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PROPUESTA DEL

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2. Diagnóstico

Como lo sostiene un amplio consenso entre los especialistas, desde hace ya

varias décadas, la oferta de carreras por parte de las Instituciones de Educación

Superior (IES) chilenas ha estado supeditada, fundamentalmente, por intereses

de mercado. En este sentido, la oferta de carreras profesionales tradicionales,

con réditos económicos para la mayoría de las instituciones privadas que las im-

parten, se han impuesto a las necesidades del país en su conjunto.

En Chile existen, desde el punto de vista administrativo, cuatro tipos distintos

de IES: universidades (60), institutos profesionales (43), centros de formación

técnica (60) y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden (5). Las uni-

versidades, debido tanto a las leyes de financiamiento de la década de los 50,

así como también a los distintos Decretos con Fuerza de Ley (números 1, 2, 3, 4

y 5 del régimen militar, todos con vigencia a partir de 1981) y derivados del De-

creto Ley Nº 3.541 (promulgado el 12 de diciembre de 1980) mediante el cual se

reestructuraron todas las universidades del país, forman actualmente un grupo

heterogéneo. En él se pueden distinguir las universidades estatales (16), las uni-

versidades privadas creadas o amparadas por leyes específicas y cuya creación

data de antes de 1981 (9) y un gran universo de universidades creadas bajo el

alero de los decretos con fuerza de ley anteriormente aludidos y demás normas

pertinentes (60, aunque sólo hay 35 en operación). Este grupo heterogéneo tan-

to en su origen como en su misión institucional, conforma un universo de 168 IES

(Tabla 1).

El Estado, a través del MINEDUC, canaliza recursos principalmente a los estu-

diantes, en forma de becas y créditos, y a las IES. En el año 2014, las ayudas a

los estudiantes (financiamiento a la demanda) fue de 1.000.000 millones de pe-

sos (72%) y de 400.000 millones a las instituciones (28%). Cabe resaltar que en

1990 los recursos fueron destinados directamente a las instituciones en un 76%

y sólo en un 24% a los estudiantes. En 25 años la situación se revirtió. Esto es el

resultado de una política de Estado que ha consistido en aumentar constante-

mente el financiamiento individual en desmedro del financiamiento estructural.

La creación desregulada de nuevas IES, inspiradas y materializadas como parte de

un “sistema de mercado de Educación Superior”, ha significado un crecimiento

explosivo de cobertura, que no ha podido garantizar ni calidad ni equidad en la