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PENSAMIENTO ACTUAL
Chile - Extranjero
ARTÍCULOS – ENSAYOS – ENTREVISTAS – CRÍTICAS – REFLEXIONES – PONENCIAS

 

CONFLICTOS Y NEGOCIACIONES:
La Planificacion Urbana en el desarrollo del Gran Santiago

Alberto Gurovich W.

Resumen

Los continuos, y no siempre sucesivos cambios de la capacidad estructural de las Municipalidades y del ámbito de cometido de las instancias del Gobierno central, tienden a enfatizar la representación "normativa", la que adquiere una valoración simbólica tan fuerte que desdibuja y hasta parece anular las otras versiones, como ocurre en el presente, cuando está siendo justificada, en tanto opción de manejo eficiente, por la fragmentación social y los conflictos de la competencia que orquesta el neoliberalismo dominante.

(En cap. 1° de libro: Pavez R., María Isabel, Juan Parrochia Beguin, Premio Nacional de Urbanismo 1996 – Chile, Departamento de Urbanismo, F.A.U. Universidad de Chile, (Ed. 1999, en procesos técnicos para su publicación, 308 págs., 465 ilustraciones)

 

 

"Todo cuanto se haga en la ciudad, según el orden y la dirección de la Ley, no puede por menos que producir buenos efectos, mientras lo que no está regulado, o lo está mal, agravia la mayor parte de los demás reglamentos, por muy sabiamente establecidos que sean".

Platón. "Leyes". VI, 780 d.

"...porque la perpetuidad desta tierra, y los trabajos que para sustentarla he pasado, ....".

Pedro de Valdivia (1541).

"...y dexando tanto compás abierto, que aunque la población vaya en gran, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma".

Leyes de Indias, II, página 19, Ley j.

"7. Las razones que presiden el desarrollo de las ciudades están, pues, sometidas a cambios contínuos".

Carta de Atenas (1939).

 

    El Plan Regulador Comunal, que ha venido siendo el instrumento de intervención urbanística superior más difundido en nuestro país, actualmente tiene cuatro caracterizaciones simultáneas, no excluyentes:

A) es un conjunto de normas (1);

B) es un fórmula de conjunción y coordinación de procedimientos de actuación sobre el espacio o que tengan efectos espaciales (2);

C) es una imagen objetivo, proporcionada y plasmada en función de la negociación de múltiples opiniones e intereses (3), con una determinada perspectiva temporal (4), además de efectos demostrativos, pedagógicos y aleccionadores sobre los agentes intervinientes y sus intérpretes;

D) es un medio de gestión municipal (5), complemento y guía territorializada del Plan de Desarrollo comunal y sus programas (6).

    Aún cuando a veces hayan podido operar a manera de posibilidades alternativas, ciertas claves de esta multiplicidad, no exenta de contradicciones, se sitúan en la propia evolución del instrumento, lo cual, a su vez, está ligado al proceso de urbanización y al de los mecanismos estatales de legitimación, en lo urbano, de los modelos de desarrollo de la sociedad chilena, sin olvidar los cambios que en cada fase asumen los paradigmas locales e internacionales del Urbanismo.

    Los continuos, y no siempre sucesivos cambios de la capacidad estructural de las Municipalidades y del ámbito de cometido de las instancias del Gobierno central, tienden a enfatizar la representación "normativa", la que adquiere una valoración simbólica tan fuerte que desdibuja y hasta parece anular las otras versiones, como ocurre en el presente, cuando está siendo justificada, en tanto opción de manejo eficiente, por la fragmentación social y los conflictos de la competencia que orquesta el neoliberalismo dominante.

    Pero, también aparecen recuperándose las últimas dos caracterizaciones, la imagen objetivo, en la renovada validez de la participación comunitaria, y la del Plan como método de gestión territorial, al final de una cadena de sueños y proyectos, hasta ahora contenidos por la lógica social del espacio(7).

    Intentaremos examinar la cuestión en torno al caso de Santiago de Chile.

    Previamente, cabe hacer notar la persistencia de ciertas dimensiones estratégicas referidas, como veremos, a la accesibilidad y el ordenamiento de la circulación (abarcando, como opción deseable, la intermodalidad del diseño viario), la productividad y la capitalización de inversiones, la valoración directa e indirecta del espacio (incluida, en uno u otro sentido, la delimitación de lo público y lo privado), la habitabilidad e higiene ambiental; la organización estructural de las partes (potenciando, en general, la flexibilidad o adaptabilidad), el control del tamaño y la configuración global de la totalidad, y el ordenamiento simbólico de los elementos urbanos.

    Si bien la ciudad había sido objeto de operaciones significativas durante el período colonial, la cuantía y complejidad de los problemas urbanísticos que determina su diversificación funcional durante los primeros años de vida independiente, se tornan inquietantes, desde la visión del Gobierno de la República.

    Tras las medidas de saneamiento y las reformas introducidas en el uso de suelo del centro y los suburbios por Bernardo O'Higgins, se produce un período de acciones restringidas, por efectos de los costos de la liberación y pacificación del territorio.

    Acuciado por tales preocupaciones, en enero de 1839, el Ministerio del Interior se dirige a la Municipalidad de Santiago requiriendo la "pronta formación de un plan de arquitectura urbana" y, consecuentemente, el 5 de abril siguiente legaliza por decreto el extrarradio de la villa de Yungay.

    Entre tanto, el Artículo 33 de la Ley de Caminos, de 17 de diciembre de 1842, viene a fortalecer el control del Estado sobre los trazados de la vialidad, especialmente aquellos que van siendo solicitados por el crecimiento de los arrabales.

    Utilizando como base jurídica aquella norma, y lo dispuesto por el Decreto del Director Supremo, de 22 de septiembre de 1820, acerca de las contribuciones de los propietarios y vecinos directamente beneficiados (con el proyecto del paseo público del Campo de la Libertad Civil, en la Cañada), así como la determinación del Senado Consulto, de 24 de noviembre del mismo año, sobre anchos de calles y caminos, se dicta el Decreto de 4 de enero de 1844, que define "las reglas para la oportuna delineación y nominación de las nuevas calles, barrios o poblaciones" en los llamados "ensanches" de las ciudades o villas, especialmente concebido para responder a los afanes del Intendente José Miguel de la Barra.

    Esta iniciativa será respaldada, poco más tarde, por los Decretos de 14 de octubre de 1850, 13 de mayo y 13 de septiembre de 1853, que ordenan la nivelación de calles, acequias y empedrados.

    Aplicada de cara a los problemas de Santiago, aquella legislación evidencia las crecientes demandas de accesibilidad que resultan de la expansión de la ciudad, junto a la necesidad de solucionar la conducción de aguas lluvias recibida por mayores superficies de techos y depositadas en patios cada vez más segmentados, así como de afrontar las crecidas de los canales y el flujo crecientemente complicado de las aguas servidas, cuando todavía están en la memoria de la población los temores despertados por la epidemia de escarlatina de 1831 y 1832.

    Aunque previamente se había intentado circunscribir el espacio urbano de Santiago, cuando el 15 de junio de 1819 se definieron las divisiones de los ocho cuarteles de la policía de seguridad (además de suprimir la figura de las puertas de la ciudad, que había servido a la vigilancia y el cobro del ingreso de los de afuera), por primera vez se establecieron, de hecho, los límites de la ciudad, en el texto de un Decreto que reglamenta el expendio de las carnes muertas, fechado el 28 de julio de 1847.

    El Estado se hace dueño, hacia 1851, de un porcentaje significativo de la superficie periférica, en tanto que el aumento de las actividades se hace notar en el Bando (Ramírez) de 13 de mayo de 1853 (traducido a la Ordenanza de 2 de diciembre de 1856), sobre el uso público de las calles, y en el Decreto de 20 de septiembre de 1854, mediante el cual, en la búsqueda de un financiamiento estable para la conservación de las vías, se fija un impuesto sobre los carruajes.

    El gobierno local, hasta la víspera relativamente efectivo, comienza a ser superado por las progresivas demandas de la población.

    En consecuencia, el 8 de noviembre de 1854 se promulga la Ley sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, cuyos Artículos 26, 27 y 28 les asignará la principal responsabilidad en el cuidado de las condiciones funcionales, sanitarias y de seguridad de las entidades urbanas de su jurisdicción, aún cuando también permitirá ciertas controversias en la administración del espacio, como se podrá ver en los litigios que germinarán del tendido del "camino de fierro", cuando se construyan los ferrocarriles.

    Esta Ley de 1854, de corte centralista, mantiene la debilidad municipal, traspasando la solución de los problemas sociales y locales al ámbito privado, la iglesia Católica y una multiplicidad de redes corporativas de asociatividad ciudadana (Salazar, G., 1998).

    Los nuevos requerimientos que soporta la estructura urbana se expresan en la aprobación de los Decretos de 21 de agosto de 1856 y 3 de diciembre de 1858, referidos al alumbrado a gas hidrógeno y a la nominación y numeración de calles y casas, respectivamente, y el del 27 de noviembre de 1861, que define las bases para la construcción del sistema de aprovisionamiento de agua potable.

    Este último divide la ciudad formal en tres distritos y tres satélites de servicio, lo cual se traduce en una temprana diferenciación social expresada en la figura de centro-periferia, que se irá reafirmando cuando se dicte una Ordenanza Municipal sobre rancherías, el 3 de diciembre de 1857, a través de la cual se prohibirá su construcción en un determinado perímetro, y señalará plazos para proceder a la demolición de las existentes.

    La guerra civil de 1859, la disminución de los rendimientos mineros y el cierre de los mercados de California y Australia, ocasionan una crisis económica que se prolongará hasta 1876, principalmente debido a la falta de previsión de las inversiones a largo plazo, reorientando los capitales hacia la banca y el comercio y desencadenando una corriente migracional hacia las entidades urbanas.

    Entre 1864 y 1865, la capital se ve afectada por una epidemia de tifus exantemático, que no hace más que denotar los problemas sanitarios de la creciente periferia.

    Complementando la disposición de 1857, sobre rancherías, el 15 de abril de 1865 se dicta una Ordenanza municipal que define la exigencia obligatoria de cierros de propiedades y les asigna una altura mínima, justificada por razones de seguridad y de conformación del orden citadino.

    La velocidad del desarrollo suburbano se interpreta en la determinación del 12 de marzo de 1868, que le confiere el título de ciudad a la villa de San Bernardo, mientras que el 27 de mayo del mismo año debe ratificarse un Decreto que insiste en prohibir la construcción de ranchos en el perímetro central, derogando el anterior de 3 de diciembre de 1857, expresando, de paso, una situación de competencia entre los niveles de la autoridad, cuando la Municipalidad de Santiago formula una Ordenanza municipal acerca del mismo tema y tenor, de 8 de junio de 1868.

    Ahora bien, basándose en el Decreto de 14 de agosto de 1839, sobre "requisitos y solemnidades para la realización de expropiaciones por causa de utilidad pública", por acuerdo del 21 de marzo de 1870 se autoriza al Intendente de Santiago a estatuir el pago de los terrenos que se obligara a dejar para rectificar las líneas de las calles, siempre que su valor no exceda de cien pesos de la época.

    Como medida de cirugía mayor frente a un cúmulo de problemas de habitabilidad y accesibilidad, el Ejecutivo decide nombrar como Intendente de Santiago a Benjamín Vicuña Mackenna, quien, apoyado por un equipo técnico encabezado por Ernesto Ansart, discute, elabora, difunde e implementa un ambicioso Plan de Transformación de la ciudad entre 1872 y 1875, con diversas iniciativas de vialidad, equipamiento comunitario e higiene ambiental.

    Sus proyectos emblemáticos serán el Camino de Cintura, que irá a circundar el espacio consolidado, el paseo del cerro Santa Lucía y un modo provocativo de hacer la gestión urbana argumentada en la búsqueda de la eficiencia tecnológica y en las necesidades sanitarias de la ciudad, atemorizada entonces por una seria epidemia de viruela, que se agrava en los suburbios proletarios.

    El "Plan de Transformación de Santiago", se expresa en la Ley del 25 de junio de 1874, y en el Decreto del 3 de agosto siguiente acerca de las condiciones de urbanización (perfiles y pavimentos) que se hacen obligatorios en la entrega de nuevas vías trazadas dentro de un límite de expansión prevista para la ciudad.

Aunque irá siendo obstaculizado por dificultades presupuestarias atribuibles a la situación general de la época, el trabajo de modernización de Vicuña Mackenna se convierte, por su coherencia, en paradigmático.

    En la letra de la llamada "Ley de Transformación y Embellecimiento de Santiago", se fijaron los anchos de calles, avenidas y plazas, se determinaron los ochavos, perfiles, pavimentos, rasantes y alturas máximas de edificación, estableciendo, además, una declaración de utilidad pública para la construcción de varias obras urbanas y el rescate de numerosas calles ilegalmente ocupadas por los vecinos.

    Lo notable, sin embargo, reside en el contraste entre la energía de intervención edilicia y las dificultades que presenta el escenario de su acción.

    El agotamiento de los minerales de alta Ley y el descenso de los precios agrícolas en el comercio de exportación, sumados al costo de las obligaciones de pago de algunos empréstitos internacionales, han generado una grave situación económica, precisamente desde 1873, que culmina en el bienio 1877-1878, empobreciendo la población rural y volviendo a provocar oleadas migratorias, en pos de mejores oportunidades.

    El 23 de julio de 1878, se dicta una Ley de inconvertibilidad de los billetes de banco, y el 10 de abril siguiente se promulga la primera Ley de emisión de papel moneda, causando una inflación permanente que irá perjudicando a las capas más pobres de la población e indirectamente aumentará el valor de los bienes inmobiliarios. Solamente en 1895 y por tres años, volverá a restablecerse la convertibilidad. Entre tanto, la Ley del 15 de octubre de 1875, ha fijado las disposiciones para la constitución de empresas de servicio de agua potable y gas de ciudad.

    La guerra contra Perú y Bolivia (1879 -1883) y las campañas para concluir la pacificación de la Araucanía (1881-1888), remedian los efectos sociales de la crisis. La riqueza salitrera reemplaza los ingresos de la exportación de minerales de plata y cereales, y pone en circulación una creciente prosperidad, muy desigualmente repartida.

    El laboreo del salitre junto a la explotación de los territorios de la Araucanía y Magallanes, demandan contingentes de mano de obra, lo cual permite bajar la presión sobre Santiago. Al mismo tiempo, estos procesos estimulan la creación de un aparato industrial, artesanal y de servicios que se funda sobre instalaciones previas, montadas por los proyectos ferroviarios y las actividades bélicas, singularizando la condición industrial de ciertos espacios del primer y segundo anillos del centro y los barrios aledaños al ferrocarril, además de modificar la distribución de los equipamientos administrativos y comerciales, y reformar el tejido predial de la ciudad.

    Entre 1886 y 1888, cuando se encuentran en plena realización las obras de la canalización definitiva del río Mapocho, la ciudad es diezmada por una epidemia de cólera morbus, cuyas consecuencias redundan en el dictado de la Ley de 30 de diciembre de 1886, sobre Policía Sanitaria, en la Ordenanza General de Salubridad, de 10 de enero de 1887, y en la ampliación de las funciones administrativas de los gobiernos locales, a través de la nueva Ley sobre Organización y Atribuciones Municipales, de 12 de septiembre de 1887.

    La epidemia causa los mayores estragos en el cinturón de pobreza, hacinamiento y falta de agua potable, por lo cual, el problema de la vivienda "obrera" se manifiesta, tanto en los reclamos organizados contra el lucro de los propietarios como en las discusiones parlamentarias sobre la rentabilidad de los proyectos sociales, y comienza a brotar una variedad de sociedades de ahorro, cooperativas habitaciones y proyectos filantrópicos.

    La economía salitrera, ya en pleno auge, acrecienta las rentas públicas y las fortunas privadas de las capas dominantes, aumentando las diferencias sociales. Entre tanto, continúa la desvalorización monetaria, lo que determina el encarecimiento de los bienes de consumo y cierta inestabilidad en las transacciones comerciales, disminuyendo el poder adquisitivo y elevando el valor relativo de los inmuebles mejor dotados de la ciudad que, por lo demás, aparecen liberados de pagar contribuciones directas.

    Como producto de un cambio de orientación política, los recursos económicos captados por la administración central del Estado van siendo guiados hacia la construcción de obras públicas para el transporte, equipamientos urbanos y redes de infraestructura sanitaria, en tanto la Ley de 26 de enero de 1888, crea la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, redimensionando el quehacer del Estado sobre la ciudad capital.

    El crecimiento urbano, por otra parte, se refleja en el texto del Decreto de 15 de septiembre del mismo año, que fija los límites de Santiago para los efectos de la aplicación del impuesto de patentes a favor de las Municipalidades, conforme al Artículo tercero de la Ley del 28 de julio anterior.

    En el marco de una ideología liberal con mayor intervención fiscal, el programa de gobierno de Balmaceda, entonces, postula un aumento de la sustitución de importaciones y la aplicación de una política de inversiones reproductivas y protegidas. Esta propuesta, principalmente orientada hacia la industrialización, queda temporalmente interrumpida por la revolución parlamentarista de 1891.

    El 22 de diciembre de 1891 se promulga la tercera Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, llamada "de la Comuna Autónoma", que intenta mejorar las posibilidades locales para intervenir en el crecimiento y la organización interna de las ciudades, reglamentar las construcciones y controlar las actividades molestas y peligrosas, dentro de ciertos límites urbanos que pueden, asimismo, fijar. En la misma fecha se aprueba un Decreto complementario de la Ley, que crea 195 Municipalidades en el país, entre las que se enumeran catorce en el mismo espacio de la ciudad que estaba anteriormente administrado por dos municipios departamentales (Santiago y Victoria). Cuatro de estos municipios santiaguinos, califican la progresiva importancia de los poblamientos circundantes.

    El 7 de noviembre de 1892 se decide modificar el Plan de Transformación de Santiago de 1874, diseñando algunos ejes viales, ampliando el ancho de varias calles y formando un conjunto de plazas en los lugares de convergencia de las principales avenidas de la ciudad.

    Consistentemente y a fin de mejorar la calidad ambiental, la imagen y el valor económico del centro de la ciudad, afectado por los sucesos de la guerra civil, entre 1892 y 1901 se van arbitrando medidas para desalojar los prostíbulos y garitos de juego que se venían localizando en sus fajas de borde.

    Por medio del Decreto de 10 de febrero de 1893, se aprueba una Ordenanza sobre muros cortafuegos, lo cual es sintomático del proceso de subdivisión y ocupación predial. Por otra parte, el aumento de la densidad del anillo pericentral justifica el inicio de los estudios para la construcción del servicio obligatorio de desagües por alcantarillado, cuyo marco legal irá a ser provisto tres años después, cuando el 19 de febrero de 1896, mediante la Ley 342, se declare obligatorio el servicio de alcantarillado para las ciudades mayores de cinco mil habitantes.

    En 1894, el Director de Obras Municipales de Santiago, ingeniero Manuel H. Concha, prepara un nuevo Plan de Transformación de la ciudad, a través del cual pretende completar el Camino de Cintura, abrir cinco avenidas diagonales y varios ensanches de calles y avenidas, además de incorporar una mayor superficie de áreas verdes de uso público utilizando la canalización del río Mapocho y los mismos trazados viales propuestos.

    El proyecto es aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado por el Senado, debido a las observaciones formuladas por la Dirección General de Obras Públicas y la influencia de los mayores propietarios.

    La Municipalidad de Santiago aprueba un Reglamento para la Construcción y Policía de Aseo de Conventillos, por acuerdo del 17 de noviembre de 1889, que responde al agravamiento del problema, en tanto que el Decreto de 21 de marzo de 1903, también de la Alcaldía de Santiago, legaliza la obligación de presentar planos y especificaciones técnicas al solicitar permiso para construir conforme a las Ordenanzas y a las Reglas para Edificar.

    En uno de los extremos del cuerpo social, los capitales formados por el despliegue de las faenas mineras, el crecimiento de la industria manufacturera, la extensión de los ferrocarriles y la realización de numerosas obras públicas, se expresan en el desarrollo de ciertas fortunas privadas ligado a los mecanismos de reproducción de la plusvalía del capital inmobiliario en el proceso de crecimiento diferenciado de Santiago.

    En otra esfera, el mismo proceso se relaciona con un mejoramiento substancial de la educación, que permite elevar el nivel cultural medio y facilitar la difusión de nuevas tecnologías. Ello provoca la formación de conjuntos de profesionales, empleados, artesanos y obreros, y también de pequeños y medianos comerciantes e industriales, que irán catalizando en una numerosa clase media.

    Finalmente, la constante ampliación de las faenas extractivas e industriales, fortalecerán los vínculos de agrupamiento y el sentido de pertenencia de los trabajadores, dándole energía a sus prácticas reivindicativas y, en otro sentido, duplicarán la gravitación que sus ingresos y expectativas de consumo tienen, sobre la población campesina, la cual continuará emigrando en tanto sigan ampliándose las diferencias entre lo urbano y lo rural, y entre Santiago y el resto de los centros poblados.

    El 12 de febrero de 1906 se dicta la Ley 1.835, sobre ejecución de alcantarillado y servicios de agua potable. Dos días después se firma la Ley 1.832, que sanciona varias expropiaciones de terrenos para el ensanche de la plaza Brasil y la apertura de diversas calles. Esta Ley, que operará en los términos de la gestión urbana, dará lugar al acuerdo del Senado de 25 de junio de 1907, que autoriza a la Municipalidad para emitir bonos que sirvan al pago de tales expropiaciones.

    La incesante depreciación de la moneda fiduciaria y la consiguiente disminución del poder adquisitivo, junto a la formalización de las contradicciones sociales en la ciudad, provocan efervescencia y movimientos de rebeldía que solicitan una mayor y más equitativa participación en la distribución del producto socialmente generado y un pronto mejoramiento de las condiciones de vida.

    El 20 de febrero de 1906, y como resultado de una prolongada discusión acerca de la necesidad de controlar la explotación de los conventillos, tugurios y lotes periféricos de arrendamiento, se promulga la Ley 1.838 sobre Habitaciones para Obreros y Habitaciones Baratas. Esta Ley favorece la iniciativa privada, que supone eficaz para resolver el problema habitacional, mediante exenciones impositivas y la construcción de infraestructuras y áreas verdes por parte del Estado.

    A fin de proveer dichas obras y servicios, la Ley determina que el Presidente de la República estará obligado a fijar la parte urbana de las ciudades capitales de provincia, cada diez años y por medio de un Decreto supremo.

    El terremoto de Valparaíso, del 16 de agosto siguiente, impresiona a la opinión pública de Santiago por sus dimensiones catastróficas difundidas en las fotografías de los periódicos, ocasionando inquietud acerca de la calidad de las edificaciones.

    El 12 de noviembre de 1906, la Municipalidad acuerda establecer el Museo de la Transformación de Santiago, y por Decreto supremo de 14 de enero de 1908 se da por recibida la primera zona de la red de alcantarillado, que beneficia el centro y los barrios inmediatos al poniente.

    Dos años después, en diciembre de 1908 y con motivo de la celebración del Cuarto Congreso Científico de Chile y Primero Panamericano, el ingeniero civil (arquitecto) Carlos Carvajal M. presenta una ponencia titulada "Principios generales que deben servir de base a los proyectos de nuevas poblaciones", sugiriendo la adopción del principio de las ciudades lineales del español Arturo Soria y Mata (1882) para el futuro desarrollo de Santiago y de la política de habitaciones baratas, tomando como ejemplo la reorganización de las fajas aledañas a la Gran Avenida de unión entre las ciudades de Santiago y San Bernardo

    Mientras se introducen nuevos materiales de construcción en la arquitectura comercial del centro, permitiendo elevar la altura y la edificabilidad, la aparición de un nuevo brote de viruela renueva el debate acerca de los problemas cotidianos de la ciudad, esta vez planteando la necesidad de buscar soluciones de largo plazo. Para ello se formaliza un Comité o Junta de Transformación de Santiago, al cual se incorporarán representantes de la Dirección General de Obras Públicas.

    Como resultado del trabajo del Comité, el 7 de septiembre de 1909 se promulga la Ley 2.203, de Transformación de Santiago, que fija las disposiciones a que deberán sujetarse la construcción de edificios, apertura, ensanche, unión, prolongación o rectificación de calles, avenidas y plazas, como asimismo la formación de nuevos parques y jardines en la ciudad de Santiago.

    Esta Ley, que reemplazó la del 25 de junio de 1874, en su Artículo tercero señala una anchura mínima de quince metros para todas las calles de la ciudad, medidos entre las líneas de construcción de ambos lados, lo cual se completa con ochavos, también obligatorios, de más de cuatro metros en las esquinas no inferiores a ciento veinte grados.

    En cuanto se trataba de responder a un problema global de accesibilidad que se venía agudizando, la Ley señala que los alineamientos y ochavos debían realizarse mediante un sistema de expropiaciones municipales directas, puntuales y no sujetas a programación.

    Si bien en su Artículo segundo la misma Ley supone la existencia complementaria de un plano maestro aprobado por la Municipalidad, que definiera las rectificaciones y jerarquizara las vías y los otros espacios, dentro de los límites de un radio urbano dilucidado por otras normas, la aplicación de esta medida de uniformidad practicamente forzada, junto con denotar la falta de una estrategia de prioridades, puesto que no se llegará a formular y legalizar el plano, desata una creciente de gastos sobre los erarios municipales que, al irse trabando por la multiplicación de su insolvencia en las operaciones puntuales, desorientan sus objetivos, aumentan la incertidumbre y terminan por producir un paisaje de alineamientos discontinuos generalizados (por lo que es denominada la "Ley serrucho").

    Los resultados de las elecciones municipales de 1912, desfigurados por el fraude y el cohecho, provocan una reacción de repudio entre los elementos más conscientes del cuadro social. Para enfrentar la corrupción se organiza una Junta de Reforma Municipal, relacionada con el Comité de Transformación de Santiago, que a poco andar consigue la anulación de los comicios de la Municipalidad de Santiago entre el Poder Judicial.

    Posteriormente, y a fin de aumentar la trascendencia social de este movimiento que utilizará pronunciamientos de política urbana en su discurso, la Junta de Reforma Municipal, ampliándose en la búsqueda de una mayor representatividad, se convierte en la Liga de Acción Cívica y formula una doctrina de corte renovador que, entre otras materias, impulsa nuevos niveles en el debate público sobre el destino de la ciudad.

    El Comité de Transformación de Santiago, en tanto, resuelve asumir la responsabilidad de gestionar la confección del plano complementario de la Ley 2.203, de 1909.

    Recordemos que en su Artículo segundo, dicha Ley postulaba la necesidad de proyectar el ordenamiento urbano, con el objeto de orientar la programación de las inversiones del Estado y los particulares, siguiendo el itinerario gráfico provisto por un plano maestro (de jerarquización de obras) que, supuestamente, tendría que ser aprobado por la Municipalidad.

    Pero a pesar del entusiasmo de los miembros del Comité, la variedad de los planes propuestos y no aprobados, así como las nuevas condiciones derivadas de la división territorial de 1930, que obliga a solucionar por separado los proyectos comunales, los resultados negativos de la Ley 2.203, de 1909, serán equivocadamente cargados a la cuenta de los errores de dicha institución.

    Es lo que sucede con el plan de 1912, por ejemplo. Ese año, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago, con el apoyo de una Comisión Mixta de Senadores y Diputados del Congreso Nacional, elabora un proyecto que a más de rescatar ciertas avenidas diagonales originalmente sugeridas en el plan de 1894, incorpora otras vías radiales, diagonales y de circunvalación, junto con una serie de disposiciones acerca de la urbanización.

    También en 1912 y a manera de contrapropuesta, la Sociedad Central de Arquitectos encomienda a Carlos Carvajal la confección de un proyecto que, con la intención de mejorar la accesibilidad general, yuxtapone diferentes iniciativas de composición viaria, de lo cual resultan dieciocho diagonales, una gran avenida central en sentido norte-sur y una nueva circunvalación.

    El arquitecto inglés Ernest Coxhead, residente en San Francisco de California, por encargo personal del cónsul de Chile dibuja en 1913 un proyecto para Santiago, en el cual, no obstante la falta de información, coincide en el trazado de una malla de avenidas circulares que se van enlazando con las diagonales y radiales de los otros proyectos, y a la vez concurren a un centro cívico situado entre el Palacio de la Moneda y la Estación Mapocho.

    Mientras tanto, el crecimiento de la capital, así como estar siendo cada vez más expansivo, va precipitándose en una creciente variedad de actividades y nuevas demandas.

    Durante el Primer Congreso de Gobierno Local, celebrado en Santiago entre el 13 y el 15 de septiembre de 1914, los arquitectos Ricardo Larraín Bravo, José Luis Mosquera y Héctor Hernández, presentan una ponencia sobre la transformación de Santiago donde, aparte de reivindicar el fortalecimiento de un centro cívico y social construido en torno a una nueva plaza monumental, postulan la formación de varios centros de confluencia del equipamiento de barrio, unidos entre sí por medio de una red de avenidas anulares y radiales.

    El 2 de octubre siguiente se inaugura una Exposición de Planos y Trazados para Ciudades, en el nuevo Palacio del Museo Nacional de Bellas Artes, enviada por el American City Bureau de Nueva York.

    Los problemas de gestión y planeamiento de la ciudad de Santiago, de suyo complicados entonces, se agravan debido a la llegada de trabajadores cesantes del extremo norte del país, empujados por un momentáneo período de crisis de la industria salitrera, que se resolverá gracias a la primera Guerra Mundial.

    Como corolario, el 8 de noviembre de 1914, durante un concurrido mitin de la Liga de Sociedades Obreras de Chile, se entrega un petitorio que reclama una mayor intervención estatal en el control del desarrollo de Santiago, el comercio inmobiliario y los arrendamientos.

    Así, del mismo modo como la lucha contra la corrupción en los gobiernos locales había justificado la promulgación de la Ley 2.883, de 1914, sobre la Reforma Electoral, el 18 de diciembre del mismo año se aprueba la Ley 2.960, llamada de la Reforma Municipal, la cual modifica la Ley orgánica de Municipalidades de 22 de diciembre de 1891, en cuanto al régimen de responsabilidad administrativa sobre el manejo del espacio y las asignaciones presupuestarias.

    La Ley 2.960 introduce cambios en el quehacer urbanístico en la medida que define las condiciones en que deben entregarse al uso público las obras nuevas y los nuevos barrios, y faculta al Presidente de la República, como símbolo del Estado, para fijar cada diez años los límites urbanos de Santiago y las demás capitales provinciales de la nación, acrecentando lo dispuesto en la Ley 1.838, de 1906, para efectos más específicos.

    El texto refundido y definitivo de la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades fue fijado por Decreto 281, de 28 de enero de 1915.

    Seguidamente se aprueba una de las innovaciones jurídicas más reveladoras de la situación de ajuste del balance entre lo público y lo privado.

    Se trata del Decreto 350, de 30 de agosto de 1915, que norma el uso de los caminos y calles públicas en las cuales se autorice el tendido de líneas férreas por empresas concesionarias, conforme a la Ley de policía de ferrocarriles.

    Las solicitaciones de infraestructura, especialmente por efectos del aumento de la población de Santiago, llevan a que el 13 de octubre subsecuente se apruebe el reglamento de las Leyes 1.835, de 14 de febrero de 1906, y 2.106, de 5 de marzo de 1908, acerca de la explotación de los servicios estatales de agua potable y alcantarillado.

    Entre 1915 y 1918, se ampliará más de dos veces el antiguo sistema de obtención y distribución de agua potable desde la quebrada de Ramón y las vertientes de Vitacura, gracias a la construcción de un acueducto de 87 kilómetros, tendido desde Laguna Negra, además de nuevos estanques, cañerías matrices y redes de distribución.

    Para lograr el consentimiento del Congreso Nacional mediante la presentación de un proyecto más sencillo y asequible, el Alcalde de Santiago nombra una Comisión Mixta de Diputados, Senadores, Municipales y Vecinos. Pero este plan es igualmente rechazado.

    Se forma, entonces, una Comisión de Transformación de Santiago, integrando académicos de la Universidad de Chile y representantes de la Dirección General de Obras Públicas.

    Esta comisión, que reemplaza al antiguo Comité de Transformación, sugiere la organización de una oficina encargada del Plano Oficial de Urbanización de Santiago, en la Dirección General de Obras Públicas

    En 1916, se desencadena una severa epidemia de tracoma en la ciudad, que corresponde a un tipo de queratoconjuntivitis bilateral por acción de un organismo que solamente se desarrolla bajo malas condiciones de higiene y promiscuidad, todo lo cual acredita la dictación de la Ley 3.072, de 17 de marzo de 1916, sobre consumo obligatorio de agua potable. Y entre 1918 y 1922, especialmente en 1919, se desata una epidemia de tipo exantemático en Santiago, cuyo vector es un piojo que se desarrolla en el desaseo, y esta vez con una elevada mortalidad.

    El término de la primera Guerra Mundial y la fabricación del salitre sintético, además de cambios en la pertenencia de muchas de las empresas trasnacionales concurrentes, paralizan diversas fuentes de producción, causando la cesantía de miles de trabajadores, un considerable aumento en el costo de la vida y gran efervescencia política.

    En ese ambiente acontecen las elecciones presidenciales del 25 de junio de 1920, ganada por el programa reformista de Arturo Alessandri.

    Del 1º al 7 de marzo de 1920, había tenido lugar en Montevideo, Uruguay, el Primer Congreso Panamericano de Arquitectos.

    Fernando Valdivieso Barros, por el Comité chileno, redacta una ponencia sobre planes de transformación, ensanche y embellecimiento urbano, donde postula la obligación profesional de estudiar la evolución histórica de la forma de estructurarse y el funcionamiento de las ciudades, incluyendo el desarrollo de su población, actividades sociales y económicas, corrientes de tráfico, edificaciones y redes de servicio, todo ello, especialmente, en cuanto puede ser consecuencia de la aplicación de reglamentaciones y proyectos anteriores. Es decir, reclama la ejecución de análisis multidimensional, dinámico y continuo, como parte fundamental del proceso de intervención urbanística.

    En agosto de 1921 y frente a la posible dictación de una nueva Ley de impuestos a la renta, los propietarios de viviendas en arrendamiento se anticipan a elevar los cánones de alquiler. Los arrendatarios responden esta vez formando un Comité pro Abaratamiento e Higienización de las Habitaciones.

    Un mes después, el 11 de febrero, se dicta la Ley 3.849, sobre ejecución de instalaciones domiciliarias de alcantarillado, como resultado de las progresivas necesidades de servicios sanitarios.

    A partir del 10 de mayo siguiente, previa organización de grupos obreros de acción social, se propaga un movimiento huelguístico de arrendatarios de conventillos que adquiere grandes proporciones, y cuyas exigencias terminan por entrelazarse con las reclamaciones de los desempleados, como secuela de la crisis del salitre, la devaluación de la moneda y la caída de los precios de las materias primas.

    En el mes de noviembre de 1922, un sismo provoca cuantiosos daños en las ciudades de Copiapó, Chañaral, La Serena y Coquimbo, reavivando las preocupaciones acerca de la carencia de requerimientos de control normativo de las edificaciones y de planes reguladores urbanos.

    En tales circunstancias, la Sociedad Central de Arquitectos interviene al diseñar, en 1923, un nuevo proyecto para Santiago, rescatando parcialmente su propuesta de 1913, con influencias geometrizantes del plan de Coxhead, diagonales, un gran eje norte-sur, aparte de un bizarro túnel por el cerro San Cristóbal.

    Este proyecto tampoco es aprobado.

    Del 10 al 20 de septiembre del mismo año de 1923, se reúne en Santiago el Segundo Congreso Pan Americano de Arquitectos.

    La Universidad de Chile, en el marco de una ponencia del profesor Alberto Schade, presenta otra interpretación del plano de Santiago. Se trata de un diseño más meditado y factible que los anteriores, donde Schade mantiene la idea de la gran avenida del sur, reduce a cinco las diagonales y completa el anillo de circunvalación ferroviaria. Con ello pretende encauzar al oriente, norponiente y surponiente el crecimiento de la ciudad, y de facilitar la sectorización de la industria que supone venir.

    La presión social, obstruida por conflictos de poder entre el Ejecutivo y el Parlamento, es utilizada como justificación de un golpe militar, de corte progresista, que se completa entre el 5 y el 12 de septiembre de 1924.

    Por Decreto Ley número 1, de 17 de septiembre, la Junta de Gobierno resultante, impone una nueva Ley de Impuesto a la Renta, proporcional y progresivo, que modificando la anterior, de 1893, desata una espiral de aumentos del valor del suelo y los arriendos, e impulsa los negocios de corretajes y seguros sobre la propiedad urbana, hasta entonces relativamente débiles.

    Antes de finalizar el año 1924, se divulga un nuevo proyecto para Santiago, esta vez del periodista Carlos Pinto Durán, en el cual, además de la gran avenida norte-sur, ahora trazada a lo largo del eje Bandera-San Diego, aparecen ocho diagonales y vías de circunvalación.

   El 8 de febrero, la recién formada Junta Central de Arrendatarios acuerda reducir los pagos de alquileres al 50% y llama a una nueva huelga general. La Junta Militar responde promulgando el Decreto Ley 261, de 14 de febrero, sobre Control de Arrendamientos y Tribunales de la Vivienda, que reduce transitoriamente las rentas de arrendamiento de las habitaciones declaradas malsanas por la autoridad sanitaria, y a continuación, por Decreto Ley 308, de 9 de marzo, crea el Consejo Superior de Bienestar Social y faculta a la Caja de Crédito Hipotecario para conceder préstamos de edificación barata.

    El 20 de marzo de 1925, se reanuda el gobierno civil que, tras un plesbicito, el 18 de septiembre decreta la vigencia de una nueva Constitución Política de la República, que termina con el régimen parlamentario introducido por la revolución de 1891.

    El alcalde de Santiago, Luis Phillips, después de lograr un gran apoyo vecinal, a su turno presenta un extenso proyecto de Ley de transformación de la ciudad que, además de consultar anchos diferenciados para las calles, propone diecisiete diagonales, dos circunvalaciones y una gran avenida norte-sur, agregándole capítulos sobre los aspectos financieros y legales de la gestión del proyecto.

    En el mismo año de 1925, será promulgado el Decreto Ley 651, sobre Conservación de Monumentos Públicos y la formación del Consejo de Monumentos Nacionales, teniendo precisamente en consideración, en este último, el resguardo de un patrimonio cultural tensionado por los cambios de valor, uso y propiedad del espacio urbano de Santiago.

    El siguiente seis de noviembre se dicta el Decreto 725 del Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo, por medio del cual se nombra una comisión de dos médicos y tres arquitectos, destinada a formular un plan de edificación de poblaciones y barrios obreros.

    Sintomáticamente para lo que viene ocurriendo en Santiago, en el texto de sus considerandos se juzga la necesidad de "poner término al desorden y la extensión rural de las ciudades, sin sujeción a medidas higiénicas ni de belleza urbana" y, por ello, la conveniencia de contar con "el visto bueno de la (recién creada) Dirección General de Sanidad" en los procedimientos urbanísticos.

    De acuerdo con lo establecido en el Artículo 93 de la nueva Constitución Política, deben organizarse las comunas y agrupaciones de comunas conforme a una subdelegación completa, haciendo equivalente la división administrativa, denominada comuna, a la división política, llamada subdelegación. Con tales propósitos se dicta el Decreto Ley 740, sobre Elección, Organización y Atribuciones de las Municipalidades, para modificar la Ley anterior, de 22 de diciembre de 1891, y el Decreto complementario de la misma fecha.

    El mismo Decreto Ley dispone la autoridad del Presidente de la República para fijar, cada diez años y por Decreto, los límites de la parte urbana de las poblaciones. Y para completar el cuadro de posibilidades, el inciso número diez de su Artículo cuadragésimo sexto, atribuye a las Municipalidades la facultad de reglamentar la construcción de edificios y otras obras al costado de las vías públicas, determinando las líneas y la altura correspondiente.

    El Decreto Ley 803, de 22 de diciembre de 1925, reordena la división territorial del país, y en el Diario Oficial del 23 de mayo de 1926, se publica el Decreto supremo 236, expedido por el Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo, mediante el cual se sanciona el Reglamento General del Alcantarillados Particulares.

    Mientras se consolida la idea de crear un Barrio Cívico, complementario al Palacio de la Moneda, después de veintiún años de la presentación pública de su primer bosquejo, el 8 de septiembre de 1927, se aprueba la Ley 4.179 que autoriza a cobrar un derecho de tránsito (o peaje) en el camino de Santa Rosa, entre el zanjón de la Aguada y los Bajos de Mena, a favor de las Municipalidades de San Miguel y La Granja, y cuatro días mas tarde, se dicta la Ley 4.180, sobre Pavimentación de la Ciudad de Santiago, que dispone la formación de un organismo que asuma dicha responsabilidad y enuncie un Plan General de Pavimentación dentro de un perímetro establecido, resuelto por Decreto 877, del Ministerio del Interior, de 22 de febrero de 1928.

    El 30 de diciembre de 1927, se promulga el Decreto con fuerza de Ley 8.582, que fija la nueva división del espacio de la República en provincias, departamentos y territorios y el Decreto con fuerza de Ley 8.583, que impone la reorganización correlativa de las comunas, modificando algunos límites, aparte de fusionar y anexar el territorio de algunas de ellas. Por último, el 4 de junio siguiente se aprueba el Decreto 2.875, sobre la fijación del límite urbano de una población.

    En esos días se discute una norma de trascendencia para ratificar el principio de recuperación de los subsidios que, a manera de economías incorporadas, conceden las intervenciones del Estado, conforme a los principios que originalmente planteara el Decreto del Director Supremo, de 1820. Se trata de la Ley 4.428, de 28 de septiembre de 1928, que autoriza al Presidente de la República para fijar una contribución adicional del uno y medio por mil sobre el avalúo de los predios situados dentro de la zona de atracción de los nuevos ferrocarriles construidos por el Estado.

    El 1º de diciembre de 1928, varias ciudades del centro del país son destruidas por un terremoto que asola, principalmente, a Talca y Constitución.

    La frecuencia de los movimientos sísmicos que se venían sucediendo desde el terremoto de Valparaíso, de 1906, y los estudios realizados sobre el de Copiapó y Vallenar, de 1918, nuevamente Copiapó, Vallenar, Chañaral, La Serena y Coquimbo, de 1922, y del semiterremoto de Santiago, del 14 de abril de 1927, además de tonificar la discusión sobre el planeamiento urbano, acelera la preparación de una normativa general de urbanismo y edificaciones, cuyos primeros esbozos se remontan a la recopilación de disposiciones legales y municipales para la construcción de edificios.

    El 30 de enero de 1929, se dicta la Ley 4.563, sobre Construcciones Asísmicas, que corresponde a la primera Ley general de construcciones y urbanización encaminada a controlar los usos, divisiones y obras de edificación situadas no solo al costado de las vías públicas sino que en todos los espacios del territorio nacional.

    La nueva Ley determina la formación de Direcciones de Obras en las Municipalidades, y dispone que en los centros poblados mayores de cinco mil habitantes, nadie puede construir, reparar o efectuar cambios de importancia en las edificaciones, sin contar con el permiso de la Dirección de Obras correspondiente.

    Asimismo, la Ley reafirma los conceptos de intervención directa y preventiva del Estado en la regulación del desarrollo urbano, al ordenar que las Municipalidades en cuya jurisdicción residan más de veinte mil habitantes, deben someter a la consideración del Presidente de la República, un anteproyecto de Plano Oficial de Urbanización para la transformación y extensión de sus ciudades.

    De manera consistente, la administración del Intendente Municipal Manuel Salas Rodríguez, en la disposición de lograr un planteamiento de gestión para la comuna capital, logra hacer aprobar la Ley 4.589, de 12 de febrero de 1929, sobre impuestos adicionales a predios eriazos y edificaciones inapropiadas en la ciudad de Santiago.

    A nivel de su estructura interna, Santiago muestra entonces varios cambios. El centro aparece estabilizado, lo cual, en términos relativos, implica pérdidas de la provisión residencial que está siendo desplazada por otras actividades, a la vez que los distritos pericentrales continúan ganando población, aunque más lentamente, y se acrecienta la subdivisión predial. La densidad residencial aumenta hacia los bordes recientemente conquistados, y además se vigorizan los agrupamientos industriales, en un juego de zonas que se especializan en torno a los grandes ejes de circulación.

    Entre el 11 y el 17 de enero de 1931, se realiza en Santiago el Segundo Congreso Nacional de Alcaldes con la participación de Karl H. Brunner, como asesor técnico del Estado, quien diseña una "Exposición de Urbanismo y progreso industrial", fundamentando la presentación de varios proyectos de la Oficina de Arquitectura de la Dirección de Obras Públicas.

    La cuestión de la vivienda social tiene como respuesta la Ley 4.931, de 23 de enero de 1931, sobre arrendamiento de pisos y venta de sitios a plazos, y el Decreto Ley 33, de 12 de marzo, destinado a fomentar la construcción de habitaciones populares a través de un aparato institucional orientado a la participación.

    Pocos días después, por medio del Decreto con fuerza de Ley 226, de 15 de mayo, se aprueba el Código Sanitario y los términos de referencia del Reglamento sobre Normas Sanitarias Mínimas Municipales, en tanto que mediante los Decretos con fuerza de Ley 235 y 323, de 15 y 20 de mayo, se da conformidad a las Leyes orgánicas de los servicios de alcantarillado y agua potable, y los de gas.

    El 20 de mayo de 1931, se aprueba el Decreto con fuerza de Ley 345, mediante el que se intenta dictar una Ley y Ordenanza General sobre Construcciones y Urbanización, el cual solamente entrará en vigencia por Decreto 347, de 22 de enero de 1936, en la parte de la Ley, y desde el 10 de octubre de 1939, en la parte de la Ordenanza.

    Cabe destacar la introducción de la normativa sobre Planes Reguladores obligatorios para las comunas y ciudades que posean una población mayor de ocho mil habitantes, contenida en el Artículo 37 de la Ley y en los Artículos 444 y 445 de la Ordenanza.

    La caída del Gobierno de Ibañez, el 27 de julio de 1931, produce algunos cambios en el elenco técnico del aparato estatal que a la postre reorientan el manejo de la ciudad.

    En 1932, en el inicio de la crisis financiera causada por la variación de precios del salitre, se edita el texto de Brunner sobre Santiago, en el cual resume las ideas que ha venido formulando durante su misión, a través de un abordaje analítico y prospectivo de la formación metropolitana, especialmente acerca de los efectos del crecimiento de la población y las actividades de la ciudad sobre las redes de servicio y transporte, y respecto a las dotaciones de vivienda y áreas verdes.

    Para cumplir con lo señalado en el Decreto Ley 33, de 1931, el 10 de agosto de 1932 se dicta el Decreto Ley 402, que instaura el Departamento de la Habitación, dependiente del Ministerio del Trabajo.

    Durante el año 1933, como fruto de la situación económica causada por la crisis de los mercados internacionales, la ciudad recibe una cuantiosa afluencia de cesantes desplazados de las oficinas salitreras del Norte Grande, quienes llegan a residir en albergues provisorios y en tan limitadas condiciones sanitarias que terminarán por convertirse en el foco de una de las más graves epidemias de tifus exantemático en Santiago.

    Después de haberse realizado su plano catastral en 1931, en el mismo período se elabora el Proyecto de Transformación Definitiva de la Comuna de Providencia, utilizando la figura y parte de los procedimientos de confección de planes reguladores enseñados por Brunner.

    Mediante Decreto supremo 1.642, de 18 de abril de 1934, se fija el texto refundido del Decreto Ley 740, de 7 de diciembre de 1925, y de la Ley 5.357, de 15 de enero de 1934, dando lugar a una nueva Ley Orgánica de las Municipalidades.   

    Entre tanto, regresa Brunner, ahora con un contrato de la Municipalidad de Santiago para estudiar y diseñar su plan regulador, donde será secundado por un equipo dirigido por Roberto Humeres Solar.

    En una atmósfera estimulante, marcada por la fijación de límites urbanos que sin exito intentan frenar la expansión de la ciudad, y por la agudización de las desigualdades sociales en la ciudad, testimoniadas en amplios distritos de pobreza que contrastan con procesos de renovación del centro y desarrollo del pericentro, en diciembre de 1934 se efectúa el Primer Congreso Nacional de Arquitectura y Urbanismo, donde se exponen varios trabajos acerca de los problemas de Santiago.

    El tema de la vivienda social nuevamente pretende ser normalizado, esta vez por las Leyes 5.579 y 5.604, de 26 de enero y 16 de febrero de 1935, la primera de las cuales modifica el Decreto Ley 33, de 1931, en tanto que la segunda genera autorizaciones al Departamento de la Habitación para la expropiación de terrenos y determina procedimientos al efecto, y el 8 de octubre siguiente se aprueba la Ley 5.950, que crea la Caja de la Habitación Popular, en el ámbito del Ministerio del Trabajo

    A continuación, como señal del aumento de la intensidad de ocupación del espacio predial, el 16 de agosto de 1937, se aprueba la Ley 6.071, llamada "de propiedad horizontal" o de "venta por pisos y departamentos", que busca posibilitar nuevas formas de pertenencia de las partes de un edificio entre diversos propietarios, los cuales serán comuneros en los bienes indivisibles afectos al uso común.

    El 28 de agosto de 1937, a través del Decreto supremo 3.424 se aprueba el Plano Seccional del Sector Barrio Cívico de Santiago, y el Decreto 4.621, de 2 de noviembre, sanciona el Reglamento de la Ley 6.071, de "venta por pisos y departamentos".

    Del 17 al 20 de febrero de 1938 se celebra en Valparaíso el Primer Congreso Chileno de Urbanismo, al que se presentan, entre otros: el Anteproyecto Oficial del Plano de Urbanización de la Comuna de Ñuñoa y el Plano de Urbanización de la Comuna de San Miguel, ambos firmados por Luis E. Muñoz Maluschka, como Director de Urbanismo de la Dirección General de Obras Públicas; el Plano Catastral y Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Las Condes y el Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Providencia, elaborados por sus respectivos municipios; junto con la Memoria Justificativa del Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago, redactada por los técnicos de su Municipalidad.

    Nuevamente, mediante el Decreto 4.771 del Interior, de 29 de noviembre de 1938, se fijan los límites provinciales, comunales y distritales.

    El 24 de enero de 1939, un destructivo terremoto afecta la zona central sur del país, arrasando especialmente las ciudades de Chillán y Concepción.

    El enfrentamiento de la tragedia y las tareas de reconstrucción producirán algunas transformaciones en el modo de intervención del Estado, tanto respecto al problema de la vivienda y la estrategia territorial de la producción, como en la planificación urbana, en concordancia con un modelo político evolucionista recientemente adoptado por el Gobierno de la nación que, más adelante, se irá perfeccionando en el encuadre de la Segunda Guerra mundial.

    En ese contexto, el 29 de abril se aprueba la Ley 6.334, que establece la creación de la Corporación de Fomento de la Producción y de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.

    En ausencia de planes reguladores adecuados, las nuevas demandas en la ocupación del suelo de las áreas centrales van a generar un complemento transitorio de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización que fuera aprobada por el Decreto con fuerza de Ley 345, de 20 de mayo de 1931. Es así como el Decreto 3.263, de 30 de junio de 1939, permite elevar la altura de las edificaciones, por encima de lo establecido, en las zonas de carácter comercial exclusivo, con informe favorable de la Dirección General de Obras Públicas y siempre que con ello no modifiquen las condiciones mínimas de iluminación y asoleamiento de los edificios circundantes

    El Reglamento de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, creada por Ley 6.334, de 29 de abril, será motivo de la dictación del Decreto 2.870, de Hacienda, de 21 de julio.

    El 24 de julio siguiente, mediante Decreto 3.680, se aprueba la Ordenanza Local para la urbanización y recepción de calles y poblaciones de la comuna de Santiago, que hubiesen sido abiertas, trazadas y construidas después de la vigencia del Decreto Ley 740, de 7 de diciembre de 1925; y pocos días después, el 31 de julio de 1939, se dicta el Decreto 3.850 del Interior que aprueba el proyecto definitivo del Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Santiago.

    Finalmente, el 2 de noviembre se aprueba el Decreto 5.574, que precisa el trazado de la avenida Diagonal Oriente, y se sanciona la Ley 6.815, de 5 de febrero de 1941, que impone obligaciones al Consejo de la Caja de la Habitación, en el sentido de facilitar la formación de "Huertos Obreros y Familiares" en el perímetro de las ciudades, considerándolos como viviendas populares.

    El 12 de febrero siguiente, con una serie de actos y publicaciones se celebra el cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Santiago. En ese marco, la incertidumbre económica y social que va imprimiendo la situación internacional, se traduce en permanentes alzas de los cánones de arrendamiento de las viviendas y un trasfondo de problemas de salud pública, específicamente de morbilidad por tuberculosis y fiebre tifoidea.

    Como respuesta, el 14 de febrero se aprueba la Ley 6.844, que concreta normas de equidad relativas a los arrendamientos.

Conjuntamente, se trata de fortalecer los gobiernos locales, por medio del Decreto 1.472, de 17 de marzo de 1941, que fija un nuevo texto a la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades.

    Por otra parte, teniendo en consideración el peso de las diversas carencias de viviendas, a propósito de la expresión política de los numerosos grupos de ingresos medio-bajos, se dicta la Ley 7.600, de 8 de octubre del mismo año, que transforma la Caja de la Habitación Popular en Caja de la Habitación y le proporciona mayores medios y atribuciones.

    Del mismo modo, estimando las solicitaciones de los cada vez más numerosos ocupantes de la periferia, la Ley 7.739, de 28 de enero de 1944, concede derecho a instalación gratuita de agua potable y alcantarillado a los compradores de sitios a plazos y los dueños de mejoras que reúnen ciertos requisitos.

    Por último, el Decreto 451, de 10 de julio de 1944, ratifica la Ordenanza Especial de Urbanización y Construcciones Económicas, que fuera elaborada por la Caja de la Habitación.

    El 29 de septiembre de 1944 se dicta el Decreto 1.760, de Obras Públicas, que aprueba el primer Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Providencia, utilizando como base el llamado Proyecto de Transformación Definitiva de la Comuna de Providencia, de 1933.

    Las disposiciones generales de alcance urbanístico van siendo introducidas en distintos cuerpos normativos, como resultado de acuerdos y concesiones en el juego político. Tal es el caso del Artículo primero de la Ley 8.121, de 18 de junio de 1945, y la aprobación del Decreto 5.655, de 14 de noviembre de 1945, que estabiliza un nuevo texto de la Ley Orgánica de los municipios.

    El 28 de noviembre, por Decreto 2.535, de Obras Públicas, se aprueba la Ordenanza Local de Edificaciones para la construcción de la avenida Doce de Febrero (actual Av. Bulnes) del Barrio Cívico, y el 26 de diciembre siguiente, por Decreto 2.798, se da conformidad al primer Plano Oficial de Urbanización de la comuna de Las Condes.

    Perfeccionando una nueva estrategia de desarrollo urbano, el 22 de enero de 1946 se sanciona la Ley 8.412, por medio de la cual se conceden franquicias tributarias a los propietarios de los inmuebles situados en el área de influencia y el entorno inmediato del Barrio Cívico, el Parque Almagro y el sur de la calle Gálvez.

    A continuación se aprueba el Decreto 4.740, de 23 de agosto de 1947, que contiene el Reglamento sobre Normas Sanitarias Mínimas Municipales, confeccionado a partir del Decreto con fuerza de Ley 226, de 15 de mayo de 1931.

    La Ley 9.113, de 1º de octubre, prolonga la existencia de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, y en el mismo campo de la vivienda, pero en función de las necesidades residenciales de los sectores de ingresos medios, el 8 de octubre de 1948 se aprueba la Ley 9.135, llamada "Ley Pereira", que concede franquicias tributarias a determinadas formas de construcción de viviendas económicas cuyo costo de edificación no supere el sesenta por ciento del valor de un sueldo vital del departamento de Santiago, eximiéndolas por el plazo de diez años del pago de todo impuesto que grave la propiedad raíz.

    A su turno, la evolución de las tecnologías constructivas y el incremento de la tasa de subdivisión predial, alentado por un también creciente mercado inmobiliario, justifican la aprobación del Decreto supremo 884 de Obras Públicas, de 13 de junio de 1949, por el cual se modifica la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, sustituyendo la primera parte, relativa a la construcción, y manteniendo la segunda parte, tocante a la urbanización, conforme a la letra que emana del Decreto con fuerza de Ley 345, de 20 de mayo de 1931.

    Pocos meses después, la Ley 9.432, de 14 de septiembre, vuelve a fijar un texto refundido para la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades (la que será corregida, más tarde, por las Leyes 9.798 y 11.791, de 11 de noviembre de 1950 y 22 de febrero de 1955), en tanto la Ley 9.545, de 23 de diciembre de 1949, concede recursos económicos y administrativos a la Fundación de Viviendas de Emergencia.

    Continuando con el caso de experimentación, la Ley 9.895, de 21 de febrero de 1951, concede autorización al Presidente de la República para contratar empréstitos o prestamos para pagar las expropiaciones y gastos de la Ley 8.412 y otras expropiaciones, para la construcción del Barrio Cívico de Santiago.

    El 5 de mayo de 1951, por Decreto 829 de Obras Públicas y Vías de Comunicación, se aprueba el segundo Plan Regulador de Las Condes, y el 16 de mayo siguiente se sanciona el Decreto 916, que aprueba el Plan Regulador de San Miguel. Ambos proyectos serán, de hecho, las primeras aplicaciones oficiosas de los principios de la Carta de Atenas, de 1933, difundidos en Chile recién en 1946.

    La Caja de Seguro Obrero es reemplazada por el Servicio de Seguro Social, por medio de la Ley 10.383, de 28 de julio de 1952, la cual además establece un sistema de construcción de habitaciones baratas para sus imponentes, mientras la Ley 10.254, del 2 de octubre siguiente, faculta a la Caja de la Habitación para adquirir inmuebles y posteriormente venderlos divididos en sitios.

    El 23 de julio de 1952, por Decreto 1.469 de Obras Públicas se aprueba el Plan Regulador de la comuna de La Granja, y hacia fines de ese año los egresados Juan Honold D., Pastor Correa P. y Jorge Martínez C. presentan, como tesis para optar al título de Arquitecto en la Universidad de Chile, un "Análisis del Gran Santiago para su Planificación Industrial", que se constituye en el primer ensayo sistemático de una técnica de análisis multivariado sobre la estructura metropolitana, y sus resultados, tratados a la manera de diagnósticos orientados al planeamiento en las dimensiones dadas por la legislación vigente, serán adquiridos por el propio Ministerio de Obras Públicas para el montaje de lo que será su Dirección de Planeamiento, creada por Decreto con fuerza de Ley 150, de 4 de julio de 1953.

    A su vez, el 22 de julio de 1953 se dicta el Decreto con fuerza de Ley 224, que fija un nuevo texto de la Ley General de Construcciones y Urbanización, modificando el tenor del Decreto con fuerza de Ley 345, de 20 de mayo de 1931, en cuanto define una jerarquía de niveles interdependientes de planeamiento regional, intercomunal y comunal.

    El 25 del mismo mes de julio es aprobado el Decreto con fuerza de Ley 285, que fusiona la Caja de la Habitación y la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, para formar la Corporación de la Vivienda, y dictamina la obligación de confeccionar un Plan de la Vivienda.

    Sobre una cartografía básica, que además incluye algunos trazados sobre los territorios de las comunas de Quilicura y Renca, se elabora el Plan Regulador de Conchalí, el cual será aprobado por Decreto 1.420, de 30 de julio de 1953.

    Con el objeto de reintegrar el patrimonio urbano restante en el centro, el pericentro y el borde de la ciudad, en una búsqueda de eficiencia técnica, que ya entonces no corresponde a la configuración de un mercado de suelos sesgado por intervenciones especulativas, se introduce la contribución de sitios eriazos mediante el Artículo vigésimo octavo de la Ley 11.704, de 18 de noviembre de 1954.

    El Decreto 2.307, del siguiente 9 de diciembre, aprueba un texto de la Ordenanza de Urbanización y Construcciones Económicas, que modifica el anterior, aprobado por Decreto 451, de 10 de julio de 1944, y de igual modo, por Ley 11.860, de 26 de julio de 1955, se fija una nueva redacción, también refundida, de la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades.

    Los desfiles y las reuniones políticas multitudinarias, que venían manifestándose desde 1952 y, particularmente, los sucesos del 2 de abril de 1957, tensionan "el corazón" de la ciudad, dando lugar a una serie de estudios, reflexiones y proyectos que acreditarán su renovación.

    Como ejemplo de ello, podemos citar el acuerdo municipal 317, de 19 de junio de 1957, que aprueba una Ordenanza para la Concesión de Bienes Nacionales de Uso Público, así como al apoyo edilicio a la Universidad de Chile para la celebración del "Seminario del Gran Santiago". Este último evento, cuyas actividades y exposiciones se prolongaran entre 1957 y 1958, se convierte en el primer intento de preparación de un diagnóstico multidisciplinario de la realidad metropolitana de Santiago, destinado a nutrir el estudio de su Plan General.

    Con el objeto de alentar a los capitales privados a participar en la disminución de la creciente escasez de viviendas, mediante el otorgamiento de beneficios pecuniarios, el 7 de julio de 1959 se aprueba el Decreto con fuerza de Ley número 2, denominado "Plan Habitacional de Viviendas Económicas", que modifica los Decretos con fuerza de Ley 224 y 285, de 22 y 25 de junio de 1953, para refinar las garantías normativas y tributarias aplicadas a la producción de viviendas de interés social, calificadas dentro de ciertas obligaciones espaciales.

    En una ciudad ya notablemente extendida, el impacto urbano generado por el "DFL 2" será mucho más rápido que lo esperado.

    Los terremotos y maremotos del 21 y 22 de mayo de 1960, que destruyen una parte importante de la infraestructura urbana situada entre Concepción y Quellón, pone a prueba el sistema de manejo territorial, precipitando, entre otras medidas, la aprobación del Decreto 1.050, de 31 de mayo, que fija el texto refundido de la Ley General de Construcciones y Urbanización, adecuándola al Plan Habitacional de Viviendas Económicas.

    El 10 de noviembre siguiente, por Decreto supremo 2.387, de Obras Públicas, se sanciona el Plan Regulador Intercomunal de Santiago, PRIS, para ser posteriormente publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 1960.

    Este primer instrumento de orientación y coordinación de los otros niveles, aparte de constituirse en una "propuesta" de largo plazo, básicamente radioconcéntrica, y de las medidas coercitivas que a propósito de ello implanta, además de eludir un juicio sobre la división social de la ciudad, salvo en lo que respecta a su infraestructura vial, no logra introducir mecanismos de gestión que puedan convertirlo en una propuesta efectiva de planeamiento, movilizadora de proyectos de inversión, tanto públicos como privados, para el logro de sus finalidades de desarrollo metropolitano.

    El PRIS 1960, por primera vez desde el Plan del Canal del Maipo (y construcción de la ciudad que después se llamará San Bernardo), aprobado en el año 1800, despliega una dimensión "micro-regional" suplementaria que persigue integrar al Gran Santiago en un sistema de entidades urbanas, existentes y proyectadas, a partir de la aplicación del principio de desconcentración centralizada.

    Aquella composición del Plan no logra ser incorporada en su traducción legal, ni siquiera como indicativa.

    El Decreto con fuerza de Ley 357, puesto en vigencia el 27 de octubre de 1961, dispuso a continuación que toda ciudad que tuviese una población superior a los cincuenta mil habitantes, debería contar con el cargo de Asesor Urbanista, desempeñado por un Arquitecto, si bien no señala claramente su competencia.

    El 18 de abril siguiente se aprueba el Decreto supremo 880, de Obras Públicas, que instaura una nueva versión del texto refundido de la Ley General de Construcciones y Urbanización, correspondiente al Decreto con fuerza de Ley 224, de 22 de julio de 1953, sistematizando y jerarquizando las categorías territoriales y las responsabilidades funcionarias de la planificación comunal.

    El 24 de junio de 1964, por Decreto 1.564, se aprueba el segundo Plan Regulador de la comuna de La Granja, que modifica esencialmente el anterior, aprobado por Decreto 1.469, de 23 de julio de 1952.

    Hacia mediados de 1965, el Servicio Nacional de Salud incluye acciones de regulación de la natalidad en sus programas corrientes de atención maternal, lo cual establece una suerte de ruptura al fomento indirecto de una política natalista previa que se venía realizando mediante la asignación familiar, los permisos pre y post-natales y la definición de mayores puntajes para la opción habitacional en los programas oficiales de vivienda social.

    Tales acciones, junto a otras causas que se engloban en el proceso de "modernización" de la sociedad chilena, estarían explicando el descenso en las tasas de natalidad y crecimiento de la población santiaguina en el período 1960-1970, a pesar del descenso de las tasas de mortalidad.

    A fin de emprender los estudios destinados a preparar el despliegue de los sistemas estructurales referidos a proyectos especiales de equipamiento metropolitano y de circulación de la capital, se crean:

-la "Oficina de Estudios y Proyectos Especiales de Equipamiento Metropolitano", en el M.O.P., por resolución Nº109 de 28 de mayo de 1965, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, siendo Director Don Alfonso Díaz Ossa. El Arqto. Juan Parrochia montó y dirigió los estudios hasta su transformación, poco tiempo después, en "Departamento de Transporte Urbano" en la Dirección de Planeamiento y Urbanismo del M.O.P., de la cual el mismo fue su Director hasta 1973, y

- la "Oficina de Transporte Metropolitano de Santiago" y la "Comisión Metropolitana de Transito Rápido", en el M.O.P., por Decreto 1.037, de 24 de agosto de 1965, de las cuales el Arqto. Parrochia fue su primer Secretario Técnico, en su calidad de Director de Planeamiento y Urbanismo (Sub., 1965-66; Tit. 66-73).

    Estas dos últimas entidades abocadas al estudio de los problemas de transporte, originaron las proposiciones para el Transporte Metropolitano en el país. La Comisión de Santiago coordinó los esfuerzos y realizaciones de la Metrópoli de Santiago hasta 1970, creando el sistema de Pre-Metro de Trenes Populares; impulsando y aprobando los estudios del Plan Regulador de Transporte de Santiago; el anteproyecto y el proyecto del Metro; las obras de Vialidad Urbana; la adquisición de equipos ferroviarios sub-urbanos y muchos otros estudios y obras en la época.

    El 28 de septiembre siguiente, por Decreto 1.268, se aprueba el Plan Regulador de la comuna de Maipú, y el 16 de diciembre, por Ley 16.391, se crea el Ministerio de (la) Vivienda y Urbanismo, el cual aparece compuesto por varias divisiones funcionales, entre ellas la Corporación de Mejoramiento Urbano, claramente condicionada por la problemática de la capital.

    Cuando se está inaugurando el nuevo aeropuerto internacional de Santiago, construido sobre el área de Pudahuel, y se da comienzo a las obras de la Remodelación San Borja, en el primer anillo del pericentro, por Decreto supremo 181, de 29 de marzo de 1967, se aprueba el Plan Regulador de la comuna de La Reina.

    El 2 de mayo siguiente, mediante Decreto 245 se da conformidad al Plan Regulador Sectorial de Vialidad de la comuna de Santiago, el cual corrige los fundamentos del Plano Oficial de Urbanización aprobado por Decreto 3.850, de 31 de julio de 1939, más allá que la secuencia de Planes Seccionales modificatorios que se habían tratado circunstancialmente durante veinticinco años, no obstante el enfoque del Plan General Urbano, propuesto en 1961. Por Decreto 248, de 10 de mayo de 1967, se sanciona el Plan Regulador Comunal de Ñuñoa y, posteriormente, el 15 de noviembre de 1967, por Decreto 400, el segundo Plan Regulador de la comuna de Conchalí.

    Con el objeto de ajustar el usufructo del espacio residencial al regimen de apropiación legal, especialmente en la periferia, con el argumento de sanear aquellos casos que habrían sido fraudulentamente comerciados, la Ley 16.741, de 8 de abril de 1968, llamada de "loteos brujos", establece normas para el saneamiento de los títulos de dominio y urbanización de las poblaciones en situación irregular.

    A continuación, y en tanto se divulgan los primeros diseños del Plan Regulador de Transporte Metropolitano para Santiago, que incluye el trazado del ferrocarril (subterráneo) metropolitano, por Decreto 663, de 20 de septiembre de 1968, se dispone la aprobación del Plan Regulador de la comuna de La Florida y, algo después, el del segundo Plan Regulador Comunal de Providencia, por Decreto 344, de 25 de abril de 1969.

    Entre 1969 y 1970, la División de Planificación del Desarrollo Urbano del Ministerio de (la) Vivienda y Urbanismo, bajo la dirección de Juan Astica Mascaró, encarga los Estudios Pre-inversionales de Santiago, divididos en seis áreas (centro, norte, sur, nororiente, suroriente y poniente) y un análisis general de situación, aplicando los ordenadores electrónicos recién incorporados.

    El Decreto supremo 107 de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial del 5 de junio de 1970, entrega ciertas y determinadas materias relacionadas con la planificación urbana, la subdivisión de terrenos y la urbanización al cuadro de las resoluciones del Asesor Urbanista, modificando al respecto varios Artículos de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, que fuera aprobada por el Decreto con fuerza de Ley 345, de 20 de mayo de 1931, y el Decreto supremo 884 de Obras Públicas, de 13 de junio de 1949.

    En un marco de agitación social expresada en numerosas ocupaciones ilícitas de terrenos por grupos de pobladores desconfiados de alcanzar soluciones a corto plazo de sus problemas habitacionales, lo cual tiende a elevar la velocidad del proceso de expansión de la ciudad, el 30 de octubre de 1970, por Decreto 669, se aprueba el tercer Plan Regulador comunal de La Granja, en tanto el 10 de junio de 1971, por Decreto 367, se aprueba el Plan Regulador de la comuna de Barrancas.

    Poco después, las construcciones antiguas de los distritos pericentrales de la ciudad son seriamente dañadas por el terremoto del 8 de julio de 1971, que afectó la zona comprendida entre Coquimbo y Santiago, provocando el abandono de muchas de las que continuaban siendo largamente utilizadas como viviendas de arrendamiento y subarrendamiento, y una mayor reducción de la densidad residencial en tales espacios.

    Como consecuencia de lo sucedido, el 22 de noviembre se aprueba la Ley 17.564, la cual modifica la Ley 16.282, de 26 de julio de 1965, en cuanto a fijar normas que permitan exceptuar la obligación de la firma de un Arquitecto, para el caso de producirse sismos o catástrofes que produzcan daños de consideración en las edificaciones.

    Seguidamente, en 1972, se avanza en el montaje de un modelo matemático de diseño para Santiago, a fin de probar algunas estrategias de desarrollo metropolitano en el Ministerio de (la) Vivienda y Urbanismo.

    En una de los primeros ejercicios legales del Gobierno que asume tras el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, el 2 de noviembre de 1973, por Decreto 533, se crea la avenida Nueva Providencia, aprovechando el curso de las obras de construcción del ferrocarril metropolitano de Santiago.

    A fin de darles coherencia a los trabajos de este último, por Decreto Ley 257, de 7 de enero de 1974, se organiza la Dirección General del Metro, después de haber comisionado un estudio de reestructuración de los recorridos de movilización colectiva de la ciudad.

    El 28 de enero siguiente, mediante Decreto Ley 296, se reajustan en un novecientos por ciento los avalúos de los bienes raíces no agrícolas vigentes al 31 de diciembre de 1973, y en un dos mil novecientos por ciento los de los bienes raíces no agrícolas, con el pretexto de reconstituir la provisión económica del Estado.

    Luego, por Decreto 273, de 13 de mayo de 1974, se modifican las especificaciones técnicas de las zonas de densidad media del Plan Regulador comunal de La Reina, en tanto el 3 de junio, por Decreto 312, en una medida sin precedentes se reduce el límite urbano de la comuna de Maipú.

    Por su parte, el Decreto Ley 519, del 10 de junio siguiente, reglamenta disposiciones sobre las poblaciones de emergencia, rectificando el campo de acción municipal en su adquisición, edificación, asignación y equipamiento.

    El Decreto Ley 573, de 8 de junio de 1974, que aprueba el Estatuto del Gobierno y Administración Interiores del Estado, instaura nuevas normas de organización y funcionamiento de los municipios y el sistema nacional de planificación, particularizando, en su Artículo vigésimo primero, un régimen especial para las áreas metropolitanas. Un mes después, el 8 de julio y por Decreto Ley 557, se crea el Ministerio de Transporte, y al día siguiente, a través del Decreto 378, se aprueban varias modificaciones estructurales del Plan Regulador de la comuna de Providencia, que fuera sancionado por Decreto 1.760, de 29 de septiembre de 1944.

    En el texto del Decreto Ley 575, de 10 de julio, que estipula la regionalización administrativa del país, se puntualiza la obligación de disponer de una Ley acerca del régimen de gobierno y administración de las áreas metropolitanas.

    Argumentando una postura crítica frente al manejo anterior del espacio metropolitano, el 28 de octubre de 1974, por Decreto 722, se insiste en reajustar a partir del 1º de julio anterior, en esta oportunidad en un cien por ciento, los avalúos de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas, así como los de las líneas, postaciones y cañerías. Por otra parte, el 12 de mayo siguiente, mediante Decreto 193, se modifican los límites urbanos del Plan Regulador Intercomunal de Santiago, de 1960, y el 24 de octubre, por Decreto 1.208, se cambia la denominación de la comuna de Barrancas por la de Pudahuel.

    El Decreto supremo 424, de 21 de noviembre, aprueba el tercer Plan Regulador de la comuna de Providencia, completando así una serie de variaciones introducidas al precedente, de 1944.

    En septiembre de 1975, Juan Parrochia Beguin inaugura el Metro de Santiago, siendo su Director General.

    Por Decreto Ley 1.305, de 19 de febrero de 1976, se dicta la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, disponiendo su regionalización, y por Decreto supremo 458, publicado el 13 de abril siguiente, se renueva la Ley General de Urbanismo y Construcciones, definiendo cambios en las funciones del Director de Obras Municipales y del Asesor Urbanista, por lo que se deja bajo la responsabilidad de este último lo correspondiente a la planificación urbana, el uso del suelo, los conjuntos armónicos, la revisión de los loteos y subdivisiones y la confección de programas de desarrollo urbano.

    El 31 de agosto de 1976, por Decreto supremo 276, de Vivienda y Urbanismo, es aprobado el Plan Regulador de San Bernardo (San Bernardo, Lo Espejo y Lo Moreno). Por último, mediante el Decreto 376, de 9 de noviembre, se modifica esencialmente el Plan Regulador de La Reina, que fuera aprobado por Decreto 181, de 29 de marzo de 1967, constituyéndose en un nuevo proyecto, y de la misma manera se aprueba el Decreto 133, de 14 de febrero de 1977, que propone el tercer Plan Regulador de Las Condes, rectificando la zonificación de las edificaciones en altura que había sido establecida por el anterior, aprobado en 1951.

    El 5 de octubre de 1977, por Decreto supremo 718, se crea la Comisión Mixta de Agricultura y Urbanismo, a fin de coordinar acciones relativas al límite urbano y a los cambios de uso del suelo agrícola, en detrimento de su potencial frente a la aparición de nuevas áreas urbanas.

    Pocos días después de la declaración de la Nueva Política de Desarrollo Urbano, que revisa las bases conceptuales del manejo estatal del proceso de urbanización, en una postura consistente con el modelo neoliberal que está imponiendo el Gobierno militar, vuelve a ser modificada en profundidad la zonificación del Plan Regulador de la comuna de Las Condes, por Decreto 447, de 20 de noviembre de 1979, incluyendo cambios en el Seccional de Lo Barnechea, conforme al Decreto 501, de julio de 1978.

    El Decreto con fuerza de Ley 1-3.260, de 9 de marzo de 1981, determina límites de la Región Metropolitana de Santiago y crea nuevas comunas, configurando nuevos límites, en función del logro de una trama distinta de referentes sociales del espacio.

    Diez días después, el 19 de marzo, se aprueba la cuarta versión del Plan Regulador de Las Condes, por Decreto 46 y, posteriormente, la tercera del Plan Regulador de La Reina, esta vez por Decreto 92, de 18 de mayo de 1981.

    La nueva división del espacio comunal, además de aumentar la segmentación del ámbito administrativo, dificulta la continuidad de algunos proyectos integradores formulados en las etapas previas, lo cual se agravará en el período siguiente cuando se ponga en práctica una política de erradicación y localización forzada de pobladores, desde las comunas orientales y algunos campamentos formados en los intersticios del núcleo, hacia las posiciones suburbanas más extremas.

    Entre 1970 y 1973 se había acrecentado la edificación a gran escala de conjuntos residenciales de interés social, siguiendo las pautas de utilización de terrenos extensos en la periferia, de bajo costo directo, aunque también se enfatizó cierta fidelidad a las normas y estándares sobre trazados y dotaciones.

    En una segunda fase, el Gobierno militar, opta por moderar y después refrenar los programas habitacionales del Estado, por lo cual, al disminuir la oferta de viviendas se desarrolla la figura del "allegado", que se traduce en una nueva relación de hogares por vivienda, tendiendo a crecer la densidad global y el cuociente de ocupación residencial.

    La Política Nacional de Desarrollo Urbano, emitida el 8 de noviembre de 1979, supone una cancelación de las normas que modelan el espacio urbanizable, declarando que este es un "bien no-escaso" que debe estar regulado por la competencia mercantil y, en consecuencia, facilitando su manejo y abundamiento, entre otras medidas, a través de la relativización de los límites y las reglas que jalonan las formas de acceso, uso e intensidad de ocupación de las propiedades.

    Aunque los resultados de esta decisión van a tardar, debido a las circunstancias políticas y por los costos de incertidumbre que no puede resolver, sus efectos se hacen patentes precisamente en el crecimiento del sector oriental de la ciudad.

    Ello determina, una revisión hacia una Política Ajustada de Desarrollo Urbano, en 1982, que aunque mantiene el mismo sesgo ideológico, intenta recuperar algunas bases del sistema de planeamiento.

    En esa etapa, se aprueba el tercer Plan Regulador Comunal de Conchalí de Conchalí (D.S. 73 MINVU / 1983), y las primeras versiones de los Planes de La Cisterna (D.S. 110 MINVU / 1983), Renca (D.S. 110 MINVU / 1984), Puente Alto (D.S. 132 MINVU / 1984), Quilicura (D.S. 37 MINVU / 1985), Quinta Normal (D.S. 70 MINVU / 1987), y de la nueva comuna de Lo Prado (D.S. 67 MINVU / 1988).

    Posteriormente, es sancionado el segundo Plan de Ñuñoa (D.S. 129 MINVU / 1989), el primero de Peñalolén (D.S. 55 MINVU / 1989), y el segundo de la comuna de Santiago (Res. 26 SEREMINVU / 1989), este último, después de cincuenta años de vigencia del precedente.

    La recuperación de los gobiernos democráticos, en 1990, señala cambios de estilo en la dirección del proceso de urbanización que, sin embargo, conserva ciertas tensiones de privatización de bienes y servicios, así como de concesión de ventajas comerciales al uso intensivo del suelo, proporcionadas por el modelo neoliberal, tal como se plasma en la cuarta versión del Plan Regulador Comunal de La Granja (Res. 66 SEREMINVU / 1991), en la primera de Cerro Navia (Res. 25 SEREMINVU / 1993) y en el quinto Plan de Las Condes (Res. 8 CORE / 1995).

    El funcionamiento de las Comisiones de Ordenamiento Territorial de los Consejos Regionales, así como la aplicación de la Ley Núm. 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, de marzo de 1994, cuyo Reglamento opera desde marzo de 1997, permiten rescatar la dimensión coordinadora del Plan Regulador.

    Ello se suma a otras innovaciones, largamente discutidas (Santa María, I. y Ass. , 1964; Brieva A., Amador, et. als., 1976; y Del Valle, A., 1989), todo lo cual comienza a mostrarse en las definiciones incluidas en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano (Res. 20 CORE / 1994), especialmente en sus modificaciones (Res. 39 CORE / 29.10.1997, Res. 48 CORE / 1997, y Res. 11 CORE / 1998), donde se utilizan nuevas pautas sobre el destino del uso de suelo más adecuadas a la gestión, entre ellas, áreas urbanizables de desarrollo prioritario y condicionado, de uso industrial exclusivo condicionado, de protección ecológica con desarrollo controlado, de preservación e interés silvoagropecuario.

    Solidariamente, la Ley Núm. 19.602, de 12 de marzo de 1999, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en materia de Gestión Municipal, reasigna responsabilidades técnicas en la estructura municipal, intentando articular el Plan Regulador con el Plan de Desarrollo Comunal, diseñando y manejando ambos, desde las Secretarías de Planificación Comunal.

    Por último, y en la misma línea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está presentando tres textos legales a la consideración del Legislativo: uno que trata de acrecentar el potencial de la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, otro que está posibilitando nuevas atribuciones financieras y capacidades de intercambio de los municipios y, el más reciente, que procura facilitar la intervención privada en la producción del equipamiento comunitario destinado al servicio de las áreas urbanizables de desarrollo prioritario y condicionado.

 

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