado y cuya realización implica metas que no se satisfacen a corto plazo, investigación que a menudo carece de utilidad práctica inmediata pero que resulta altamente relevante en el mediano y largo plazo. Esto se observa, por ejemplo, en áreas que van desde la sismología y la física cuántica hasta la filosofía y el patrimonio histórico-cultural del país.

Este tipo de actividad es vital para el desarrollo sostenido de una sociedad, no sólo por el conocimiento que produce, sino además por la preparación de personal idóneo para adecuar el conocimiento producido en otros centro de investigación a las necesidades y particularidades propias del país, así como para prever y responder competentemente a las eventualidades inéditas que la realidad vaya generando. Junto con la investigación aplicada, vinculada al desarrollo o a problemas coyunturales del país, es necesario preservar un modo de hacer investigación no sujeto a estos problemas, pero importante para la producción de conocimiento y para conformar un pensamiento crítico capaz de interactuar en este plano con la comunidad internacional.

·  La necesidad de mantener centros de extensión que se ocupen de llevar a la comunidad expresiones artísticas que no son generalmente patrocinadas por empresas privadas y que contribuyen a la formación cultural del ciudadano que no tiene acceso regular a teatros o salas de concierto. Al mismo tiempo, es indispensable hacer posible que los artistas nacionales puedan dar a conocer sus obras, lo que no ocurre con entidades con fines de lucro cuya programación se limita a difundir sólo obras consagradas, por ser ellas rentables. Tradicionalmente, la Universidad de Chile, tanto con su teatro, como con su coro, su ballet y su orquesta sinfónica, ha cumplido esta función.

·  La necesidad, para un país democrático, de que existan instituciones de educación superior no confesionales, que fomentan la tolerancia y la libertad de pensamiento; que no se comprometan con determinados sectores e intereses, ni siquiera con un determinado credo; que practiquen y difundan el pluralismo, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a las funciones académicas a través de concursos públicos transparentes y la más irrestricta libertad de expresión por medio de normas objetivas que regulen la permanencia y progreso en la carrera académica. Instituciones capaces de generar, en este espacio pluralista, un flujo de información y reflexión independiente que la sociedad, y muy especialmente los distintos agentes del Estado, requieren para la ilustración de temas y tópicos que deben considerar en sus decisiones. De este modo, podría haber sido otro el nivel de la discusión sobre el documento para la Conferencia de Beijing y el problema del género, si en Sernam y en el Parlamento se hubiese incorporado algo del debate y la visión académicos del tema. Así también, en asuntos como la cuestión de la muerte cerebral y los transplantes de órganos; las reformas educacionales; los problemas de las exportaciones; la extrema pobreza; los distintos aspectos que se comprometen en el desarrollo vertiginoso del ámbito de las comunicaciones; las limitaciones, carencias y vacíos de nuestros cuerpos y sistemas jurídicos y legales sobre múltiples asuntos; problemas medio ambientales; y un largo “etcétera” que involucra todos los ámbitos de la sociedad. ¿Quién puede aportar esa necesaria información objetiva?. ¿Los especialistas y profesionales que se formaron en universidades confesionales, o “comerciales”, que sirven a sus fines particulares y que incluso tienen definidos intereses en los temas en debate?.

La Universidad de Chile ha desempeñado, de manera significativa, estas funciones en el pasado y la medida del cumplimiento de ellos es lo que justifica su carácter de Universidad Nacional. Si se quiere un país moderno y una democracia estable, todo indica que estamos ante necesidades reales de la sociedad chilena que no son obligadamente satisfechas por el mercado. Es preciso distinguir el concepto de “necesidad” del concepto de “demanda”, pues las demandas sí se expresan en el mercado y debieran poder ser asumidas por éste, mientras que las necesidades no. Esta distinción justifica el rol subsidiario que le compete al Estado en le Educación Superior. Si el Estado no asumiera esta insoslayable responsabilidad, la educación, las ciencias y la cultura quedarían sujetas a intereses particulares, a diferentes credos e ideologías, y, por  último, a los vaivenes de la moda y el mercado.

A veces, se vincula con razón lo estatal a burocracia y falta de eficiencia y dinamismo. En este sentido, resulta razonable que si el Estado destina recursos públicos a las Universidades Estatales, recursos que provienen de todos los chilenos, se cautele su buen uso. Pero más allá de la mera eficiencia administrativa, los representantes del Estado en los Consejos Superiores de las Universidades Estatales deberán velar porque estas instituciones respondan a las necesidades de la sociedad y del país, que anteriormente hemos delineado. Esto también debería constituirse en su preocupación prioritaria de quienes determinan, en virtud de su autonomía, las políticas internas de las universidades estatales, y muy especialmente de la Universidad de Chile, ya que si se acepta que ésta no es sino una más en el interior de un sistema que tiende a identificar el concepto de universidad con el de empresa, dentro de sí misma reprodujera el esquema de “competencia” que llevará a que cada unidad se plantee en una lucha por su supervivencia, perdiéndose la visión de coordinación y cooperación del conjunto, necesarias para cumplir adecuadamente las tareas de bien público ya indicadas.

No cabe duda de que no todas las Universidades Estatales están en condiciones de responder de la misma forma a los criterios antes señalados. Desde este punto de vista, aun cuando lo estatal tenga una dimensión regional, hay Universidades Estatales que a pesar de estar en una región tienen en algunas áreas una proyección nacional. En esta perspectiva, junto con el concepto de Universidad Estatal, debiera perfilarse la función de Universidad Nacional. Universidad Nacional será aquella que, por razones históricas y con criterios que sobrepasan el ámbito de la regionalidad geográfica, responde no a una o dos, sino a todas las necesidades antes mencionadas. En este aspecto, la Universidad de Chile dispone de una ventaja incomparable respecto del resto del sistema, al cultivar en su interior el más amplio espectro de las disciplinas y actividades científicas, humanísticas y artísticas, ocupándose desde su fundación, en 1842, de crear, acoger, preservar y difundir la mayor parte del patrimonio nacional en el arte, la ciencia y la cultura.

Estas son ideas sencillas y conocidas que algunos podrán tildar de “románticas”, pero constituyen principios fundamentales si se quiere que la relación del Estado y las Universidades Estatales no se quede únicamente en la mera operación de un banco que reparte recursos para la Educación superior con criterios que no van mucho más allá de la solvencia o eficiencia administrativas de los clientes.