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Debate Universitario
Publicación oficial bimensual
del Senado Universitario
N°12, junio de 2015
Universidad de Chile
Comité Editor: Mesa Senado Universitario
Edición General: Rocío Villalobos, Encargada de Comunicaciones Senado Universitario.
Periodistas: Bárbara Fuenzalida, Rocío Villalobos, Daniel Dedes.
Colaboradores: María José Gaona
Diseño y Diagramación: César Ramírez
Fotografías: Bárbara Fuenzalida, Rocío Villalobos, César Ramírez.
[2]
Del Estado infractor
y el imperativo de la
Universidad de Chile
de liderar la reforma
educacional
El Estado de Chile ha infringido el derecho hu-
mano a la educación y la Universidad de Chile no
ha cumplido el rol, que le corresponde por ley,
en el mejoramiento del sistema educacional.
En Chile, el Estado tiene el deber de proveer
educación a través de universidades públicas,
las que financia con los impuestos; y los parti-
culares, conforme a la libertad de enseñanza,
pueden impartir educación a través de las uni-
versidades privadas.
Antes de la dictadura, el Estado financiaba a la
Universidad de Chile, y en consecuencia, los es-
tudiantes no pagaban aranceles o eran de bajo
monto. La dictadura, mediante el DFL Nº 4 de
1981, actualmente vigente, disminuyó brutal-
mente el financiamiento de las universidades
públicas y eliminó la gratuidad, obligando a sus
estudiantes a pagar aranceles; y destinó cuantio-
sos recursos públicos a los dueños de universida-
des privadas a través del aporte fiscal indirecto,
entre otras vías.
En 1989 entró en vigencia el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que obliga al Estado a respetar el derecho a la
educación superior a quienes tienen capacidad
para ello y a implementar progresivamente la
gratuidad en la educación superior.
Lejos de cumplir esta obligación, los Presidentes
de la República no han propuesto legislación
que aumente el financiamiento del Estado a sus
universidades públicas y con ello disminuir gra-
dualmente los aranceles hasta la completa gra-
tuidad; sino que crearon el crédito con aval del
Estado que ha significado el desvío de recursos
públicos a los bancos, y de éstos a los dueños
de las universidades privadas, transformando la
educación universitaria en un bien de consumo
y en un negocio bancario financiado por el Esta-
do. Los Ministros de Educación han incumplido
su obligación de sancionar a las universidades
privadas que infringen la obligación de no lu-
crar; y la fiscalización del cumplimiento de sus
funciones de docencia, investigación y exten-
sión, ha sido privatizada, a través del sistema de
acreditación.
El actual Gobierno ha propuesto gratuidad para
personas que denomina “vulnerables”; una
Superintendencia de Educación Superior con
menos atribuciones a las que hoy tiene el Minis-
tro de Educación; y condicionar la gratuidad al
sistema de acreditación. Nuevamente el Estado
destinará recursos públicos a los dueños de uni-
versidades privadas; se profundizará la segrega-
ción; y no se hará cargo de sus universidades.
Frente a esta realidad, la Universidad de Chile
no ha cumplido su rol, pidió un “nuevo trato”,
e incluso se negó por años a la transparencia,
sin entender su naturaleza jurídica estatal. Con
su Facultad de Derecho, debe liderar la refor-
ma educacional con propuestas de ley, o bien,
demandando al Estado el cumplimiento de su
obligación; y apoyar las demandas estudiantiles
que son fundadas, y que conciernen al futuro de
nuestra institución y al desarrollo del país.
Profesora Carola Canelo
Académica de la Facultad de
Derecho de la U. de Chile