Anales de la Facultad de Derecho Vol. IV - Enero - Diciembre de 1938 - Nº 13 a 16
 O Introducción al estudio de la legislación tributaria chilena en general

Capítulo I: continuación II

39) Ley N.° 5,107, de 19 de Abril de 1932, aumenta los derechos de internación, almacenaje y otros que perciben las Aduanas.

40) Ley N.° 5,142, de 10 de Marzo de 1933, eleva en un 50% los derechos establecidos en el Arancel Aduanero, esto es, en la Ley N.° 4,321.

41) Ley N.° 5,504 de 29 de Diciembre de 1934, que es­tablece un impuesto a las frutas en conserva y secas y a las frescas que se exporten.

42) Ley N.° 5,786, de 2 de Enero de 1936, que al dero­gar diversos artículos de la Ley N.° 5,434, sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, esto es, el impuesto sobre compraventas comerciales (2%), lo reemplazó, entre otros, por el siguiente tributo: a) 5% sobre el valor de especies de cualquier género que se internen al territorio nacional.

43) Ley N.º 5,853, de 14 de Agosto de 1936, que deroga la Ley de 17 de Enero de 1884, sobre derechos de carga y desembarque de mercaderías en el puerto de Valparaíso.

IMPUESTOS INTERNOS. ‑ Esta materia la dividi­remos en dos párrafos, a saber: el primero, destinado a exponer los gravámenes que en esta materia benefician di­rectamente al Fisco, esto es, los impuestos fiscales propiamente dichos, y el segundo, a exhibir los impuestos regio­nales o municipales.

A) DE LOS IMPUESTOS FISCALES PROPIA­MENTE DICHOS. ‑ A continuación, expondremos las di­versas leyes y sus principales características, que han establecido gravámenes, ya a los artículos de consumo (excepción hecha de aquellas que afectan a los alcoholes y a las bebidas alcohólicas, que son objeto de un completo desarrollo en el Capítulo III de este trabajo), ya a los actos, ya a las rentas, etc., para terminar con una breve referencia a otros  impuestos cuya existencia efímera fué, generalmente, conse­cuencia de momentáneas exigencias presupuestarias.

1.° Impuestos a los tabacos, cigarros y cigarrillos.- Ya vimos que el tabaco y sus productos fueron materias estan­cadas en la época colonial y en los primeros tiempos de nuestra vida independiente. Sin embargo, el estanco tuvo sida por demás accidentada: así, por Ley de 1.° de Octubre de 1811, se autorizó el libre cultivo, por un período de dos años; fue reestablecido con fecha 27 de Noviembre dé 1815, esto es, durante la Reconquista española; suprimido nueva­mente en 1818, por ley que creó un tributo de 25% sobre su aforo en aduanas, al tabaco extranjero; reestablecido el 27 de Noviembre de 1820, y derogado el 21 de Mayo de 1921, para ser decretado nuevamente con fecha 19 de Marzo de 1824, conjuntamente con el estanco de naipes y licores extranjeros. En este mismo año, la administración del estanco fué entregada a la firma Portales y Cea, qué debía pagar cada año la suma de $ 355,250, en Londres, para el servicio de la deuda exterior y $ 5,000 en Santiago a la Caja de Des­cuentos. Este sistema de administración fracasó cuatro años más tarde, y en 1828 pasó de nuevo a manos del Estado, pa­ra ser abolido definitivamente el estanco de tabacos, con­juntamente con el de naipes por Ley de 3 de Septiembre de 1880.

a) Ley de 3 de Septiembre de 1880. Esta ley que, co­mo dijimos, dispuso el libre cultivo del tabaco y su libre expendio en la importación, ordenó que el tabaco Habano pagase $ 1.50 por kilo, y las demás clases $ 1. Asimismo estableció que los fundos rústicos que lo cultivaran, exentos hasta entonces del impuesto agrícola, quedaban obligados a pagarlo;

b) Ley de 25 de Enero de 1896, que aumenta a $ 5.50 por kilo el derecho de internación de los cigarrillos;

c) Ley N.° 2,219, de 2 de Octubre de 1909, que junto con legislar sobre impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y gravar las entradas a hipódromos, teatros y circos, grava la venta de cigarros y cigarrillos, agrupando en un cuepo las disposiciones vigentes sobre internación y ven­ta interior, de los productos gravados y confía a la Administración del Impuesto sobre Alcoholes la fiscalización de esos gravámenes;

c) Ley N.° 2,761, de 29 de Enero de 1913, que reformó  la ley anterior sobre impuestos a los cigarros, cigarrillos y tabaco;

d) Ley N.° 3,724, de 8 de Febrero de 1921, modificatoria de la ley recién mencionada;

e) Ley N.9 3,876, de 9 de Agosto de 1922, que la, modi­fica a su vez;

f) Decreto‑Ley N.° 792, de 22 de Diciembre de 1925, modificatoria;

g) Ley N ° 4,932, de 23 de Enero de 1931, aumenta el impuesto a los tabacos, cigarros y cigarrillos. El texto definitivo de la ley se fija después por Decreto‑Ley N.° 16, de 12 de Marzo del mismo año, para ser modificado, a su vez, por el Decreto-Ley N.° 156, de 13 de Mayo de 1931; >

h) Ley N.° 5,089, de 15 de Marzo de 1932, que rebaja las tasas vigentes, y que aparece modificada por la Ley N.° 5,097, de 23 del mismo mes y año;

i) Ley N.° 5,154, de 10 de Abril de 1933, que, junto con aumentar los gravámenes existentes, autoriza en su artículo 21 al Presidente de la República para fijar el texto definitivo de la ley modificada, lo que da origen a la

j) Ley N.° 5,171, de 2 de Junio de 1933, que en su artículo 3.° grava a los cigarros con un impuesto igual a un 30% sobre su precio de venta al consumidor; los paquetes de cigarrillos, con un 35% sobre el mismo precio, cuando éste no excede de sesenta centavos; 40%, cuando el precio es superior a sesenta centavos y no mayor de dos pesos, y 45% cuando el precio de venta al consumidor es superior a dos pesos; al tabaco elaborado, en hebra, tableta, pasta o cuerda, picado, granulado o pulverizado, con un impuesto de seis pesos por hilo bruto, y a los cigarros puros, cigarri­llos y tabacos importados, cualquiera que sea su proceden­cia, con el impuesto ya detallado, aumentado en un 50%;

2.° Impuesto a los específicos y artículos de tocador - ­Este gravamen es último en nuestra legislación, ya que sólo aparece considerado en el

a) Decreto‑Ley N.° 415, de 1.° y 29 de Abril y de 27 de Junio de 1925, que grava con diferentes impuestos la venta de los específicos, artículos de tocador e higiénicos, nacionales e importados.

Este decreto‑ley, que es el básico en esta materia, aparece posteriormente modificado por:

b) Ley N.° 4,677, de 13 de Noviembre de 1929, y poste­riormente por la

c) Ley N.° 5,154, de 10 de Abril de 1933, ya citada, que junto con aumentar los gravámenes anteriores, autoriza al Presidente de la República, en su artículo 21, para fijar el texto definitivo de esta legislación, lo que da origen a la

d) Ley N.° 5,174, de 2 de Junio de 1933. Esta ley, en sus artículos 2.°, 3.° y 4.°, grava los artículos de tocador o perfumería, nacionales o importados, con un impuesto variable y proporcional al precio de venta; en la misma forma a los específicos sean nacionales o importados, y a las aguas minerales o mineralizadas y, en general, a las bebidas alcohólicas que se expendan en envases cerrados y que no sean jarabes concentrados;

3.° Impuesto a los fósforos, cerillas y encendedores . ­Sólo en el año 1907 aparecen considerados los fósforos como materia imponible, al establecerse los derechos de internación que deberán afectarlos, por Ley N.° 1,911, de l.° de Febrero del año mencionado. Sin embargo, es en el año 1931, cuando aparecen los fósforos, cerillas y encendedores, siendo objeto de una tributación concienzuda y eficaz. En efecto, en el año dicho, se promulgan los

a) Decretos‑Leyes N.os 156, de 13 de Mayo y 270 de 29 del mismo mes del año 1931, que establecen un gravamen relativo al precio de venta de los artículos mencio­nados;

b) Ley N.° 5,097, de 23 de Marzo de 1932, que modifi­ca la ley anterior;

c) Ley, N.2 5,154, de 10 de Abril de 1933, que junto con gravar en forma más acentuada a los productos referidos, autoriza en su artículo 21 al Presidente de la República para fijar el texto definitivo de las leyes vigentes sobre la materia, lo queda origen a la

d) Ley N.° 5,173, de 2 de Junio de 1933. Este cuerpo legal, en su artículo 5.°, grava con: uno y medio centavos por cada veinte unidades o fracción, de fósforos de madera, pasta, yesca, cera u otras substancias; siete centavos por ca­da veinte unidades o fracción, de fósforos de bengala o fós­foros bujías; diez pesos por cada encendedor corriente o de bolsillo y con veinte pesos, por cada encendedor adherido a mostradores, mesas, murallas, etc., o que por su ubicación,  pueda ser usado por todas las personas que lo tengan a su alcance;

4.° Impuesto a las barajas.‑Ya hemos visto que las ba­rajas o naipes fueron materias estancadas desde el 19 de Marzo de 1824 hasta el 3 de Septiembre de 1880, fecha en que fueron suprimidos el estanco de naipes y el de tabacos, conjuntamente.

Sólo en el año 1909, encontramos la primera ley que en forma específica grava la venta de barajas o naipes, es de­cir, la

a) Ley N.° 2,219, de 2 de Octubre de 1909, que junto con legislar sobre impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, y gravar la venta de cigarros, cigarrillos y de entradas a hipódromos, teatros y circos, grava la venta de las barajas o naipes;

b) Ley N.° 3,850, de 11 de Febrero de 1922, que junto con determinar los gravámenes a que quedarán sujetos loa fonógrafos, pianos y pianos eléctricos, legisla en cuanto al impuesto que afectará a las barajas;

c) Decreto‑Ley N.2 37, de 10 de Octubre de 1924, que junto con modificar la ley anterior, señala el impuesto que deben pagar las barajas nacionales y extranjeras, en proporción al precio de venta, y aumentado en estas últimas, en un 50%;

5.° Impuestos a las entradas a espectáculos públicos y sobre discos, cilindros y piezas musicales.‑ Como anteceden­tes legales al impuesto que grava los discos, cilindros y pie­zas musicales, debemos mencionar: la Ley N.° 2,288, de 14 de Marzo de 1910, que junto con legislar sobre impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, creó el impuesto a los fonógrafos y pianos eléctricos ubicados en establecimien­tos destinados al expendio. de bebidas alcohólicas, gravamen que aparece después incorporado en la Ley N.° 3,850, de 11 de Febrero de 1922, ya citada, sobre impuestos a las bara­jas, fonógrafos, pianos y pianos eléctricos, ley esta última que aparece derogada en cuanto a lo gravámenes que afec­taban a los pianos y pianos eléctricos, por el Decreto‑Ley N.° 37, también citado.

Posteriormente, la Ley N.º 4,388, de 10 de Agosto de 1928, grava a los discos y demás piezas musicales adapta­bles a instrumentos de funcionamiento mecánico, con un impuesto variable según fuere el precio de venta.

Esta última ley, aparece modificada por la tantas ve­ces citada Ley N.° 5,154, de 10 de Abril de 1933, que al otorgar al Presidente de la República en su artículo 21, la fa­cultad de fijar el texto definitivo de las disposiciones vigentes, dió origen a la Ley N,° 5,172, de 2 de Junio de 1933, que en su artículo 13 grava a los discos, cilindros y piezas musicales adaptables a instrumentos mecánicos, con un im­puesto de $ 0.50 cuando el precio de venta no excede de $ 5; con un peso, cuando el precio es mayor de esa suma y no excede de $15; de dos pesos, cuando es superior de $15 y no excede de $ 25; de tres pesos, cuando el precio es mayor de $ 25 y no excede de $ 35 ; y a los de mi precio de venta superior a esta suma, con $ 3, más $ 0.50 por cada $ 10 o fracción de exceso.

Por otra parte, la Ley N.° 2,219, de 2 de Octubre de 1909, junto con gravar la venta de cigarros, cigarrillos y barajas y establecer nuevos impuestos de timbres, estampillas y papel sellado, impone, por vez primera, una contribución a las entradas a Hipódromos, Teatros y Circos, y confía, como ya lo dijimos a la Administración de Alcoholes la fiscalización de dichos impuestos.

La ley citada sufre modificaciones por el Decreto‑Ley N.° 77, de 4 de Noviembre de 1924, que a su vez, es modificado por el Decreto‑Ley N.° 499 bis, de 20 de Marzo de 1925, para ser refundidas todas sus disposiciones en el Decreto Supremo N.° 1,395, de 17 de Junio del mismo año.

La Ley N.° 4,388, de 10 de Agosto de 1928, sobre im­puestos a las entradas o billetes a espectáculos públicos, su­fre modificaciones con la Ley N.° 5,154, de 10 de Abril de 1933, que al facultar al Presidente de la República en su artículo 21, para fijar el texto definitivo de la ley vigente, dió origen a la Ley N.° 5,172, ya citada, de 2 de Junio de 1933, que en su artículo 2.° grava con: un 5% sobre su va­lor, a las entradas a espectáculos exclusivamente gimnásti­cos o deportivos; a ejecuciones de arte ofrecidas por artis­tas chilenos; a diversiones infantiles de funcionamiento me­cánico y sobre el valor de billetes o entradas a paraíso: 10% sobre el valor de las entradas a teatros circos, salones de baile, representaciones, reuniones y espectáculos de cual­quiera otra naturaleza, sean o no infantiles, y 17% sobre el valor de las entradas a los hipódromos;

6.° Impuesto a las apuestas mutuas en Hipódromos .-Este gravamen es moderno en nuestra legislación, ya que data de 1925, fecha en la cual se dicta una ley sobre la ma­teria, que ha sufrido variadas modificaciones y que ha sido completada por otras. A continuación exponemos las dis­posiciones legales que han regido y rigen en este orden de gravámenes

a) Decreto‑Ley N.° 475, de 18 de Agosto de 1925, que establece un impuesto pobre el monto de las apuestas mu­tuas en los Hipódromos, a beneficio de la Caja de Periodis­tas, de la Caja de Previsión de los Empleados de Hipódro­mos y pro‑fomento de la raza caballar;

b) Ley N.° 4,566, de 27 de Marzo de 1929, sobre Hipó­dromos, que en su artículo 7.° establece un impuesto fiscal de 7% ,sobre la comisión de 12,5% que ellos pueden cobrar del valor de las apuestas mutuas;

c) Decreto‑Ley N.° 175, de 13 de Mayo de 1931, que es­tablece un impuesto de 10% sobre los dividendos de apues­tas mutuas en hipódromos;

d) Decreto‑Ley N.° 352, de 30 de Mayo de 1931, que eleva al 15% la comisión creada por Ley N.° 4,566, de 27 de Marzo de 1929, y reemplaza así el impuesto del 10% an­terior; y

e) Ley N° 5,055, de 12 de Febrero de 1932, que esta­blece la forma de distribuir el 15% que, a manera de comisión, cobran los hipódromos sobre el monto de las apuestas mutuas;

7.°‑ Impuesto al turismo .‑ Sólo en 1929 aparece con­siderada esta nueva fuente de entradas fiscales que, como veremos a continuación, ha sido objeto de variada legis­lación

a) Ley N.° 4,585, de 9 de Febrero de 1929, que junto con crear en el Ministerio de Fomento una Sección especial, establece diversos gravámenes sobre el valor de los pasajes por ferrocarril y marítimos, derechos de entrada al país a pa­sajeros extranjeros y tributos sobre las facturas que cobran los hoteles;

b) Decreto‑Ley N.° 429, de 12 de Agosto de 1932, que ele­va los gravámenes mencionados anteriormente;

c) Ley N.° 5.154, de 10 de Abril de 1933, que modifica el Decreto‑Ley anterior y que al autorizar, en su artículo 21, al Presidente de la República, para fijar el testo definitivo de las disposiciones legales vigentes, dió origen a la 

d) Ley N.° 5,175, de 2 de Junio de 1933, que en su ar­tículo 1.° establece los siguientes impuestos para atender al fomento del turismo nacional: 2% sobre el precio de los pa­sajes de los Ferrocarriles del Estado y Particulares; 2% sobre el precio de los pasajes marítimos o aéreos; 4% sobre el precio de los pasajes marítimos, ferroviarios y aéreos, con recorrido fuera del país; $100 como derecho de entra­da al país a los pasajeros de nacionalidad extranjera que usen pasajes marítimos, ferroviarios o aéreos de primera clase, y $ 50 a los que usen de segunda clase, y $ 0.50 en las facturas que cobren los hoteles y casas residenciales comerciales, cuyo valor no sea superior a $ 100, y $ 1 más por cada $ 100 de exceso; y

c)Ley N.° 5,766, de 8 de Diciembre de 1935, que mo­difica la ley anterior;

Impuesto a la primera transferencia de bienes raí­ces .‑ En esta materia, rige el Decreto‑Ley N.° 2 593, de 9 de Septiembre de 1932, que crea un impuesto de 30/00 a la primera transferencia, a título oneroso, de todo bien raíz, y encomienda su fiscalización a la Dirección General de Im­puestos Internos.

9.° Impuesto de Timbres, Estampillas y Papel Sellado .‑ Podemos afirmar que en esta materia es en la que con ma­yor insistencia nuestros legisladores han introducido reformas y han ido incorporando a las leyes correspondientes, el mayor número de actos, todo naturalmente, en perfecta con­cordancia con el desarrollo comercial del país.

Del siglo pasado, son dignas de mención las siguientes leyes: Ley de 1817 (Hipólito Villegas), que extiende el em­pleo de papel sellado a un sinnúmero de operaciones mercantiles; Ley de 1824, de 11 de Octubre, que aumenta la contribución correspondiente; Ley de 13 de Septiembre de 1866, que también legisla sobre impuesto de papel sellado; Ley de 1.° de Septiembre de 1874, sobre la misma, materia; Ley de 21 de Mayo de 1879, que, al crear la contribución de haberes, ordena que dicha contribución se pague, ya en papel sellado, ya en timbres o en estampillas de impuesto.

A continuación, enumeramos las leyes que han regido durante el siglo en curso, limitándonos a su simple enun­ciación, ya que resulta del todo imposible dar con brevedad, una información exacta de los innumerables actos administrativos,  comerciales, judiciales, etc., que por ellas aparecen gravados:

a) Ley N.° 2,219, de 2 de Octubre de 1909;

b) Ley N.° 2,288, de 14 de Marzo de 1910;

c) Ley N.° 2,467, de 8 de Febrero de 1911, que modifi­ca la ley anterior, cuyo texto se había fijado por Decreto Supremo N.° 347, de 12 de Marzo de 1910;

d) Ley N.° 2,640, de 13 de Febrero de 1912;

e) Ley N.° 3,296, de 21 de Septiembre de 1917, que du­plica los derechos de timbres, estampillas y papel sellado;

f) Ley N.° 3,482, de 4 de Febrero de 1919, importante por confiar a la Dirección de Impuestos Internos su fiscalización;

g) Ley N.° 3,733, de 23 de Febrero de 1921;

h) Ley N.° 3,930, de 2 de Junio de 1923;

i) Decreto‑Ley N.° 350, de 17 de Marzo de 1925;

j) Ley N.° 4,322, de 29 de Febrero de 1928;

k) Ley N.° 4,460, de 17 de Noviembre de 1928;

l) Decreto Supremo N.° 118, de 11 de Enero de 1929, que refunde las anteriores disposiciones sobre esta materia;

m) Decretos‑Leyes N.os 119 y 305, de 30 y 20 de Mayo de 1931;

n) Decretos‑Leyes N.os 119, 224, 305, 594 y 664, de 30 de Abril, 20 de Mayo, 18 de Julio, 9 y 22 de Septiembre de 1932;

o) Ley N.° 5,154, de 10 de Abril de 1933;

p) Ley N.° 5,434, de 4 de Mayo de 1934, texto defini­tivo;

q) Ley N.° 5, 786, de 2 de Enero de 1936, que al derogar, diversos artículos de la ley anterior, esto es, el impuesto de 2% sobre las compraventas comerciales, lo reemplaza: por un 5% sobre el valor de especies que se internen al territorio impuesto que también deberá pagar el fabricante nacional, industrial o proveedor que transfiera especies que él haya producido, elaborado o transformado; 1% sobre el valor en que las empresas que exploten minas de carbón trans­fieran dicho producto, y 2,5% sobre los intereses, primas, comisiones u otras formas de remuneración que perciban las personas naturales o jurídicas; y

r) Ley N.° 6,002, de 29 de Enero de 1937.

10. Impuesto a las rentas: La primera manifestación del impuesto a las rentas, la encontramos en una Ley de 1817, que estableció una contribución a los empleados civi­les en la forma siguiente: el que tuviese de renta de $ 50 a $ 300, pagaría el 2%, de 301 a 400, el 3%; de 401 a 500, el 4%; de 501 a 600, el 5%; de 601 a 700, el 6%; de 701 a 800, el 7%; de 801 a 900, el 8%; de 901 a 1,000, el 9% ; de 1,001 a 1,200; el 10%; de 1,201 a 1,500; el 12%; de 1,501 a 2,000, el 15%; de 2,001 a 2,500; el 20%; de 2,501 a 3,000, el 25%, cuyos descuentos se harían con cargo de reintegro para cuando se desahogase el Erario.

Con motivo de la guerra con España, se autorizó al Ejecutivo para gravar con un 5%, como máximum, las rentas anuales del contribuyente; (24 de Septiembre de 1865), y la situación precaria de las rentas en el año 1866, hizo que se dictase un decreto en uso de aquella autorización, con fe­cha 30 de Abril de 1866, que gravó con un 5% anual las ren­tas que provinieran, ya del goce o arrendamiento de pro­piedad mueble o raíz, urbana, rústica o minera; de los capitales puestos a censo sobre bienes raíces o fondos del Es­tado; de los capitales dados en préstamos con interés, o en depósito; de los establecimientos comerciales, fábricas, ta­lleres; del ejercicio de profesiones mecánicas y liberales, y de los sueldos por empleos públicos, municipales, eclesiásti­cos, etc.

Al año siguiente, es decir, con fecha 10 de Enero de 1867, se dicta una nueva Ley de Impuesto a las Rentas, des­tinada a producir hasta $ 5.000,000, necesarios al Erario nacional, que deroga la ley anterior, y que exceptúa del grava­men que ella establece a las rentas inferiores a $ 200 y las de los Municipios.

La Ley de 20 de Mayo de 1879, que creó una contribu­ción mobiliaria de 30/00 anual, afectó a los capitales impues­tos a censo sobre las propiedades raíces, los invertidos en toda clase de títulos o dados en préstamos, los de los bancos de emisión y compañías de seguros, los sueldos, las rentas, las pensiones, gratificaciones, jubilaciones, montepíos y de­más emolumentos que se percibiesen del Erario nacional o municipal y los sueldos particulares. Esta ley que ha sido llamada ley de "contribución de haberes", era en el fondo una de impuesto a la renta por los elementos por ella afec­tados.

Después de grandes discusiones en el Parlamento y en la prensa, con fecha 2 de Enero de 1924, se promulga la Ley  N.° 3,996, sobre Impuesto a la Renta, que es modificada por el Decreto‑Ley N.° 4, de 17 de Septiembre del mismo año. Esta ley distingue diversas categorías de rentas, a saber provenientes de bienes raíces, que grava con un 970; de va­lores mobiliarios, con un 4,5%; de la industria y del comer­cio, con un 3,5%; de la explotación minera o metalúrgica, con un 5% sobre las utilidades; de sueldos públicos y pri­vados, pensiones y montepíos, con un 2%, y finalmente, ren­tas provenientes del ejercicio de profesiones u otras ocupa­ciones lucrativas no comprendidas en las anteriores catego­rías, que grava con un 2%.

Esta ley que hemos mencionado es la ley básica, por así llamarla, en la materia de impuestos que estudiamos, y ha sido objeto de diversas modificaciones, todas las cuales (Le­yes, Decretos‑Leyes y Decretos con Fuerza de Ley) mencio­namos a continuación:

a) Decretos‑Leyes N.os 122, 207 y 330, de 23 y 10 de Enero y 12 de Marzo de 1925, respectivamente, siendo el más importante de todos ellos el último, por crear el "impuesto complementario a la renta";

b)   Decreto Supremo N.° 1,269, de 29 de Mayo de 1925, que fija el texto definitivo de la ley correspondiente, y que es molificado, posteriormente, por el Decreto‑Ley N.° 755, de 16 de Diciembre del mismo año;

c) Ley N.° 4,113, de 25 de Enero de 1927, modificatoria de la anterior, cuyas disposiciones conjuntamente con las de la ley respectiva, dieron origen al Decreto Supremo N.° 255, de 17 de Febrero del mismo año, que refunde las disposicio­nes vigentes, para ser modificado a su vez, por las Leyes N.os 4,123, de 1.° de Julio; 4,174, de 5 de Septiembre y, 4,320, de 22 de Diciembre de 1927;

d) Ley N.° 4,865, de 29 de Julio de 1930, modificatoria;

e) Decreto Supremo N.° 225, de 17 de Febrero de 1931, que refunde las disposiciones vigentes, y que es modificado posteriormente por los Decretos‑Leyes N.os 14, 271 y 119, y por la Ley N.° 5,002, de 28 de Febrero, 29 y 30 de Mayo y 19 de Noviembre de 1931;

f)  Decreto Supremo N.° 172, que fijó el texto definiti­vo de la ley de impuesto sobre la renta, con fecha 24 de Febrero de 1932, y que es modificado por los Decretos‑Leyes N.os 128, 225, 463 y 592, de 4 y 18 de Julio, 22 de Agosto y 9 de Septiembre de 1932, respectivamente;

g) Ley N.° 5,154, de 10 de Abril de 1933, que junto con modificar otras leyes tributarias, modificó también la de impuesto sobre la renta y que al autorizar, en su artículo 21, al Presidente de la República para fijar el texto definitivo de las leyes modificadas, dió origen a la

h) Ley N.° 5,169, de 30 de 11 Mayo de 1933;

i) Ley N.° 5,409, de 10 de Febrero de 1934, modifica­toria de la anterior;

j) Ley N.° 5,580, de 31 de Enero de 1935, que modifi­có, a su vez, la Ley N.° 5,169.

La Ley N.° 5,169, de 30 de Mayo de 1933 que, como di­jimos, fijó el texto definitivo de las disposiciones sobre impuesto a la renta, distingue tres grandes grupos de gravamenes, a saber: impuesto cedular por categorías; impuesto global complementario e impuesto adicional .

En el primer grupo, establece un impuesto de 5% sobre, la renta imponible, proveniente de los bienes raíces, deter­minada de acuerdo con el artículo 8.° de esa ley; otro de 12% sobre la renta de capitales mobiliarios , consistente en inte­reses, dividendos, pensiones o cualesquiera otros productos, derivados del dominio, posesión o tenencia a título precario de cualquiera clase de capitales mobiliarios; otro gravamen sobre los beneficios de la industria y del comercio ; según la siguiente escala: 6% sobre las rentas que no excedan de $ 10,000 anuales; 8% sobre las que pasan de $ 10,000 y no exceden de $50,000, y 10% sobre las rentas que exceden de $ 50,000; un impuesto sobre los beneficios de la explotación minera o metalúrgica , de acuerdo también con la escala si­guiente: 7% sobre las rentas hasta de $ 10,000 anuales; 9% sobre las que exceden de esta suma y no pasan de $ 50,000, y 12% sobre aquellas rentas superiores a $ 50,000 anuales; otro equivalente a un 2% sobre las rentas provenientes de sueldos, salarios y pensiones , y, finalmente, un gravamen sobre las rentas de profesiones u otras ocupaciones lucrati­vas no comprendidas en las categorías anteriores, de 3% en las rentas hasta de $ 10,000 anuales; de 5% sobre las que exceden de esa suma y no pasan de $ 50,000, y de 7% sobre las demás.

El impuesto global complementario afecta, ya con un 6% sobre el monto total de la renta imponible, determinarla de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la ley, de las personas jurídicas de cualquier naturaleza, que no sean el Fisco ni las Municipalidades, y que no distribuyan sus rentas entre personas naturales, ya con un impuesto de tasa variable ‑según la escala comprendida en el artículo 51- ­sobre la renta imponible total de toda persona natural residente en Chile o que tenga domicilio o residencia en el país, con, un recargo de 25% para aquellos contribuyentes solteros que al 1.° de Enero del año de, la imposición hayan cumplido 25 años; y para los, viudos sin hijos o que teniéndolos, no vivan ellos a sus expensas.

El impuesto adicional establece un gravamen de 6% sobre los negocios o inversiones que realicen o tengan en Chile, las empresas, sociedades o personas jurídicas constituídas fuera del país, y que tengan sucursales, oficinas, agentes o representantes en Chile; 6% sobre el conjunto de las Rentas imponibles de las diversas categorías que ya vimos, a que estén afectas las personas naturales de naciona­lidad chilena que, sin estar al servicio remunerado del Es­tado, residan en el extranjero, y, con el mismo 6%, las ren­tas de las personas naturales que, domiciliadas en Chile y sin estar al servicio del Estado, se ausentan del país.

11. Impuestos a los bienes raíces .‑A continuación ex­pondremos las diversas leyes que en nuestro país han afectado, directa o indirectamente, a los bienes raíces:

a) Ley de 2 de Junio de 1817, que establece que, al co­menzar el año, todo propietario debe dar al Fisco el 1% del valor que tenga el fundo rústico o urbano de su dominio;

b) Ley de 5 de Septiembre de 1833, en virtud de la cual el 4% deducido de las rentas de los predios rústicos, pasa a formar la contribución de catastro, contribución que se re­baja al 3% el 23 de Octubre de 1834;

c) Ley de 17 de Marzo de 1835, que establece que el im­puesto de alcabala será de 4% en los fundos rústicos y ur­banos; de 3% en los sitios eriazos;

d) Ley de 28 de Agosto de 1849, que al establecer una contribución municipal para proveer de agua potable a las poblaciones; dispone que ella gravitará sobre las propie­dades;

e) Ley de 15 de Octubre de 1853, que, al reformar la contribución del diezmo que afectaba a los productos de la agricultura. y de la ganadería, estableció que ella gravaría todas las propiedades rústicas en proporción al valor de sus terrenos, que sería cobrada directamente por el Estado antes  su recaudación se daba en arrendamiento‑ y que las canti­dades que correspondieren a las Iglesias en el producto de la contribución para los gastos de sus ministros y del culto, se librarían por las Tesorerías del Estado en favor de las autoridades eclesiásticas;

f) Ley de 18 de Junio de 1874, que ordena un reavalúo de los predios para la aplicación de la contribución agrícola;

g) Ley de 2 de Julio de 1880, que abolió la contribución de alcabala sobre arrendamiento de bienes raíces;

h ) Ley sobre Policía Rural de 1881, que, para su fi­nanciamiento, establece una contribución de hasta un 20% de lo que pagaran los predios por impuesto agrícola;

i) Ley de 30 de Junio de 1888, que suprime el impuesto de alcabala que gravaba la compraventa de bienes raíces;

j) Ley de l.° de Agosto de 1888, que junto con derogar las contribuciones de alumbrado y serenos, crea una contribución municipal sobre la propiedad raíz;

k) Ley de 24 de Diciembre de 1891, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, que en su artículo 34, al hablar de las rentas municipales, en su letra b), ha­bla de un impuesto que no podrá exceder de 30/00 sobre los haberes muebles e inmuebles;

l) Ley de 6 de Diciembre de 1906, sobre reconstrucción de la ciudad de Valparaíso, que impone a los propietarios de bienes raíces diversos gravámenes tendientes a financiar aquellos trabajos;

m) Ley N.° 2,004, de 10 de Septiembre de 1907, que es­tablece gravámenes a los propietarios de Limache para, financiar la apertura, ensanchamiento y rectificación de sus calles;

n) Ley N.° 2,324, de 23 de Junio de 1910, aumenta en Santiago el impuesto a los inmuebles en un 1%, adicional;

o) Decreto‑Ley N.° 281, de 28 de Enero de 1915, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, repro­duce en su artículo 35, letra b), el impuesto de hasta un 30/00 sobre los inmuebles;

p) Ley N.° 2,999, de 5 de Marzo de 1915, que establece un impuesto adicional fiscal a la contribución municipal a que nos hemos referido (2 por mil en Santiago, Valparaíso y Viña), y 40/00 en el resto del país;

q) Ley N.° 3,091, de 13 de Abril de 1916, que establece que la propiedad territorial, edificada o no, los bienes mue­bles y los valores mobiliarios están afectos al pago de la contribución fiscal y municipal que ella establece; crea la Sección Haberes en la Dirección General de Impuestos In­ternos y encomienda a este servicio la nueva avaluación te­rritorial y la fiscalización de estos impuestos;

r) Ley N.° 3,930, de 2 de Junio de 1923, sobre Impues­to a la propiedad territorial, bienes muebles y valores mobiliarios, que modifica la ley recién mencionada, refundiéndose las disposiciones vigentes sobre esta materia por De­creto Supremo N.° 1,028, de 19 de Junio de 1923;

s) Ley N.° 4,174, de 5 de Septiembre de 1927, que junto con derogar todas las otras leyes sobre impuestos a los bienes raíces, establece uno anual de 40/00 sobre el monto del avalúo hecho por la Dirección General de Impuestos Inter­nos, más un impuesto adicional de 1/20/00, y otro impuesto municipal, anual, igual a un 20/00;

t) Ley N.° 4,440, de 13 de Octubre de 1928, modificato­ria de la anterior;

u) Ley N.° 4,527 de 14 de Enero de 1929, que eleva al 30/00 el impuesto municipal sobre los bienes raíces en San­tiago;

v ) Ley N.° 4,865, de 24 de Julio de 1930, que modifica, a su vez, la Ley N.º 4,174 ya citada;

w ) Decreto con Fuerza de Ley N.° 245, sobre Rentas Municipales, que al hablar de los ingresos ordinarios de las Municipalidades, habla, entre otros, del producto de un impuesto de 20/00 sobre el avalúo de los bienes raíces, y hace re­ferencia a un impuesto adicional sobre el mismo;

x) Decreto‑Ley N.° 593, de 9 de Septiembre de 1932, que grava con un impuesto de 30/00 a la primera transferencia a título oneroso, de todo bien raíz;

y) Ley N.° 5,054, de 11 de Febrero de 1932, y Decretos-Leyes N.os 155, 192, 225 y 463, de 7, 13 y 18 de Julio y de 22 de Agosto del mismo año, que modifican la Ley N.° 4,174, ya citada; y

z) Ley N.° 5,154, de 10 de Abril de 1933, que en su ar­tículo 16, establece un impuesto adicional de un 3,50/00 sobre el avalúo de la propiedad agrícola.

Creemos no poder terminar esta exposición de leyes, sin mencionar las Leyes N.os 5,274 y 5,314, de 30 de Septiembre y de 15 de Diciembre de 1933, que eximen del pago  de impuestos las compras de parcelas y bienes raíces por intermedio de la Caja de Colonización Agrícola y el pago de los mismos a los edificios en construcción que se terminen antes del 31 de Diciembre de 1935, respectivamente.

Asimismo, las Leyes N.os 5,644, 5,789 5,795; 5,804; 5,80 7 y 5,817, de 16 de Julio de 1935, de 10 y 16 de Enero y de 5 y 11 de Febrero de 1936, elevan el impuesto adicional que afecta a la renta de bienes raíces en diferentes pueblos y ciudades del país.

12. Impuestos a las herencias, asignaciones y donaciones.‑ Cábenos ahora, enumerar las diversas leyes que en esta materia han regido, señalando las características de las principales de ellas:

a) Ley de 28 de Noviembre de 1878, primera ley en su género en la historia tributaria chilena, que se entendió derogada en 1891 por no haber sido incluida en la ley que, enu­merando las contribuciones cuyo cobro se autorizaba, debía promulgarse cada 18 meses, de acuerdo con la Constitución Política de 1833. La ley en cuestión gravaba con un 1% las asignaciones o donaciones a descendientes legítimos; con un 2% las hechas a ascendientes legítimos, hijos y padres natu­rales; con un 3% las a cónyuges y hermanos legítimos o na­turales; con un 5% las de los otros colaterales, y con un 8% las asignaciones o donaciones a otras personas que las men­cionadas ;

b) Ley N.° 2,982; de 8 de Febrero de 1915, que, junto con derogar expresamente la ley anterior, eleva las tasas del impuesto;

c) Ley de 2 de Junio de 1923, que deroga a su vez la anterior y que aumenta casi al doble algunas de las tasas de la antigua ley;

d) Decreto‑Ley N.° 416, de 23 de Marzo de 1925, modi­ficatoria;

e) Decreto Supremo N.° 1,008, de 4 de Mayo de 1925, que refunde las disposiciones vigentes;

f) Ley N.° 4,113, de 25 de Enero de 1927, que modifica algunos textos del Decreto Supremo citado

g) Ley N.° 4,533, de 21 de Enero de 1929, que contiene las nuevas disposiciones sobre impuestos a las herencias, asignaciones y donaciones;

h) Decreto‑Ley N.° 119, de 30 de Mayo de 1931, modificatorio;

i) Decreto‑Ley N.° 364, de 3 de Agosto de 1923, que con­tiene las nuevas disposiciones sobre la materia en estudio; y

j) Ley N.° 5,427, de 28 de Febrero de 1934, que contie­ne el texto definitivo de los impuestos sobre herencias; asignaciones y donaciones, y que siendo la ley en. actual vigencia, establece en su artículo 2.° que el impuesto correspon­diente se aplicará sobre el valor líquido de la respectiva asig­nación o donación, con arreglo a la escala progresiva que ese mismo artículo contiene.

13. Otros impuestos fiscales.‑ Antes de comenzar la exposición de las leyes que contienen los diversos impuestos establecidos en beneficio de las Municipalidades, haremos una reseña de diversos impuestos fiscales, algunos de los cuales, dieron origen a actuales impuestos regionales:

a) Ley de 12 de Noviembre de 1874, que al legislar so­bre marcas de fábrica y de comercio, nacionales y extranjeras, las grava con $ 12 y $ 3, respectivamente;

b) Ley N.° 1,712, de 19 de Noviembre de 1904, que im­pone un gravamen de 2% sobre la primera prima y sobre los recibos de renovación de pólizas de seguros contra incendios;

c) Ley N.° 2,261, de 1912, crea una contribución anual de 20/00 sobre el monto medio semestral de los depósitos ban­carios;

d) Leyes N.os 3,232, 3,233 y 3,234, de 12 y 21 de Fe­brero de 1917, crean contribuciones de riego a cargo, de lea propietarios beneficiados con las obras de regadío que ellas promueven;

e) Ley N.° 3,324, de 6 de Diciembre de 1917, que crea fina contribución que deben pagar las Municipalidades (1/2% del total de sus entradas) a fin de atender a los gas­tos de fiscalización de sus cuentas;

f) Ley N.° 3,690, de 1.° de Diciembre de 1920, que eleva al 2,5% el impuesto creado por la Ley N.° 1,712, sobre pri­mera prima y recibos de renovación de pólizas de seguro contra incendios;

g) Decreto‑Ley N.° 367, de 18 de Marzo de 1925, mo­dificado por el Decreto‑Ley N.° 515, de 27 de Agosto del mismo año, sobre construcción, reparación y conservación de puentes, que estableció impuestos sobre las transferen­cias de animales en ferias, a la internación de bencina y pa­tentes adicionales a los vehículos para transporte de cargas;

h) Decreto‑Ley N.° 387, de 28 de Marzo de 1925, modificado por la Ley N.° 4,166, de 13 de Septiembre de 1927, que establece un derecho de matrícula para los alumnos de establecimientos de instrucción superior, secundaria, comercial y especial del Estado y un derecho de examen para los alumnos de la enseñanza particular;

i) Decreto‑Ley N.° 685, de 17 de Octubre de 1925, que establece impuestos sobre los productos de la pesca;

j) Decreto‑Ley N.° 794, de 23 de Diciembre del mismo año, que establece impuestos a los carbones y petróleos extranjeros;

k) Ley N.° 4,153, de 10 de Agosto de 1927, que crea un impuesto de $ 0.10 por cada telegrama que se envíe dentro del país, y de $ 0.40 por cada cablegrama;

l) Ley N.° 4,289, de 13 de Febrero de 1928, que estable­ce derechos de matanzas en los frigoríficos y graserías de Magallanes;

m) Ley N.° 4,912, de 18 de Diciembre de 1930, que jun­to con crear la Junta de Exportación Agrícola, establece un impuesto de $ 2 por quintal métrico de trigo o avena, mo­lido o chancado, en establecimientos industriales, y de $ 4 por quintal métrico de malta destinada a la fabricación de cerveza;

n) Decreto‑Ley N.° 119, de 30 de Mayo de 1931, que establece un tributo de $ 1 por barril de cemento de 170 kilos;

o) Decreto‑Ley N.° 281, de 10 de Agosto de 1932, que establece un impuesto complementario no inferior al 100/00 ni superior al 200/00 del valor de venta de los artículos cuya sobreproducción hubiere sido declarada por el Presidente de la República;

p) Ley N.° 4,807; de 28 de Enero de 1930, que contem­pla los impuestos que deberán pagar las personas que se aco­jan a los beneficios de Constitución de la Propiedad Aus­tral, ley que aparece modificada posteriormente por el De­creto‑Ley N.° 156, de 7 de Junio del mismo año;

q) Ley N.° 5,154, de 10 de Abril de 1933, que impone entre otros nuevos tributos, un impuesto complementario extraordinario a los beneficios excepcionales derivados del ejercicio del comercio (artículo 9.° y siguientes); y

r) Ley N.° 5,691, de 23 de Septiembre de 1935, que es­tablece gravámenes de 40/00 sobre el avalúo de las líneas aéreas y subterráneas de conducción y distribución de energía  eléctrica y de telégrafos y teléfonos; de las postaciones y canalizaciones respectivas; de las conducciones de gas y otros flúidos; de las líneas férreas, urbanas e interurba­nas, etc.

Nos hacemos un deber en manifestar que, en estas lar­gas clasificaciones y enumeraciones, no hemos incluído diversos gravámenes creados por leyes cuyo objetivo inme­diato ha sido el financiamiento de sistemas o servicios de es­tricta Previsión Social.

B) DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES.‑ Antes de que se dictaran las leyes que fijaron la Organización y Atribuciones de las Municipalidades, fueron promulgadas diversas leyes que perseguían proporcionar a estos órganos del Estado los elementos necesarios para su desenvolvimien­to y la atención de las necesidades regionales en lógico creci­miento.

A continuación expondremos esas diversas leyes en una lógica clasificación por materias, para terminar refiriéndo­nos a los textos legales que, a la fecha, consultan los diver­sos gravámenes municipales:

1.° Leyes de sisa, esto es, gravámenes que se cobraban por cargas y carretas y carros cargados que entraban a los diferentes territorios municipales:

a) Ley de 1818, sobre cargas de carbón, leña y cal;

b) Leyes de 2 de Septiembre y 23 de Octubre de 1835, por las cuales se autoriza al Presidente de la República para otorgar a los constructores de caminos, puentes y ca­nales, derechos de peaje, pontazgos y navegación, por seis años, y para repartir la contribución llamada de serenos, que se cobraba a los vecinos de Santiago y destinarla al mantenimiento del alumbrado público:

c) Leyes de 10 y 12 de Agosto de 1850, por las que se establecen nuevas contribuciones de "sisa" a favor de las Municipalidades de Freirina, Vallenar, Elqui, Ovalle e Illapel;

d) Leyes de 26 de Junio, 3 de Agosto y 12 de Septiem­bre de 7 855, que autoriza a las Municipalidades el cobro de derechos de paje en los ríos; establece contribuciones so­bre cargas en beneficio de la Municipalidad de Los Angeles, y autoriza al Presidente de la República para que con­trate la construcción de caminos, puentes y canales, cediendo  a los empresarios la facultad de cobrar los derechos que corresponda, respectivamente;

e) Ley de 31 de Julio de 1860, que establece a favor de las Municipalidades nuevas contribuciones de "sisa", exceptuándose de ellas aquellas carretas y cargas de artículos de primera necesidad;

f) Ley de 1.° de Septiembre de 1865, que suprime las contribuciones especiales a que venimos refiriéndonos;

2.° Leyes sobre Patentes de Carruajes y Comercios:

a) Decreto‑Ley de 5 de agosto de 1824, que legisla so­bre impuesto de patentes sobre toda clase de comercios;

b) Ley de 30 de Agosto de 1833, nueva Ley sobre Pa­tentes, que declara libres de pagarla, entre otras, a las fábricas de licores y cervezas, y que concede a la Factoría de Especies Estancadas un 4% de premio por su recaudación;

c) Ley de 15 de Diciembre de 1843, que establece una contribución de $ 4 mensuales por cada carruaje de uso pú­blico de 2 y 3 asientos, y de $ 8 mensuales a los de más de 3 asientos, destinándose su producido a reparar y mejorar el piso de las calles de Valparaíso;

d) Ley de 7 de Octubre de 1852, que autoriza al Presi­dente de la República para establecer contribuciones sobre los establecimientos de diversiones públicas, a favor de los Municipios;

e) Ley de 20 de Septiembre de 1854, que distingue 5 clases de patentes de carruajes que trafican dentro de la­ ciudad;

f) Ley de 3 de Agosto de 1855, que crea el derecho so­bre patentes de carruajes en favor de la Municipalidad de Copiapó;

g) Ley de 31 de Julio de 1856, establece un impuesto de patentes sobre carruajes de uso particular a favor de la Municipalidad de Valparaíso;

h) Ley de 1.° de Octubre de 1859, autoriza al Presiden­te de la República para imponer, por dos años, una contribución sobre los establecimientos de diversiones públicas, a favor de las Municipalidades;

i) Ley de 24 ,de Noviembre de 1861, establece, por un año y a favor de las Municipalidades, diversas contribuciones sobre carruajes;

j) Ley de 22 de Diciembre de 1866, sobre Patentes pro­fesionales e industriales;

k) Ley sobre Policía Rural, de 1881, que para su fi­nanciamiento, establece una contribución igual a la paten­te fiscal o municipal a los establecimientos industriales o comerciales;

l) Ley de 1.° de Agosto de 1888, por la que se cede a las Municipalidades el impuesto de patentes;

m) Ley de 24 de Diciembre de 1891, sobre Organiza­ción y Atribuciones de las Municipalidades, que, al hablar de las rentas municipales en su artículo 34, considera como tales: a las provenientes del expendio de tabacos y bebidas alcohólicas y a las del impuesto de patentes sobre profe­siones e industrias;

n) Ley de 11 de Agosto de 1892, que establece la con­tribución de patentes para los negocios en que se vende al público bebidas destiladas o fermentadas;

o) Ley N.2 1,611, de 12 de Septiembre de 1903, que es­tablece contribuciones sobre patentes de vehículos en la ciudad de Santiago;

p) Decreto‑Ley N.° 281, dé 28 de Enero de 1915, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, en su artículo 35, establece que “las rentas municipales se com­ponen: e) de un impuesto sobre el expendio de tabaco y be­bidas alcohólicas; y d) de un impuesto sobre patentes pro­fesionales e industriales”;

q) Ley de 27 de Diciembre de 1916, que dispone que “El ejercicio de toda profesión oficio, comercio o arte, es­tará sujeto a un impuesto de patente municipal”, según la clasificación que esa misma ley hace;

r) Decreto‑Ley N.° 245, de 1.5 de Mayo de 1931, señala como rentas municipales, entre otras, aquellas provenien­tes del cobro de patentes de minas, perros, vehículos, profesionales, comerciales, industriales y de alcoholes;

3.° Impuestos o derechos municipales sobre mataderos:

a), Ley de 24 de Julio de 1834, que establece un im­puesto sobre consumo de ganado vacuno y lanar, a benefi­cio de las Municipalidades;

b) Ley de 20 de Julio de 1843, que establece una con­tribución de un real por cada cabeza de ganado vacuno que se beneficie en el Matadero de La Serena;

c) Ley de 2 de Julio de 1852, impone nuevos derechos de matadero a favor de la municipalidad de Valparaíso;

d) Ley de 25 de Agosto de 1866, que autorizó para cobrar derechos, en los Mataderos públicos que establecieren los Municipios;

e ) Ley de Municipalidades de 24 de Diciembre de 1891, que en su artículo 34, al referirse a las rentas municipales, dice que éstas provienen, entre otros, de las multa y cualquiera otra clase de entradas, concepto que envuelve los derechos que sobre mataderos podían cobrar los Muni­cipios, de acuerdo con la Ley de 1866, ya citada; y

f) Decreto‑Ley N.° 245, de 30 de Mayo de 1935, sobre Rentas Municipales, que menciona entre éstas a las que provienen del impuesto de mataderos (hasta $ 0.03 por kilo de animal que se beneficie).

Para terminar esta materia, debemos manifestar que de acuerdo con el Decreto con Fuerza de Ley N.° 245, y a ci­tado, artículo 33 y siguientes, las distintas Municipalida­des cuentan con los siguientes gravámenes para financiar sus presupuestos:

a) Impuesto sobre los bienes raíces, iguala un 20/00    so­bre el correspondiente avalúo de las propiedades que se en­cuentren dentro de sus límites jurisdiccionales, y un im­puesto adicional sobre los mismos;

b) Impuesto sobre los valores mobiliarios;

c) Impuesto de patentes, ya de minas, de perros, vehículos, o profesionales, comerciales, industriales y de alcoho­les, reglamentado este último en los artículos 115 y siguientes del Decreto Supremo N.° 114, de 8 de Marzo de 1938, que fijó el texto definitivo de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas;

d) Impuesto de Mataderos, que, como ya vimos, pueden ser de hasta $ 0.03 por hilo de animal vivo que se beneficie en esos establecimientos; y

e) Derechos municipales, esto es, prestaciones que es­tán obligados a pagar los particulares que obtienen de las Municipalidades alguna concesión o permiso, o que reciben algún servicio de las mismas (51) .

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