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Estatutos de las nuevas universidades del
Estado
En relación a los Estatutos de ambas uni-
versidades estatales, aún se encuentran en
tramitación en la Contraloría General de la
República y dicen no conocer una versión
definitiva. Sin embargo, la Rectora Marshall
señala que el texto preliminar que maneja
no tiene “grandes diferencias” con lo que
enviaron en el mes de marzo al Ejecutivo. Lo
distinto es que el de ahora es “más liviano”
y que los temas no resueltos serán parte de
los reglamentos internos de la Universidad.
Sobre este tema, el Rector Correa expresa
que, tras el proceso de diálogo que se dio
con el Ministerio de Educación, donde se les
solicitaron cambios que a él no le parecie-
ron adecuados, lograron un acuerdo para su
presentación definitiva. “Ellos querían tener
cierto alineamiento de los Estatutos con lo
que es la Reforma a la Educación Superior.
Algunos puntos de la Reforma que a mí no
me gustaban, pero no iba a armar un escán-
dalo por algo que no me parecía de la máxi-
ma importancia”.
Dentro de estos temas, el Rector plantea que
le pareció excesivo el número de representan-
tes del gobierno en el Consejo Superior (recor-
demos que este se compone de 4 miembros
del Gobierno, 4 de la universidad y el Rector),
lo cual le “parece gravísimo” a Correa, al igual
que al resto de las instituciones estatales.
Otro de los puntos dice relación con que, mien-
tras estuvieran bajo la tutela de la Universidad
de Chile, la institución no tuviera que acreditar-
se para recibir el mismo trato que el resto de las
entidades estatales. “Me parece muy grave que
esto no haya quedado en los Estatutos”, indicó
Rafael Correa, quien añadió que hubo otros te-
mas secundarios sobre administración universi-
taria y exenciones tributarias.
Pese a ello, indica que están a la espera de los
Estatutos definitivos visados por Contraloría,
donde ingresaron hace ya casi dos meses,
pues falta muy poco tiempo para que co-
miencen las clases y los términos legales son
importantes para el futuro de las nuevas uni-
versidades del Estado.
“Autonomíauniversitaria
y reforma a la educación
superior”
Han pasado casi tres meses desde que la bu-
llada remoción de la Prof. Roxana Pey como
Rectora de la Universidad de Aysén pusiera en
evidencia otro de los límites del proyecto de
Reforma a la Educación Superior, esta vez en
cuanto a la manera de entender su autonomía,
misión y relación con las comunidades locales.
Del destino final del proyecto de estatutos de
dicha universidad nada hemos sabido. De lo
que sí es que, desde ese entonces hasta ahora,
la mencionada propuesta del Ejecutivo para
las universidades estatales mantiene un mo-
delo que consagra la injerencia de los gobier-
nos en las universidades estatales a través de
la designación de cuatro de los nueve miem-
bros de sus consejos directivos (art. 149-153).
Tanto los rectores del CUECH, representantes
estudiantiles, académicos y otros organismos
colegiados han señalado el peligro del inter-
vencionismo de los gobiernos de turno en los
destinos de estos planteles. Todas las voces
coinciden en el principio de autogobierno y la
autonomía de las casas de estudios estatales
respecto de los poderes políticos externos. Y
ello por cuanto se trata de un principio que no
es antojadizo y se entiende en el marco de la
historia de las luchas universitarias del siglo
XX en América Latina por garantizar la pro-
ducción de saberes sin la presión o interven-
ción de poderes externos: políticos, religiosos,
administrativos y económicos. Así, histórica-
mente, los movimientos pro reforma latinoa-
mericanos se plantearon la autonomía como
un elemento esencial a la producción de pen-
samiento y conocimientos críticos puestos
al servicio y disposición de la sociedad en su
conjunto.
Las luchas hoy por un gobierno universitario
democrático y representativo de todos los es-
tamentos al interior de la universidad, aquellas
que exigen la presencia de las comunidades
en sus decisiones estratégicas y la exigencia
de un financiamiento pleno por parte del Es-
tado para otorgar educación de alta calidad
con gratuidad, sin someter su misión a las pre-
siones del autofinanciamiento y del mercado,
son las luchas actuales por la autonomía. Ellas
expresan también hoy, de manera fundamen-
tal, y por sobre el problema jurídico, el sentido
de su rol público. Por eso, aunque financiadas
por el Estado, son universidades sin dueño al
servicio de sus pueblos. De eso se trata la au-
tonomía, desde el grito de Córdoba hasta hoy.
La autonomía, concebida desde este princi-
pio, permite no sólo legitimar a la universi-
dad en el debate público. Por el contrario, un
gobierno concebido desde su exterior –he-
terónomo- corre el riesgo de subordinar su
quehacer a la presión de lógicas externas a
su misión fundamental y, con ello, hipoteca la
significación de su presencia y vínculo con los
intereses colectivos de la sociedad.
Prof. María Eugenia Domínguez, Senadora Universitaria