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Senado presentó Propuesta para la
Reforma a la Educación Superior
de oferta de títulos y grados, sin que existan
universidades estatales con una misión clara y
sustantiva dentro de las políticas públicas. Asi-
mismo, en su texto se señala que se “tiene como
propósito defender la recuperación de un Siste-
ma Nacional de Educación Superior Estatal, con
una mejor definición de sus objetivos y metas”.
Diagnóstico del sistema de
educación superior
En su diagnóstico, se afirma que “como lo sostiene
un amplio consenso entre los especialistas, desde
hace ya varias décadas la oferta de carreras por par-
te de las Instituciones de Educación Superior (IES)
chilenas ha estado supeditada, fundamentalmen-
te, por intereses de mercado”. Ello ha redundado
en que la oferta de carreras tradicionales se centre
en lo réditos económicos para las instituciones pri-
vadas que las imparten, más que a las reales nece-
sidades del país como conjunto.
El documento manifiesta que “una universidad,
para ser considerada y reconocida como tal,
debe realizar las tareas que en la tradición chile-
na, latinoamericana, y mayoritariamente univer-
sal, caracterizan a una institución universitaria:
docencia, investigación y/o creación artística, y
extensión o vinculación con el medio”.
Lo que debe contener la Reforma
El documento aborda los tópicos que debiera
contener la Reforma a la Educación Superior,
instalando una idea que es considerada central:
la educación como un derecho social. Esto rom-
pe los esquemas del sistema educativo actual, y
propone los pilares que debieran sostener el fu-
turo de la actividad.
El primer pilar es el que se refiere a la calidad,
pero no en términos de indicadores Numéricos,
pues las universidades otorgan mucho más que
elementos tangibles: conocimiento o profesio-
nales con sentido ético y de autonomía. Para
“la implementación de parámetros de calidad se
deben definir indicadores que incluyan todas las
dimensiones de la actividad”.
Otro de los pilares dice relación con la regulación
que debe tener la educación. Entenderla como un
derecho –dice el documento- “supone que ésta
debe dejar de ser concebida como un bien de con-
sumo”. Este derecho debe ser resguardado, fomen-
tado y reguladopor el Estado, de acuerdo a unplan
de desarrollo del país en su conjunto.
La participación de la comunidad universitaria
en la gobernanza de las instituciones también
es un requisito que plantea la Propuesta, ejem-
plificando lo que ocurre en el propio Senado, de
composición triestamental.
Finalmente, el último pilar es el de la exclusión
de todo fin de lucro en las universidades. “Esta
condición contribuye, por una parte, a que los fi-
nes de la Educación Superior no se distorsionen
y, por otra, a que tanto el acceso como la per-
manencia en el sistema respondan a criterios de
justicia social”.
Cambio de sentido hacia
prioridades nacionales
Otro apartado de la Propuesta del Senado se
refiere al Programa de Desarrollo del País, que
insiste en el cambio radical que debe tener la
educación superior, pasando del marcado én-
fasis en el mercado, a un modelo donde el foco
esté dado por el desarrollo de la nación y de sus
ciudadanos. “El Sistema (…) debe responder a las
prioridades nacionales expresadas en las políti-
cas estratégicas oficiales relativas a la Educación
Superior, lo que implica que la Reforma no pue-
de resumirse simplemente en una nueva regula-
ción del sistema imperante”, señala.
Otro de los acápites incorporados en el docu-
mento se refiere a la recuperación de la educa-
ción pública y su instalación como pilar central
del sistema. “Los recursos estatales deben diri-
girse prioritariamente a la recuperación y forta-
lecimiento de la Educación Superior Estatal”.
Asimismo, lapropuesta contiene la ideadeuna Red
Nacional de Instituciones de Educación Superior
Estatales. Se trata de un componente esencial a jui-
cio del Senado, donde “se promueva la movilidad
de estudiantes entre las diferentes instituciones”
y “ofrezca programas académicos modulares que
permitan comenzar a estudiar en una institución
y terminar en otra, además de incentivar la movi-
lidad e intercambio de estudiantes, académicos,
profesores e investigadores”.
En cuanto a las formas en que se debe regular
y coordinar el sistema, se enfatiza en la creación
de una institucionalidad encargada de fiscalizar
su cumplimiento. Así también la definición de
un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), con
niveles estructurados en función de los resulta-
dos de aprendizaje, que facilite la movilidad al
interior del sistema. Con respecto al acceso, se
propone la elaboración de un sistema de selec-
ción que asegure su equidad y programas de
nivelación que permitan la correcta inserción de
los estudiantes en la educación superior.
Financiamiento
El documento propone un listado de seis princi-
pios generales que debieran tener las universi-
dades. Entre ellos, que el “financiamiento estatal
debe obedecer a una política integral, diseñada
de acuerdo a los objetivos país respecto al siste-
ma de Educación y su proyección hacia el siste-
ma productivo”.
Asimismo, se insiste en que debe haber un cam-
bio de paradigma desde un Estado que compite
como proveedor de servicios hacia uno que ga-
rantice un derecho social. Por lo mismo, asegura
que las universidades estatales deben contar un
aporte financiero estatal privilegiado y destina-
do prioritariamente a recuperar, ampliar la ma-
trícula y fortalecer la Educación Superior Estatal.
El Estado “debe garantizar que la Educación de
pregrado en las universidades estatales será sin
cargo al estudiante. Las universidades privadas
podrán acceder a este beneficio si cuentan con la
acreditación en todos los ámbitos, no recurren al
copago y estén adscritas al Sistema Nacional de
Carrera Académica”.
Sostiene el documento que las universidades
que no adhieran a este sistema de gratuidad no
debieran optar al beneficio de contar con apor-
tes estatales institucionales.
Finalmente, el texto indica que “las universida-
des pueden levantar recursos adicionales para
financiar proyectos de investigación, desarrollo
e innovación”.
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www.uchile.cl/senado[9]