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UNIVERSIDAD DE CHILE
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Pero incluso viéndolo desde esta última perspectiva, el pro-
yecto de ley sigue quedando corto, pues no se hace cargo
de aquellas de miles de mujeres que viven sus abortos en
la clandestinidad y que poco tienen que ver con un abor-
to terapéutico. De hecho, se estima que este proyecto sólo
abordaría un 3 por ciento de la cantidad real de abortos que
se aplican en Chile, cifra difícil de comprobar por la realiza-
ción clandestina de éstos. Pero lo que sí es fácil de aseverar
es que ni siquiera desde el punto de la salud pública estaría
respondiendo en su totalidad. El uso del Misopostrol, por
ejemplo, no se aborda.
Los y las autonomistas vemos en esta discusión una disputa
política importante, pues la pelea que se da a la hora de
discutir sobre aborto no es una discusión de hechos, sino
de derecho. Es la clara necesidad de ampliar la discusión de
los derechos para aquellas que históricamente hemos sido
excluidas y oprimidas por la sociedad, incluso dentro de los
espacios domésticos, es decir, las mujeres.
LEGISLACIÓN EN POSITIVO
Lamentablemente el proyecto que plantea el gobierno no per-
mite establecer una discusión de estas características, pues
queda corto cuando se limita a discutir sobre tres causales
específicas y habla sólo de despenalización y no de legislación
en positivo. En este sentido, considerando el escenario políti-
co en el que nos encontramos, un proyecto más general sobre
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, habría sido
un avance real respecto a la libertad reproductiva.
Esto además poco tiene sobre autonomía de las mujeres o
derecho a decidir, pues la intermediación de médicos limita
aquella decisión; la inviabilidad del feto y peligro de vida de
la mujer tienen poco de decisión, ya que es elegir entre la
vida o la muerte. La causal de violación es la única que se le
acerca medianamente.
Discutir de aborto y derechos de las mujeres es finalmen-
te hacernos cargo de que la diferencia sexual devenga en
desigualdad social, donde nos han destinado a las mujeres
a una suerte de minoría de edad que nos niega como suje-
tos políticos, coartándonos la ciudadanía y una democracia
plena que incluya nuestra autonomía. Es entonces poner en
juego el nivel de tolerancia que tiene la sociedad para in-
cluirnos como sujetas de derechos. Esto cuestionando el rol
socialmente impuesto que se nos entrega, donde ser repro-
ductoras implica llevar una carga de por vida -en el caso que
no se desee-, sólo por el hecho de ser mujer, considerando
que poco se habla del aborto masculino cuando se descono-
ce la paternidad.
Es en definitiva una discusión sobre la sociedad que quere-
mos y ojalá fuera un debate amplio y no sólo una demanda
de las mujeres. Esto debiese ser apoyado por todos y todas
quienes se dicen defensores de la democracia.
Sobre el proyecto en particular, lo vemos con sentimientos
encontrados, porque si bien no avanza lo que nos gustaría
que avanzara y puede ser una forma de cerrar la discusión
y el conflicto sobre derechos de las mujeres, como mujeres
y feministas no podemos oponernos a él, pues la reposición
del aborto terapéutico como forma de resguardar la vida y
salud de las mujeres abre un camino necesario para cons-
truir un nuevo escenario donde la decisión de abortar deje
de ser criminalizada como lo es hasta hoy.
Discutir de aborto y derechos de las mujeres es finalmente hacernos cargo de que
la diferencia sexual devenga en desigualdad social, donde nos han destinado a las
mujeres a una suerte de minoría de edad que nos niega como sujetos políticos,
coartándonos la ciudadanía y una democracia plena que incluya nuestra autonomía.