La razón de esto obedece al hecho
de que vender algo que no se ve resulta difícil de comprender,
la tendencia del usuario es adquirir el contenido, sin cuestionar el
proceso que la producción del bien involucró.
Evidentemente el precio de la transferencia
no sólo involucra lo que aparentemente se entrega, sino que todo
aquello que el proceso usó. En el proceso de producción,
ocurre una situación similar, donde la segmentación de
los costos se da bajo diferentes criterios, siendo quizás el
más común aquel que los separa en función de lo
que materialmente se incorpora y que se conoce como costo directo, y
aquello que se requiere pero que no es parte del proceso constructivo
y que se conoce como costo indirecto.
La internalización de este matiz tiene
etapas, y dependiendo del mercado, es posible que se asuma que, por
ejemplo, el costo indirecto del proyecto de arquitectura constituye
un valor vendible, situación que en los segmentos más
altos es frecuente, pero que en los más bajos no se entiende
y mucho menos valora, de allí que independiente de su presencia
y del costo que significa para el producto - el cual porcentualmente
es similar en ambos nichos – la sensibilidad del comprador se resiste
a pagarlo, luego se oculta para no desvirtuar la transacción.
Ejemplos de esta situación se muestran en la publicidad que,
cuando se orienta a productos para el segmento socio económico
AB, destaca al proyectista, y cuando lo hace para los tramos C3 y D,
no lo menciona, evidentemente en un caso se apela al valor que el diseñador
aporta a la producción y que se transmite como precio, en el
otro escenario sólo es un costo.
Esto que pareciera una cuestión común
a muchos bienes de consumo masivo, para los productores puede llegar
a constituirse en una barrera en el acceso a financiamiento, ya que
la posibilidad de señalar en cada proceso en forma pormenorizada
cada una de las fuentes de costos suele resultar extenso y más
aún difícil de entender, sobre todo porque las incidencias
individuales resultan de todas las magnitudes.
Más complejo aún es estimar
y declarar costos que ocurren en el proceso y que, o son propios del
ejecutante, o dicen relación con el entorno, en ambas situaciones
y desde la perspectiva del productor, la actitud es que ante la posibilidad
de ocurrencia, situación evidentemente de riesgo, la manera de
resolverla es cargándola en la tasa de descuento, y es allí
precisamente donde la competencia por la financiación hace que
el sector pierda posición, porque es sabido que la expresión
de riesgo de los proyectos se incorpora en la tasa de descuento que
se les exige, luego a mayor tasa de descuento mayor riesgo, por lo tanto
conseguir financiamiento resulta más difícil ya que los
inversionistas privados requieren certeza y en tiempos de crisis son
fundamentalmente adversos al riesgo, además que los inversionistas
institucionales responden a gran número de asociados por lo que
independiente de su percepción ante el riesgo, desde el punto
de vista normativo requieren de certidumbre.
Si en la competencia por la financiación,
uno de los matices es la alta tasa de descuento y si sabemos positivamente
que una de sus causales es la presencia de costos ocultos, una forma
de competir en igualdad de condiciones con otras áreas de la
producción es logrando identificar y cuantificar las fuentes
de costos ocultos de manera que al aislarlas se puede fijar la verdadera
tasa de descuento, que indudablemente resultará menor y por consiguiente
más competitiva.
Costos atribuibles al entorno
Si analizamos el problema desde la perspectiva
del entorno podemos identificar como fuentes de costos la interacción
de la producción inmobiliaria con el aparato regulador público
representado por las Direcciones de Obras Municipales, las Secretarías
Regionales Ministeriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la
División de Desarrollo Urbano del mismo Ministerio. La primera
instancia indispensable para el inicio del proceso constructivo y para
su posterior recepción, las otras con participación variable
dependiendo de los casos y situaciones que en el proceso se dieren.
La secuencia de acciones indica que, previo
a cualquier ejecución, es necesario contar con el permiso de
edificación y este, que está normado en cuanto a los antecedentes
que requiere para su aprobación, también está normado
en el plazo en que se debe fallar. Sin embargo, y por múltiples
razones derivadas de los recursos con que los Municipios cuentan, de
la capacitación de sus funcionarios, de los eventos que se generan
en la interacción con otras instancias de poder o de interés,
de las expectativas de la comunidad, de las coyunturas -que hacen que
en determinadas ocasiones se produzcan situaciones que desvían
la atención a problemas puntuales y explosivos como ha sido en
el último tiempo la dedicación a la Ley 15.583 que permite
regularizar edificaciones bajo ciertas garantías fiscales-, y
también, en alguna medida, por la constante y variable interpretación
y discrecionalidad en la aplicación de las normativas generadas
en cada uno de los organismos públicos, los plazos no se cumplen,
situación que conlleva a atrasos en los inicios, los que se traducen
en mayor tiempo y, por lo tanto, mayor costo ya que la inversión
-que a lo menos en terreno y proyectos ya está realizada- demorará
más tiempo en ser recuperada y para el inversionista significará
pérdida de valor de su capital producto de tenerlo inmovilizado.
Esta circunstancia genera que en una primera
instancia aumente el período de vida del proyecto, lo cual también
incurrirá en mayor gasto producto de la espera a la puesta en
marcha de la producción, indudablemente este mayor costo se transmite
y termina pagándolo el que adquiere el bien.
Las estimaciones de atraso en el inicio de
proyectos como consecuencia del otorgamiento del permiso de edificación
varían en tiempo dependiendo del Municipio en que se tramite
y de las características de los proyectos, pero lo prácticamente
estándar dado por el seguimiento de casos en distintas localidades
y períodos de tiempo fluctúa entre uno y ocho meses y
que independiente de los causas que los justifican, en rigor afecta
al precio final del producto.
La contribución de este ítem
a la tasa de descuento es posible de medir al considerar el efecto que
cada mes adicional provoca en el período de vida del proyecto,
teniendo en cuenta que se produce al inicio del proyecto, ocasión
en que las unidades monetarias son más incidentes en el efecto
de los resultados de termino.
La estimación estadística nos
entrega como valor medio en los extremos de uno y ocho meses adicionales
un diferencial de 0,8049 y 5,6379 repercutibles en la tasa de descuento,
efectos muy fuertes independiente del tipo de producto y que llevados
a precio hacen que los bienes se transen a valores incrementados por
un concepto que no es propio del sistema productivo y menos aún
de las intenciones del área de negocios, es absolutamente consecuencia
del medio y su ineficacia.
Cabe entonces preguntarse como promotor inmobiliario,
asumiendo que es este el escenario, ¿cuál debiera ser el norte?
Evidentemente demostrar la falencia pero, en el intertanto, asumir el
peor de los escenarios, e independiente de la localización y
de la experiencia en la tramitación, resulta más seguro
asumir el peor; ahora, si no se da, el excedente permite aumentar las
posibilidades de éxito en la comercialización con estímulos
factibles de asumir para enfrentar a la competencia, o enfrentar con
recursos los períodos de error entre lo planificado y lo ocurrido
en el proceso de venta, o en tiempos de crisis mejorar la oferta a través
de descuentos y rebajas o diseñar modelos alternativos a la venta
que permiten alargar el período de vida del proyecto sin perjudicar
el retorno esperado. Evidentemente en tiempos de plena competencia obtener
excelentes rentabilidades capaces de atraer a múltiples inversionistas,
claro que desde la perspectiva del productor; pero para el demandante
la situación genera un pago superior al costo y su adecuada retribución.
Pero, el agente público también
interactúa al final del proceso productivo con ocasión
de la recepción de las obras, instancia indispensable para los
efectos de formalización y legalización de las ventas
y transferencias, circunstancia que permite percibir los ingresos por
concepto de créditos y subsidios estatales si los hubiere, ambos
factores determinantes debido a que la mayoría de las operaciones
se realizan a través de algunos de los sistemas de crédito
que el sistema financiero ofrece, y es en esta circunstancia cuando
los atrasos y las incompatibilidades entre lo planificado y lo que en
el ejercicio ocurre afecta con mayor fuerza al flujo de ingresos del
proyecto.
El rezago en el pago de los créditos
hipotecarios es de alrededor de treinta días y en caso de los
subsidios tres meses, estas son cifras conocidas y aceptadas, la dificultad
se produce con las fechas aleatorias en el atraso de la recepción
y que varían en los distintos Municipios y en la mayoría
de los casos obedecen a solicitud de nuevos requisitos que técnicamente
son posibles de cumplir, pero sin embargo involucran tiempo y, por lo
general, son aceptados independiente de la pertinencia, el problema
más grave que se pretende evitar son las pérdidas financieras.
Esta suerte de conformidad con las medidas
obedece a que las instancias de reclamaciones son, por lo general, de
mediano y largo plazo que, si bien resuelven la discusión técnica,
no consideran la pérdida financiera producida, debido a lo extemporáneo
del resultado.
Como es evidente, en la medida que las dificultades
tengan consecuencia en las diferentes épocas del proyecto, el
efecto sobre la inversión suele ser distinto, en los comienzos
de la operación la inversión realizada corresponde por
lo general a terreno y proyectos, ambos financiados con recursos propios
– por lo tanto más caros – pero cuando ocurre al término
de la etapa de construcción - ocasión de la recepción
– la financiación también ha sido con partes de créditos
que, mientras no se amorticen, generan intereses que, a pesar de ser
calculados como costos, el sobredimensionamiento puede convertirlos
en una carga excesiva.
Fuerte es también la cuantificación
de la inversión realizada a cada fecha, para los efectos de solicitud
de permiso municipal, la inversión se acerca como media al 20%
de la inversión total, con ocasión de la recepción
se esta casi en el 85% de la inversión total, luego independiente
de la estimación porcentual del efecto, la gravedad es mayor
porque se produce en un instante en que no existe opción de retorno,
y menos aún de abandono. La magnitud del efecto arroja una media
de 7.46% para el primer mes, cifra que crece exponencialmente.
Un efecto de carácter secundario,
pero no menos importante, es el de los compromisos asumidos en la venta
en verde, instancia en que se ha establecido fecha de entrega y se ha
estructurado el pago del pie en cuotas que recogen ese dato, lo normal
es establecer penalizaciones a los incumplimientos, luego el atraso
en la recepción podría afectar también este flujo,
la incidencia en estos casos es muy baja y bordea 0,2% por cada tres
meses de atraso, para venta en verde de hasta un 50% distribuido de
acuerdo a la función normal. Ahora un efecto no cuantificado
pero recientemente descubierto es el producto del incumplimiento en
la fecha de entrega afecta a proyectos futuros de la compañía,
haciendo que la negociación de los contratos de venta anticipada
para nuevos proyectos se les exija mayores garantías producto
de la experiencia anterior.
A la inversa cuando estos tramites suelen
ser efectivos y acogidos a plazo, la entrega anticipada es una ventaja
que la compañía resalta y que le permite potenciar acciones
futuras.
Costos atribuibles a la estructura organizacional
Pareciera ser que los costos atribuibles
a la organización de la empresa son lo que se entiende por gastos
generales y que corresponden fundamentalmente a los servicios que requiere
el proyecto y que se expresan en un porcentaje de los costos directos
e indirectos, este factor suele tener gran variabilidad dependiendo
del tipo de empresa y su estado de afiatamiento en el tiempo y en la
producción, es normal encontrarse con el hecho de que empresas
que llevan bastante tiempo elaborando un tipo de productos en una determinada
localización el precio de sus servicios sea constante y ajustado
a valor entre el 2% y el 3% del presupuesto, cifra que llega hasta el
7% cuando se trata de empresas que recién se incorporan a un
determinado mercado.
Las razones de la variabilidad suelen ser
atendibles y representan el costo de lo desconocido, ahora la cuestión
que no parece ética es que al comparar dos empresas en el mismo
nicho y con el sesgo de la experiencia entre ellas, ambas terminan vendiendo
a precio donde han transmitido a los usuarios su propia situación
– múltiples ejemplos encontramos en el área de renovación
urbana de la Comuna de Santiago, donde productos iguales el matiz de
1% y hasta 5% más baratos representa el conocimiento que se tiene
del negocio y de su estructura de costos. Resulta especial que el usuario
pague la incorporación del nuevo actor al mercado, lo ético
es que el precio este en el rango del más eficiente y que los
que no alcanzan ese precio asuman el costo de su incorporación
al mercado sin cargárselo a los demandantes.
En condiciones de competencia perfecta el
mínimo diferencial en el precio hace que los productores reordenen
su estructura, de lo contrario corren el riesgo de quedar fuera del
mercado; ahora, cuando la demanda está deprimida y la oferta
se mantiene, aquellos cuya estructura organizacional es más costosa
y por lo tanto implica mayor gasto, la única forma que tienen
de salir es castigando sus expectativas de rentabilidad, de lo contrario
son absorbidos por otros actores.
Pareciera entonces que el mercado de la producción
inmobiliaria privilegia a los actores consolidados y desincentiva a
los nuevos, cuestión que también es lugar común
de otras áreas de la producción, pero que al igual que
en ellas, es posible de romper en la medida en que la incorporación
se produzca con creatividad, con estructura dimensionada para el proyecto,
con proyección de largo plazo y fundamentalmente con claridad
de los matices del sector, esto es la clave para romper las barreras
de entrada que el nicho aporta y que obligadamente el recién
incorporado debe conocer.
Sabido es que frecuentemente las empresas
que se encuentran con capacidad ociosa tienden a disfrazar la incorporación
de ese lucro cesante a los proyectos en marcha, evidentemente encareciéndolos.
Por otra parte, y como en períodos de crisis la competencia suele
ser mucho más dura, las empresas que están recién
partiendo con estructuras bastante más simples y pequeñas
y que no tienen el trauma de los despidos desde el punto de vista financiero,
la posibilidad de adaptación y competitividad las hace más
eficientes y les permite romper la barrera de entrada con precio, cuestión
que consiguen nada más que porque la competencia aumentó
su tasa al estimar posibles mayores costos por la reserva de justificación
de mayores gastos generales.
En el escenario de demandas deprimidas y
dificultad de acceso a financiamiento, poder establecer fehacientemente
la tasa de descuento del proyecto evitando los sobredimensionamiento
suele ser una oportunidad y una especial situación que permite
la incorporación de empresas a mercados que en escenarios normales
resultaría muy difícil.
La magnitud de la variable costo oculto producto
de la organización es tan diversa como el tipo de empresa que
analicemos y en la temporalidad del análisis; sin embargo la
vía más clara de aproximación se da en la declaración
de las partidas de imprevistos que habitualmente responden a cifras
estudiadas por la empresa y que de alguna manera reflejan sus niveles
de competitividad.
Del análisis de varias empresas agrupadas
por tamaño, experiencia y "marca", entendiendo por
tal el estilo de productos que entregan, se pudo deducir que la injerencia
de este factor representa en la menor rentabilidad entre el 2,5% y el
35,7% - este último valor resultó del análisis
de un negocio en que la rentabilidad esperada es muy alta (356%) producto
de la forma de financiamiento y de las condiciones de venta en el instante
de la evaluación, en cualquier caso constituye una excepción
en los casos estudiados, en ellos la media se encuentra alrededor del
3,5 como factor de incidencia en la tasa que se exige a los proyectos.
Otra fuente de costo oculto y asociado a
la organización es el que hemos llamado de la planificación,
y que dice relación con el tiempo, los recursos y la oportunidad
con que se estudian las decisiones de inversión inmobiliaria;
existe una máxima que estima necesario el estudio de la mayor
cantidad de variables que incorporan precio en el producto como una
manera de aislar las sorpresas de la improvisación, esto que
evidentemente es beneficioso tiene como dificultad, asociada el tiempo
que toma cada estudio, que puede transformarse en una carga financiera
muy alta, o lo que es peor, puede que signifique quedar fuera del negocio
por una cuestión de oportunidad.
Lo normal es que al evaluar los proyectos
inmobiliarios se considere como fuentes de costos aquellas que se inician
con la adquisición del suelo y de allí en adelante se
calendarice cada uno de los eventos de la producción, dejando
afuera el estudio y todas las tramitaciones que llevaron a decidirse
por ese suelo, la razón de no colocarlo es, en la mayoría
de los casos, por estimarlo bajo, además, porque su incorporación
en alguna medida representa la estructura de análisis de la empresa,
tema que en algunos escenarios puede llegar a constituirse en su principal
estrategia.
La cuantificación de la variable se
encuentra entre el 0,5 y 3 de la tasa y se estima que debe tener un
incidencia de alrededor del 1, lo que permite traducirla directamente
en costo que aporta valor al proyecto, porque el eliminarla tendría
repercusión en otros factores, como por ejemplo el de imprevistos,
pos venta, o el que es peor mayor período de ventas.
Costos ocultos producto de la gestión
En el proceso de llevar a termino un proyecto
inmobiliario hay actores que intervienen en la interacción con
el medio y en la ejecución del producto, en ambos ambientes hay
sensibilidades que pueden incorporar precio que justifique responder
adecuadamente a los compromisos de plazos de entrega y de calidad. Los
que dicen relación con pagos no declarables que permitan avanzar
en los procesos, en nuestro medio no son conocidos como media estadística,
y es más, son muy poco mencionados y menos aún denunciados,
lo que nos hace suponer que constituyendo una amenaza aún no
representan un factor a estimar, cuestión que sí ocurre
en otra localizaciones.
En el ámbito de la "gestión"
la variabilidad de información que entregan las distintas empresas
estudiadas es enorme y tiende al concepto de "caja negra", donde aparentemente
representa una serie de cuestiones que pueden pasar y que no son parte
del ítem "imprevistos" que se asume ligado a la construcción
propiamente tal, además de que los eventos que asume son controlados
directamente por el promotor y que representan la responsabilidad del
primer propietario, responsable legalmente de la producción correcta
del bien. Es frecuente encontrarse con que el ítem "pos venta"
es parte del área gestión, que también lo son los
eventuales conflictos que existiesen con posterioridad a la transferencia,
además de una serie de detalles menores como la implementación
de la administración en la primera etapa en que aun no han sido
transferidas todas las unidades.
En la práctica, es tremendamente variable
en su formulación y representa alrededor de 3,0 de la tasa de
los cuales a lo menos 1,5 son evitables si durante el proceso de ejecución
se mantienen los controles que establece la normativa.
Ajuste de tasa de descuento
La síntesis de los datos recogidos
permite señalar las medias descritas por sector, el efecto promedio
sobre la tasa hace que los costos ocultos estudiados impongan como media
entre un 7,5 y 9,5 puntos de incidencia sobre la tasa, cifra que permite
comprender las exigencias de tasa con alrededor de 10 puntos sobre otros
negocios. Ahora, y dado que el medio está acostumbrado a esta
forma de enfrentar la producción, es un tanto complejo insistir
que la producción inmobiliaria tiene un costo mayor que en el
que en el papel aparece, y con la teoría exclusiva del riesgo
– que no desconocemos – la posibilidad de competir por los recursos
se hace cada vez más difícil.
Transparentar la información también
puede producir una variable más de competencia, y lo que es peor,
competencia en que el factor de diferenciación es la inoperancia
externa o interna, cuestión a la que evidentemente los actores
del mercado no están dispuestos a enfrentar, a no ser que sean
líderes y, por consiguiente, el efecto no les produzca daño.
Noviembre de 2000.
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