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medio laboral, orientación para la búsqueda de empleo y formación en habilidades
proempleo.
Un importante aliado del PAED ha sido el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS)
que, a través del Concurso Nacional de Proyectos para la Inclusión Social de Personas con
Discapacidad, otorgó recursos en el área de educación al proyecto presentado por el
programa PAED durante el 2014. Y el año 2015, se formalizó un convenio de colaboración
entre la institución y la Universidad de Chile. Las académicas del PAED, además,
participan activamente de la Red regional de Educación Superior Inclusiva (RESI).
Por otra parte, se consideró la importancia otorgada al tema en la Política de Equidad e
Inclusión Estudiantil, elaborada por el Senado Universitario en conjunto con la OEI-UCH,
que entre los grupos prioritarios considera a los EsD de acuerdo con lo establecido en la
ley 20.422, citada explícitamente. Esto implica que la institución debe contribuir a la
generación de una cultura de respeto y resguardo del ejercicio pleno de los derechos de las
personas en situación de discapacidad. En consecuencia, dadas las barreras de contexto, la
Política de Equidad e Inclusión considera la posibilidad de generar medidas de acceso
especial, resguardar la atención específica, velar por una infraestructura que cuente con
espacios adecuados de estudio, y en general, generar medidas que aseguren la
participación efectiva de todas las oportunidades que la universidad ofrece en términos de
acceso, apoyo a la permanencia y egreso exitoso.
Esto último tiene mucha relevancia si consideramos además el artículo 4º N°s. 1 y 2 del
Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, contenido en el D.U. Nº 007586, de
19 de noviembre 1993, que establece los derechos de los estudiantes de recibir una
educación de excelencia en concordancia con la misión institucional y con los principios
orientadores que aseguran el carácter público de nuestra Universidad, así como ser
evaluados en sus procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de procedimientos que
tengan normas, criterios y plazos conocidos, y que sean aplicados con imparcialidad y