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PROYECTO DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL SECTOR PUBLICO, MUNICIPALIDADES Y UNIVERSIDADES ESTATALES

Las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público, representados por:

Agrupación de Empleados Fiscales. ANEF

Asociación Nacional de Funcionarios de La Junta de Jardines Infantiles. AJUNJI

Agrupación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile. FENAFUCH

Agrupación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales. ANTUE

Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile. ASEMUCH

Colegio de Profesores Asociación Gremial

Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada. CONFUSAM

Confederación Nacional de Asoc. de Funcionarios de Educ. Municipalizada de Chile. CONFEMUCH

Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud. CONFENATS

Departamento de Salud Federación de Colegios Profesionales.

Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile. FEDAUECH

Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. FENPRUSS

Todas ellas coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y sin perjuicio de la autonomía de cada organización para mantener el desarrollo y presentación de sus agendas específicas con los Ministros que corresponda, presentan a las autoridades de gobierno las reivindicaciones centrales de los Trabajadores del sector para ser tratadas en la Negociación del presente año.

INTRODUCCIÓN.

Las organizaciones gremiales que representan el universo de funcionarios de la Administración Pública, en conjunto con el Departamento del Sector Público de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presentan su Proyecto de reajuste de remuneraciones y mejoramiento de condiciones laborales para el periodo diciembre 2000 - noviembre 2001, ante el tercer gobierno de la Concertación Democrática, con la mejor disposición de construir un acuerdo donde los intereses de los funcionarios públicos sean verdaderamente escuchados, reflejándose ello en cifras y leyes que expresen el compromiso de equidad y justicia social enarbolado por quienes nos gobiernan.

Para los trabajadores públicos no es menor que se inicie el tercer Gobierno de la coalición que con nuestro compromiso y movilización desplazó a la dictadura militar, reconocemos el avance obtenido en el ámbito de las libertades públicas y en general en el marco de la democracia política, pero no podemos dejar de señalar las gravísimas insuficiencias en el plano de la democracia económica, desafío pendiente que consideramos es responsabilidad del nuevo Gobierno superar desde el comienzo de su gestión.

Entendemos que Trabajadores y Gobierno rechazamos el modelo neoliberal, el que además de demostrarse incapaz de sostener tasas de crecimiento permanentes en el tiempo y de resolver con éxito las crisis económicas - externas o internas - mantiene y acrecienta una regresiva distribución del ingreso donde cada vez son menos los que tienen más y más los que tienen menos. En consecuencia demandamos un rol más activo del Estado para avanzar en la transformación del modelo económico, a través de políticas en favor de los sectores de menores ingresos, así como de regulador del quehacer de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

La negociación pasada estuvimos dispuestos a construir un acuerdo con el Gobierno, en el entendido que nuestra actitud contribuiría a revertir la situación de contracción económica, facilitando con ello un reajuste mayor cuando la economía iniciara su fase de crecimiento, pues bien, las proyecciones de crecimiento presentadas por el propio Ministerio de Hacienda para el año 2001 ascienden a un 6,2%, junto con un aumento de los ingresos tributarios netos en un 10,9% real. En consecuencia es hora de cumplir los compromisos adquiridos.

Es imprescindible que esté presente en las conversaciones sobre el reajuste de remuneraciones el alza del costo de la vida, el que habrá deteriorado nuestros ingresos, en doce meses, en a lo menos un 4,6% a fines del presente año. Entendemos que a partir de este parámetro iniciamos la discusión, a la cual ineludiblemente deben agregarse el incremento de la productividad y un componente de equidad que vaya haciendo realidad el programa de Gobierno que la mayoría de los trabajadores apoyamos.

Finalmente expresamos nuestra disposición a iniciar las mesas de negociaciones en el más breve plazo, reiterando nuestro permanente espíritu de construcción de acuerdos que salvaguarden los intereses de los funcionarios y del conjunto de los trabajadores del país.

I. AREA ECONÓMICA

1.1 Reajuste de 3,9 % real, vale decir sobre el IPC acumulado en el año 2.000

Partiendo de la base que la inflación acumulada para el presente año se estima en 4,6%, y que los Ingresos Corrientes del Gobierno han aumentado importantemente respecto del año anterior, los trabajadores del Sector Público solicitamos un reajuste del 3,9 % real, vale decir un 8,5% nominal, cifra que se fundamenta sobre la base de una inflación para el año 2000 del orden de 4,6%, más el incremento de productividad media del trabajo par el mismo año en 2,7% y un componente de equidad de un 1,2%, fundamentado, este último, en la deuda histórica que el Estado tiene con los Trabajadores Públicos, derivada del fuerte deterioro de sus ingresos en la década del 80.

1.2 Se solicita un ingreso mínimo por planta de:

1.3 Valores Beneficios. (Línea de corte: $ 300.000 líquidos sobre haberes permanentes a Diciembre del año 2000)

BENEFICIOS	INGRESOS < 300.000	INGRESOS > 300.000
Aguinaldo Navidad	24.926	13.886
Aguinaldo Fiestas Patrias	32.704	23.920
Escolaridad	45.706	33.835
Ley 249 art. 23	56.387	56.387
Bono de Termino Negoc.	52.406	24.955

1.4 Beneficios Compensatorios.

Bono Mensual de Movilización.

El excesivo y sostenido incremento del pasaje de locomoción colectiva, medio esencial para el traslado de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos a sus reparticiones, ha deteriorado considerablemente el ingreso de los trabajadores, por lo cual está más que justificado el pago de un bono mensual de movilización de a lo menos $ 3.000, a partir del 1º de diciembre del presente año.

II. AREA SOCIAL

CAPACITACION:

2.1 Becas

Se debe plantear el aumento en el nº de Becas otorgadas en años anteriores de 500 a 1.000, debiendo estipularse, además, que del total un 50% debe beneficiar a funcionarias.

Modificación del reglamento de asignación de becas elaborado por MIDEPLAN con participación de las organizaciones gremiales, tanto en las modificaciones reglamentarias como asignación de las Becas de Pos Grado. Debe establecerse en la propia ley el reemplazo del funcionario beneficiario de la beca tanto para el caso de directivos como para el caso de los profesionales no directivos. Estudiar la ampliación de beneficiarios en conjunto con las organizaciones gremiales. Incluir en los postulantes a becas de pos grado a los funcionarios, municipales

2.2 Capacitación

Siendo la Capacitación un aspecto fundamental en el proceso de Modernización del Estado, solicitamos un esfuerzo conjunto del Gobierno con nuestras Organizaciones Gremiales para fortalecer los Comités Bipartitos de Capacitación, aumentar los recursos para estos efectos y velar por su oportuna ocupación por parte de los Funcionarios Públicos.

Adicionalmente demandamos un incremento en el Fondo de Capacitación Sindical, ello fundamentado en la inclusión de las PYMES como demandantes de recursos, o en su defecto la exclusión de estas Empresas de Fondos cuya naturaleza no es otra que la Capacitación Sindical.

2.3 Asignación Especial (Técnica)

(Pendiente)

SALUD

2.4 Reforma de Salud

Los trabajadores del Sector Público conscientes de la necesidad de realizar una profunda reforma en el Sector Salud, demandan del Gobierno que las bases de esta Reforma se inspiren en un modelo de salud solidario, equitativo y universal, que fortalezca el Sistema Público de Salud, desterrando políticas neoliberales como las impulsadas por el Banco Mundial que consagran la salud como una mercancía. En síntesis como funcionarios y como usuarios del sistema público de salud reclamamos rescatar el tema valórico en el campo de la salud, como un derecho básico del conjunto de la población, asegurado por el Estado.

2.5 LEY 19.086

Los beneficios de la Ley 19.086 deben ser ampliados a toda la Administración del Estado, es decir, todo funcionario público, FONASA grupos C y D, debe tener gratuidad en la modalidad de atención institucional.

2.6 LEY 16.744

La aplicación plena del a Ley de Accidentes del Trabajo y enfermedades Profesionales dista mucho de la realidad imperante en el ámbito público. Ello nos obliga a exigir al gobierno la toma de medidas que permitan aplicar en todas las normas que dicho texto legal contempla para la protección de los trabajadores.

Consideramos además que es necesario revisar dicho texto legal a fin de adecuarlo a las nuevas realidades tecnológicas que han generado condiciones de trabajo distintas cuyas expresiones en términos de Salud Ocupacional no están contempladas en la Ley vigente.

2.7 Ley de Trabajo pesado.

En diversas actividades de la función pública se realizan actividades comprendidas dentro de esta normativa legal, cuya cobertura no es exclusiva para tareas físicas pesadas, incluyendo aspectos de orden psicológico y otros riesgos asociados al trabajo pesado. Esta ley debe ser aplicada, por tanto, a distintas actividades que conllevan un mayor desgaste, como por ejemplo, aquellas funciones que se realizan en turnos nocturnos.

2.8 Licencias Médicas.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, reaccionó a las denuncias formuladas por un medio de comunicación respecto de fenómenos de corrupción y/o abusos con las Licencias Médicas, dando a conocer un documento Guía Referencial el que entre otros criterios, define el N° de días de reposo que los profesionales deberían conceder por enfermedad a las personas que atiendan.

Esta decisión gubernamental de pretender imponer una Guía Referencial, que en la práctica operará como norma, concita un amplio y marcado rechazo entre las organizaciones representativas de los trabajadores, quienes a lo largo de la historia han visto reiteradamente cuestionado y conculcado su derecho al reposo en caso de enfermedad, tanto por parte de los seguros público y privados de salud, como por sus empleadores.

Basado en lo anterior, la Mesa del Sector Público propone al Gobierno:

1.- Terminar con los tres días de carencia establecidos por la legislación vigente a fin de que todo trabajador reciba su remuneración íntegra por el total de días de reposo concedidos en la Licencia Médica que le sea otorgada.

2.- Crear un organismo fiscalizador independiente para un mejor control sobre el uso de la Licencia Médica y para terminar con el abuso que las administradoras de seguros de salud hacen amparándose en la legislación vigente.

BIENESTAR

2.9 Extensión al conjunto de los funcionarios públicos.

Los servicios de Bienestar pueden tener un rol significativo respecto de mejorar las condiciones socioeconómicas del trabajador y su grupo familiar. Es por ello que, junto con solicitar los incrementos en la asignación a los Servicios de Bienestar, se nos hace prioritario plantear al gobierno la exigencia de que tales servicios beneficien a toda la Administración del Estado.

En el caso de las Universidades Estatales, además de la obligación del empleador universitario de cotizar el 1%, reclamamos la devolución íntegra de la deuda contraída por las distintas Corporaciones para con sus respectivos Servicios de Bienestar por este concepto. Con la misma fuerza exigimos que la dependencia de dichos servicios vuelva a la Superintendencia de Seguridad Social.

PREVISIÓN

2.10 Reparación al daño previsional.

La Comisión Previsional de la Mesa del Sector Publico, ha recepcionado diferentes propuestas y estudios que demuestran fehacientemente el daño previsional de un numeroso sector de Trabajadores públicos traspasados a las A.F.P.. en edad de jubilarse, que no lo hacen por la merma sustancial en sus ingresos por su bajo Bono de Reconocimiento y Subcotización de imposiciones hasta el año 1993. Es por esta razón que la Mesa de Presidentes ha estimado conveniente demandar del Gobierno la constitución de una Comisión Bipartita Gremios-Gobierno para la búsqueda de la Reparación al Daño Previsional sufrido por estos trabajadores, a partir de la negociación del presente año.

2.11 Plan de Retiro Especial

La situación de miles de funcionarios en edad de jubilar o cercana que no se deciden a pasar al sector pasivo se explica por las miserables pensiones que recibirían en caso de retirarse, situación que como es sabido, entraba el desarrollo de la carrera funcionaria de sus pares. Siendo de interés compartido con el gobierno, solicitamos que la modalidad de cálculo definida por la Ley 19.504, sea ampliada al resto de la Administración del Estado.

Una segunda vía a explorar consiste en legislar que por una sola vez, y para el solo efecto jubilatorio, los funcionarios que hubieren estado previamente, puedan retornar al INP. En particular aquellos casos en que el Bono de Reconocimiento se calculó considerando solamente el sueldo base deben recibir el monto faltante que se debe calcular considerando la totalidad de la remuneración percibida.

2.12 Asignación familiar

Partiendo de la base de que todos los niños son iguales ante la ley, del miserable monto actuales de la asignación familiar, junto con exigir que para el cálculo del beneficio se consideren solamente las remuneraciones imponibles, solicitamos que a partir del presente año, cada funcionario con ingresos imponibles inferiores a $ 800.000, reciba $ 12.500 por carga familiar.

2.13 Programa viviendas PET.

Bonificación especial del Gobierno, en el subsidio habitacional PET y flexibilización en la exigencia de rentas mínimas para los funcionarios públicos.

III AREA LABORAL

3.1 Votaciones.

En la ley o Reglamento, según corresponda, debe quedar claramente establecido el número de candidatos por los que debe votarse, ello en relación al número de cargos de la organización.

3.2 Capacitación.

En la Capacitación reconocida a los funcionarios debe incluirse, para efectos de carrera o valoración dentro de sus pares, la capacitación en el área sindical realizada como parte integrante de una organización. Su fundamentación esta dada por el desarrollo en el área de trabajo sindical, dentro del cual está la capacitación específica para el mejor desempeño como representante de los trabajadores. Actualmente esto va en desmedro de su categoría funcionaria, por el hecho de no ser prioridad en las capacitaciones realizadas en su lugar de trabajo o por la imposibilidad de participar de ellas al estar realizando las funciones propias de la investidura de su cargo gremial.

3.3 Turnos de trabajo

Hay que implementar una forma de cálculo de las remuneraciones del trabajador previo al desempeño como dirigente, con el fin de impedir las disminuciones de éstas al no realizar turnos de noche o festivos, por motivos propios del desempeño de su cargo de dirigente gremial.

3.4 Calificaciones

Reglamentar el lugar que tiene el dirigente, dentro de sus pares, durante el periodo que permanezca ejerciendo el cargo y por lo cual no se califica. Esto para resguardar la igualdad de condiciones al momento de avanzar en la carrera funcionaria.

IV. AREA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El estado Chileno y particularmente el Gobierno es un empleador significativo que ocupa el 5,7% de la fuerza laboral del país, la cual es predominantemente femenina ya que las mujeres representan el 56% del total de los trabajadores públicos. La invisibilidad de esta presencia mayoritaria de las mujeres ha hecho que las relaciones laborales en el empleo público sean injustas y que se reproduzcan en su interior las mismas discriminaciones que afectan a las mujeres en el ámbito laboral privado.

Así, las trabajadoras del estado perciben para todas las categorías y para todas las edades salarios inferiores que los varones cuya diferencia alcanza hasta un 30%, en cada escalafón las mujeres se concentran en los grados más bajos, especialmente en las áreas y servicios de acción social como salud y educación, que son los más mal pagados, siendo allí casi un 70% del personal; el riesgo de pobreza de las mujeres es mayor ya que a los bajos salarios se agrega el alto porcentaje de jefas de hogar que alcanzan hasta un 40% en salud y educación, así como en la Ajunji, INP, universidades estatales, municipios etc. Esta situación hace reproducir el círculo de pobreza ya que a futuro significa una tercera edad de pensiones y jubilaciones miserables y en muchos casos hasta indigencia.

La doble jornada de trabajo limita el acceso igualitario a mayores oportunidades laborales, las mujeres corren todo el día para poder cumplir con el horario, las tares de la casa y extensas jornadas de trabajo, viéndose tensionadas por las responsabilidades del hogar que también recaen en ellas. Todo esto influye negativamente en su carrera funcionaria, desde su ingreso a los servicios, en los procesos de selección, en sus posibilidades de capacitación, en asumir cargos de mayor responsabilidad y en su participación en las organizaciones gremiales.

Las mujeres se concentran en los niveles medios con representación deficitaria en los niveles altos y de toma de decisiones. En las plantas técnicas y profesionales las mujeres superan con creces a los varones: Son el 61,7% de los profesionales, el 84,8% de los técnicos y el 63% de los administrativos. Sin embargo solo el 2,5% están en las plantas directivas. La responsabilidad, prestigio y remuneración de los funcionarios la determinan los grados. El 70% de los hombres se concentran en los primeros 7 grados. Esta diferencia de ubicación entre hombres y mujeres repercute fuertemente en los salarios. La alta concentración de varones demuestra las grandes dificultades de ascenso y de promoción en la carrera funcionaria de las mujeres, aún teniendo más altos niveles de calificación que los varones.

Las normas de maternidad se cumplen mayormente en el sector, sin embargo, especialmente en regiones aún existen irregularidades y muchos niños no se han beneficiado del derecho a sala cuna, a lo que se suma que los hijos de funcionarios varones carecen de este derecho. Las mayores dificultades en el cuidado infantil se da en niños de edad preescolar y básica, siendo recurrente en muchos servicios la presencia de "niños funcionarios" que deben acompañar a sus madres a los lugares de trabajo por no tener acceso a jardines infantiles o lugares de cuidado diario.

A todo esto se suma los problemas de salud, costos extraordinarios para las mujeres en las isapres por su condición de mujer, por los riesgos de la maternidad y su fecundidad, por su mayor esperanza de vida, todas responsabilidades que se cargan exclusivamente a la mujer y que repercuten en las rentas líquidas de las mujeres y en sus futuras jubilaciones.

Para los gremios del sector público, superar esta situación de discriminación que afecta a más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras de este ámbito ha pasado ser una reivindicación importante para mejorar las condiciones laborales y mejorar la calidad del empleo público. La profundidad que pueden alcanzar estas desigualdades laborales entre hombres y mujeres, y la poca conciencia por parte del empleador de esta realidad ha hecho que se incorpore en las urgencias de negociación, medidas y acciones que permitan ir modificando significativamente esta situación, para erradicar las prácticas discriminatorias y eliminar los mecanismos que impiden el acceso y ejercicio laboral igualitario entre hombres y mujeres.

Igualdad de Oportunidades y Ámbito Económico.

4.1 Aumentar los Aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias y Términos de conflicto en un 20% de acuerdo a los montos fijos en cada tramo para los trabajadores y trabajadoras monoparentales.

4.2 Aumentar el Bono de Escolaridad en un 10% por cada carga familiar de acuerdo a los montos fijos en cada tramo para los trabajadores y trabajadoras monoparentales.

4.3 Crear una Asignación Especial de apoyo para ayudar a pagar costos de jardines infantiles para trabajadores y trabajadoras de ingresos inferiores a $ 350.000.-

4.4 Realizar un estudio sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres que permita detectar los nudos discriminatorios que generan las brechas en las remuneraciones para fijar mecanismos compensatorios y rectificadores de tales situaciones.

Igualdad de Oportunidades y Ámbito Social

4.5 Implementar un sistema eficaz de fiscalización del cumplimiento de las normas de maternidad y acceso a salas cunas, especialmente en lo que se refiere a las últimas modificaciones del Código del Trabajo (Ley Mall). (Decreto Contraloría Nº22339/99).

4.6 Entregar acceso al beneficio de sala cuna a los hijos/as de trabajadores varones.

4.7 Crear un sistema de clubes escolares para el cuidado de los niños/as que no tienen jornada única, para después de los horarios de colegio y durante los períodos de vacaciones.

4.8 Incorporar en los planes de retiro el criterio de jefatura de hogar para aumentar las indemnizaciones en un 20%.

4.9 Organizar los calendarios de vacaciones y feriados legales de manera que se garantice las vacaciones en familia.

Igualdad de Oportunidades y Ámbito Laboral.

4.10 Implementar un sistema de flexibilización horaria en la entrada y salida de la jornada laboral.

4.11 Revisión de la Ley 19. 296 sobre asociaciones, que permita detectar y modificar aspectos discriminatorios para la plena participación de las mujeres en las organizaciones sindicales.

4.12 Garantizar en la reglamentación del Convenio 151 disposiciones para garantizar en las negociaciones colectivas de la Administración Pública las materias relacionadas con la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres.

Sobre las Mesas Técnicas y el Posible Devenir de la Negociación

Manuel Gajardo N.

 

Concluidas las reuniones técnicas derivadas del proceso de Negociación de fines del año 2000, lo que se puede deducir de éstas es que Trabajadores y Gobierno tienen un profundo desacuerdo, no sólo en la cifra final, que sólo ha sido explicitada por los gremios pues el Gobierno aún no se tira a la piscina pero evidentemente puede inferirse una rango de reajuste a partir de sus planteamientos. El desacuerdo una vez más alcanza a la metodología o más precisamente a los parámetros de los factores que hacen al reajuste: inflación, productividad, equidad. Vamos por parte:

I. Factor: Inflación.

1.1 Posición Trabajadores:

La pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores en el presente año, corresponde a la inflación acumulada en el año 2000, que se proyecta en un 4,6%, en consecuencia la magnitud de esta variable no puede ser otra que 4,6%, pues, es este el valor que actualiza las rentas, para luego empezar a discutir los otros factores.

1.2 Posición Gobierno:

La inflación relevante es la inflación futura, vale decir un 3,0% en vez de la pasada (4,6%). Con todo está dispuesto a explorar fórmulas de IPC pasado, pero no ahora sino a partir de la próxima negociación, planteando como mecanismo de transición para este año una innovación, validar el IPC futuro, vale decir 3.0%, pero dejar establecido un mecanismo de compensación parcial, que operaría como un plus a favor o contra en el caso de no coincidir la inflación esperada con la efectiva, este plus se cobraría al momento de la siguiente negociación. Adicionalmente se plantea por el Gobierno que la compensación no sería total sino parcial, así por ejemplo, si la inflación efectiva difirió en un punto con la proyectada no se compensa uno (1%), pudiendo ser 0,75 o 0,9 dependiendo de lo que se acuerde, si se embarcan. Por cierto la devolución, en la Negociación del año siguiente, le puede corresponder a los Trabajadores o al Gobierno.

II Factor: Productividad.

2.1 Posición Trabajadores:

Incluir la productividad asegura reconocer el aporte de los trabajadores en el incremento del Producto, sin lo cual la brecha de Ingreso entre los empresarios y trabajadores se ampliaría progresivamente, incluirla no corrige esa brecha pero sí la estanca (de ahí la absoluta pertinencia de agregar la tercera variable de equidad)

La no existencia de un Indicador de Productividad para el Sector Público no puede ser un pretexto para no reconocerla, y en consecuencia en ausencia de una medición precisa lo que cabe es no tomar ni el más alto (minería por ej. 32% año 1999) ni el más bajo, si no la tasa de productividad media nacional, ello dado que el Sector público opera como un aportador al conjunto de los sectores de la economía y su productividad afecta y se refleja en el conjunto de la economía nacional.

La cifra de productividad media país, para el año 2000, consignada por los trabajadores públicos ha sido de un 2,7%, basada en las proyecciones de la Universidad Católica, cabe señalar que estas proyecciones se elevaron al 3,0% al cierre del tercer trimestre y más aún las proyecciones de Vittorio Corbo, uno de los economistas de mayor renombre en el país (no precisamente por ser de izquierda) ha planteado que la productividad de este año llegará a un 4%.

2.2 Posición Gobierno:

No resulta pertinente correlacionar productividad y salarios en el corto plazo, ya que en un horizonte de largo plazo los salarios si se moverían de acuerdo a la productividad. "Una medida más apropiada de lo que sucede con el componente de productividad de largo plazo (o permanente) de la economía es lo que sucede con los salarios reales del sector privado".

Además del reajuste general los trabajadores obtienen mejoras salariales a través de negociaciones de mesas sectoriales, de asignaciones de antigüedad y desempeño, por movilidad de cargos diferentes, etc.. Durante los noventa, en torno a un tercio de los incrementos saláriales reales del Sector público se explican por el reajuste de fin de año.

III Factor: Equidad.

3.1 Posición Trabajadores:

La presencia del componente de equidad es justamente el parámetro que permite materializar la equidad sustentada por el gobierno de la Concertación, electo con los votos de los trabajadores. No se trata solamente de saldar el deterioro real de las rentas acaecido en la década del 80, pues ello significaría que el rol del Gobierno se limitaría a devolver a los trabajadores niveles de ingreso real similares a los que se tenían a principios de los 80, hace veinte años atrás. La equidad esta plenamente vigente, pues los trabajadores no avalarán la escandalosa distribución del ingreso vigente en el país, una de la peores del mundo. La única forma de hacer una distribución del Ingreso más justa es devolviendo lo que los trabajadores periódicamente pierden por inflación, reconociendo salarialmente sus aumentos de productividad y favoreciéndoles discrecionalmente con un factor de equidad, a través de políticas activas desde el Estado.

3.2 Posición Gobierno:

El Gobierno considera que el deterioro en los ingresos sufrido por los trabajadores del Sector Público durante la década de los 80, estimada del orden del 60% ha sido ya saldada a través de los incrementos otorgados durante la década de los 90, donde se habría entregado un incremento real que supera el 70%, ello de acuerdo a cifras del propio Gobierno. En consecuencia le resta validez al sustento del componente de equidad.

Algunas Consideraciones sobre las diferencias técnicas.

IV. Sobre la Inflación.

La propuesta del Gobierno tiene tres importantes debilidades:

1. Se plantea en momentos en que la inflación pasada es bastante superior a la inflación esperada, nótese que hay una diferencia de 1,6% (4,6% -3,0%) y se espera que sean los trabajadores quienes asuman solos la pérdida. Asume sólo una compensación parcial, y no total, del diferencial entre una inflación efectiva más alta que la proyectada, imponiéndole por este mecanismo una pérdida progresiva de poder adquisitivo a los trabajadores.

2. Se plantea la posibilidad de descontar del próximo reajuste (que derive de la negociación del año siguiente) el diferencial entre una inflación efectiva más baja que la proyectada.

Una alternativa, en el escenario de estar disponibles para una discusión de inflación futura con compensación parcial, podría ser compartir la perdida de 1,6%, asumiendo los Trabajadores un 0,8% -que dejan ir- y el Gobierno el otro 0,8%, que reconoce como sumado a la inflación esperada (3,0 + 0,8).

V. Sobre la Productividad:

Creo que es posible consensuar con el Gobierno la fuente para tomar el dato de la productividad, debiendo ser ésta el Centro Nacional de la Productividad. Pero ello no soluciona el problema de la pertinencia de asociar la productividad media país al Sector Público, para los Trabajadores, en ausencia de un indicador de esta naturaleza, lo que cabe es asumir la tasa de productividad media nacional, ello dado que el Sector público opera como un aportador del conjunto de los sectores de la economía nacional. Para el gobierno una medida de corto plazo (uno o pocos años) no constituye un indicador para relacionarlo con salarios, segundo, no asume una relación de productividad media nacional con productividad sector publico y tercero valida reajustes sectoriales como parte de lo pagado por productividad sector público. Si procuráramos seguir la línea argumental del Gobierno podríamos decir:

Tomemos la productividad de un periodo más largo, por ejemplo la década del 90 con un promedio de productividad media nacional de 4,5% aceptémosle –sólo para hacer el ejercicio en sus propios postulados- "si se adopta el criterio de que los salarios reales del sector público deben aumentar de acuerdo a la productividad de la economía, el incremento de productividad relevante es sólo 1/3 de aquel observado en el sector privado." Asumiendo que los otros 2/3 se cancelarían efectivamente como parte de las negociaciones sectoriales. Así tendríamos 1,4% por productividad ( 4,27 / 3).

Cabe agregar a estos parámetros la equidad, que como su propio nombre lo indica, su sentido radica en mejorar la equidad país, permitiendo a través de su pago avanzar en la redistribución de la riqueza y mejorar el estado de bienestar de los trabajadores, para ello mantenemos el 1,2% originalmente planteado.

En síntesis:

Me interesa dejar en claro que no estoy planteando que esta sea la posición que deba seguir la mesa, ello es una decisión que le compete estrictamente a los gremios a través de sus presidentes; he desarrollado una línea argumental en el propio terreno del Gobierno, que eventualmente puede servir como por cierto también puede suceder lo contrario.

Con todo mi opinión personal es que en esta reunión debemos esperar a que el Gobierno se pronuncie con una oferta concreta, pues recuerdo que aún no lo ha hecho, y en función de ello definir en una break nuestra posición de contraofertar o no.

MANUEL GAJARDO N.